La Fiscalía peruana acusa al jefe del Estado, Pedro Castillo, de liderar una trama de corrupción y tráfico de influencias en el Ejecutivo a la hora de contratar empresas para obras públicas y el martes estrechó el cerco en torno a él al allanar la vivienda de una de sus hermanas y presentar una denuncia constitucional el su contra. Castillo, que denunció un «golpe de Estado», dijo ser víctima de una «persecución política». 

La jornada del martes arrancó con varios allanamientos en las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular, apodados como «Los Niños» e investigados por sus presuntos vínculos con la supuesta organización criminal que, según la tesis del Ministerio Público, encabeza Castillo en su Gobierno.

En simultáneo, el personal de la Fiscalía, con apoyo de un equipo especial de la Policía, allanó la casa de una hermana del gobernante, donde se encontraba su madre, Mavila Terrones, quien tuvo que ser hospitalizada por presentar problemas de salud durante las diligencias.

«Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre», espetó en un tuit Castillo.

Los allanamientos, que tuvieron lugar mientras la prensa local revelaba una serie de acusaciones contra el presidente por parte de supuestos colaboradores de la Justicia, se saldaron con la detención preliminar por un plazo de diez días de cinco integrantes de un grupo de exasesores del Ejecutivo.

Los cinco están siendo investigados por su presunto rol en la supuesta red corrupta que, según la Fiscalía, lidera el mandatario para obtener ganancias de la licitación fraudulenta de obras públicas.

La denuncia constitucional

Horas después, la tensión se recrudeció cuando el Ministerio Público anunció a través de Twitter que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, había presentado en el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.

También por delitos contra la Administración pública en la modalidad tráfico de influencias agravado y como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión (fraude).

Inmediatamente después, Benavides ofreció una conferencia virtual para justificar su decisión aludiendo al hallazgo durante las diligencias practicadas por la mañana de «muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas».

La fiscal fue enfática al afirmar que esta red corrupta está «presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones», e integrada por varios exministros.

Con la remisión de la denuncia constitucional contra Castillo al Parlamento, ahora queda en manos del Legislativo el avance de un trámite que, de pasar todas sus etapas legales, podría resolverse con una votación en el pleno sobre una eventual suspensión del mandatario, quien en sus quince meses de gestión ha sobrevivido a dos intentos de destitución impulsados por la oposición de derechas, que domina la Cámara.

Castillo denuncia un «golpe de Estado»

Tras conocerse la denuncia, que la defensa del mandatario ya ha avanzado que intentará revertir con acciones legales, Castillo convocó, en un acto inédito, a la prensa extranjera en el Palacio de Gobierno, donde aseguró que «hoy se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú».

El mandatario negó «rotundamente las acusaciones», dijo que no tienen pruebas en su contra y condenó el trabajo de la Fiscalía, a la que acusó de actuar «políticamente».

Asimismo, aseguró que no va a pedir asilo o abandonar su país y reiteró que está siendo víctima de «persecución política», pero que él se mantendrá «en pie y firme» hasta el final de su mandato, que en principio se extiende hasta 2016.

Seis investigaciones y una inmunidad

Hasta el momento, Castillo tiene seis investigaciones de la Fiscalía pendientes, todo un récord para el presidente que lleva 15 meses en el cargo. Cinco de ellas, a cargo de la fiscal Benavides, están vinculadas a hechos relacionados a su Gobierno, mientras que la última está en manos del Ministerio Público de la norteña región de La Libertad, que lo investiga por supuesto plagio en la tesis de máster que realizó junto a la primera dama, Lilia Paredes.

Benavides denunció una «constante y feroz obstrucción a la Justicia desplegada por la presunta organización criminal, aprovechando todo el poder que les da el estar en el Gobierno».