La comisión que reconocerá a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en Nafarroa ha arrancado su andadura este viernes sin representantes de esta institución, que ha rechazado la invitación a sumarse a este organismo.

El Palacio de Nafarroa ha acogido, bajo la presidencia del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, la sesión constitutiva de la comisión, que está integrada por personas designadas por el Parlamento, el Gobierno y asociaciones de víctimas.

En concreto, la integran Ana Carmona Juanmartiñena y Esther Aldave Monreal, a propuesta del Parlamento; Mikel Lizarraga Rada y José Antonio Echauri Tijeras, en representación de las asociaciones de víctimas de abusos sexuales; Mikel Córdoba Gavín y Camino Bueno Zamarbide, a propuesta del Gobierno, e Izaskun Gartzaron Zudaire, jefa de la sección de Atención a las Víctimas del Delito de Nafarroa, que ejercerá como secretaria de la comisión.

Momentos antes, en declaraciones a los medios de comunicación, el consejero ha explicado que esta primera sesión tiene como finalidad, además de conocerse, determinar la organización y la forma de funcionamiento.

«Se trata de sentar las bases organizativas, de cómo va a funcionar la comisión de asistencia a las víctimas y empezar este trabajo del que tanto hemos oído hablar y que felizmente se va a materializar», ha sostenido.

Esto, ha subrayado, es «legislación internacional de derechos humanos, justicia, verdad, memoria, reparación y garantías de no repetición».

Las víctimas, ha explicado, se pueden dirigir a la Oficina de Víctimas del Gobierno de Nafarroa, donde se atenderán sus solicitudes, que luego pasarán a esta comisión, que será la encargada de instruir el procedimiento y hacer la valoración para que haya una resolución administrativa que les pueda reconocer como víctima.

«El proceso no se sustenta sobre la nada», ha señalado Santos, quien ha comentado que hay casos sobre la mesa y recordado, en ese sentido, que un informe de la Universidad Pública de Nafarroa ya detectó sesenta y posteriormente se han conocido otros, a través de personas que han acudido a la oficina o de manera más informal.

Con todo esto, ha remarcado, lo que se pretende es arbitrar un procedimiento reglado para que quien quiera ver reconocida su situación, lo pueda hacer mediante un proceso administrativo y de una manera reglada.

Al respecto, ha puntualizado que el proceso puede ser «totalmente confidencial», las propias víctimas pueden solicitar el reconocimiento sin que se haga público ni su nombre ni la situación que vivieron.

«Desde el punto de vista de la Administración, era necesario hacer esto. Ahora depende de cada persona», ha aseverado el consejero, quien ha insistido en que «lo que tiene que arbitrar una Administración pública son los mecanismos para que las víctimas vean reconocido el daño sufrido».

Ha reconocido que «no tiene componente punitivo, porque no lo puede tener», ya que la justicia «no puede entrar». Pero desde la Administración, «no se puede mirar hacia otro lado ante procesos que sabemos que existieron y que han dejado un reguero de víctimas muy importante, con lo que supone de dolor».

Ante eso, ha continuado, «algo hay que hacer, como mínimo, escucha, empatía y reconocérselo a las víctimas que quieran y eso constituye un elemento importante para una reparación, aunque sea simbólica», pero, ha asegurado, muy importante para unas víctimas a las que ese reconocimiento, «después de muchos años de silencio, les cambia la manera de estar en la sociedad y de sentirse acogidos».