La confirmación, primero en una entrevista a la ministra de de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en el diario estadounidense “Político”, y luego por fuentes oficiales del Ejecutivo, de que el Estado español va a iniciar el procedimiento para retirarse del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), ha sido celebrado por organismos ecologistas y ha servido para volver a poner el foco en este mecanismo, diseñado a finales del siglo pasado para proteger inversiones en infraestructuras energéticas –sobre todo fósiles– y que ha sido utilizado para obstaculizar avances legislativos en materia medioambiental.

Y es que el TCE, en vigor desde 1998 y suscrito por más de cincuenta países europeos y asiáticos, permite que compañías multinacionales e inversores puedan demandar a los Estados si consideran que estos han legislado en contra de sus intereses económicos.

En esos casos se abre un arbitraje entre partes a través de un sistema de tribunales privados, conocido como ISDS, que tiende a fallar a favor de los intereses empresariales.

De este modo, el Estado español, por ejemplo, que tiene medio centenar de querellas interpuestas –es el más demandado– que le enfrentan a multas por valor de más de 10.000 millones de euros, ya ha perdido en una veintena de litigios y deberá compensar a varias multinacionales con más de mil millones de euros.

El TCE ha sido calificado recientemente por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) como «un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático», y dada su incompatibilidad con los objetivos del Acuerdo de París y otras políticas para hacer frente a la crisis climática, hace más de cuatro años los países miembros iniciaron un proceso para «modernizarlo».

Un acuerdo «inaceptable»

Las negociaciones culminaron el 22 de junio con la adopción de un acuerdo preliminar que, como recordaba ayer Ecologistas en Acción, fue calificado de «insuficiente» e «inaceptable» por las organizaciones contrarias a los Tratados de Comercio e Inversión.

Lamentaron entonces que «las inversiones en combustibles fósiles seguirán protegidas de forma indefinida en gran número de países», y que en la UE y el Reino Unido «la protección a las inversiones fósiles se eliminará de forma gradual pero a un ritmo demasiado lento», de modo que «la UE ha fracasado en su objetivo de compatibilizar el TCE con el Acuerdo de París y el Acuerdo Verde Europeo».

Sobre este mismo asunto, critican que las inversiones existentes seguirán protegidas al menos hasta 2033 –aunque posiblemente la protección dure más tiempo–, «que es precisamente el periodo crucial para la implementación de medidas a favor de la transición energética». Respecto a las nuevas, algunas inversiones en gasoductos y centrales eléctricas de gas quedarán protegidas hasta 2030 o 2040.

Teniendo en cuenta que estas son «las áreas en las que se esperan inversiones masivas en la próxima década», estos grupos auguran que el riesgo de demandas aumentará.

Como tercer punto a rechazar, señalan que la cobertura de protección del Tratado se amplía a nuevas nuevas fuentes de energía y tecnologías que no están protegidas hoy día, como el hidrógeno, la biomasa, el biogás, los combustibles sintéticos y la captura y almacenamiento de carbono, y valoraron que «esta inclusión hace que el acuerdo sea más peligroso ya que aumenta la posibilidad de que los Estados sean demandados, en lugar de mitigar sus riesgos».

Además, el nuevo acuerdo tampoco modifica el sistema de arbitraje, de modo que «seguirá contradiciendo la legislación de la UE y permitiendo que inversores extranjeros puedan demandar a los países por sus medidas para impulsar una transición energética justa».

Y por si esto fuera poco, la cláusula de supervivencia que contiene el Tratado, que permite que los países sean demandados durante 20 años más después de que se efectúe la salida, tampoco se reduce.

Salida coordinada

Partiendo de esta lectura sumamente crítica del Tratado, en su formulación original y en la renovada, es lógico que los organismos de defensa climática y medioambiental del Estado se felicitaran ayer por la decisión del Ejecutivo. Esta, sin embargo, no es sorprendente, ya que la propia Ribera había pedido hace meses «una salida coordinada» del TCE por parte de la UE y sus Estados miembros.

Por el momento Italia es el único país de la Unión Europea que no forma parte del Tratado, dado que lo abandonó en 2016, pero a finales de este mismo mes, en el Consejo Europeo, los países deberán posicionarse a favor o en contra del TCE «modernizado».

Ecologistas en Acción confiaba ayer en que si otros países optan por salir se pueda lograr un bloque minoritario que ponga freno a la renovación, ya que se exige una mayoría cualificada para poder dar luz verde al nuevo texto antes de proceder a su ratificación final en la Conferencia de Mongolia el 22 de noviembre.

En una nota de prensa, la portavoz del organismo ecologista Marta García Pallarés declaró que este es un momento «extremadamente crítico» en el que se necesitan medidas «valientes». «Lo celebramos. Ahora es crucial que más países sigan el camino iniciado por España; es sencillamente vergonzoso que los países de la UE acudan a la COP 27 en Egipto prometiendo reducir las emisiones, mientras continúa en un tratado que solo en Europa protege infraestructura fósil por valor de más de 340.000 millones de euros», expuso a este respecto.

Decisiones del TJUE

Al margen de la decisión que puedan adoptar el resto de los gobiernos europeos en las próximas semanas, el marco normativo impuesto por el TCE recibió hace apenas un año un varapalo cuando el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dictaminó que las disputas intracomunitarias basadas en el Tratado son incompatibles con la legislación de la Unión Europea.

Aquella decisión implicaba la ilegalidad de los procesos abiertos entre un inversor de la UE y un estado miembro de la Unión basadas en el Tratado, y llegó después de que, en 2018, el TJUE ya hubiera decretado, a través de la llamada “sentencia Achmea”, que las normas ISDS de los Tratados Bilaterales de Inversión entre estados de la UE eran incompatibles con la legislación comunitaria, al vulnerar el poder de los tribunales de la UE.

Esos fallos fueron un acicate para quienes buscan acabar con el TCE, algo que un abandono más o menos generalizado por parte de los países de la UE podría certificar. Para Clàudia Custodio, también portavoz de Ecologistas en Acción y de la campaña No a los TCI, «si bien la salida del TCE no conduce automáticamente a una transición energética justa, es un paso necesario que despejará el camino hacia el abandono de la economía fósil».

Con todo, quedan semanas hasta conocer la posición de los países, y quienes defienden el TCE no van a estar quietos.