Un proyecto de ley presentado en el Congreso colombiano buscaba prohibir a dos años corridas de toros, novilladas, becerradas, tientas, rejoneo, corralejas y peleas de gallos, siete espectáculos que «con excepciones dentro del Estatuto Nacional de Protección a Animales» y que, según la Corte Constitucional, «son manifestaciones culturales crueles», explica a Efe la senadora Andrea Padilla, autora de la iniciativa.

Finalmente, las corralejas –«fiesta» taurina– han quedado fuera, mientras que al resto se le dará una «adaptación» de tres años durante los cuales el Gobierno debe identificar a los sectores que dependen de estos espectáculos y ofrecerles alternativas, según el proyecto aprobado en primer debate.

En esos tres años se podrían celebrar los espectáculos pero «cumpliendo las condiciones de la Corte», que elimina «las conductas especialmente crueles con los animales», y solo en municipios donde haya tradición en fechas concretas, sin recursos del Estado, especifica Padilla.

Todo esto sin objetos cortopunzantes, sin matar a los animales, sin ingreso de niños ni bebidas alcohólicas y pagando impuestos.

Además del maltrato, otro reproche a la industria gallera es que no paga impuestos y que las apuestas no están reguladas. La Federación Nacional de la Gallística Colombiana (Fenagacol), que agrupa a 26 asociaciones, contradice esta posición.

Según el presidente de Fenagacol, Olimpo Oliver, están haciendo «todo el proceso de regularización y legalización de muchos aspectos que hoy están en la economía informal», y añade que las apuestas en los gallos no son un juego de azar y, por lo tanto, no rinden cuentas.

Padilla también cuestiona la seguridad de los asistentes a estos espectáculos, pues las construcciones de las corralejas, por ejemplo, son precarias. En junio pasado, cinco personas murieron y centenares quedaron heridas al derrumbarse una gradería en Espinal (Tolima).

«Cultura» y maltrato

Las galleras no son exactamente un cuadrilátero, sino más bien un círculo en el que los aficionados a las riñas se reúnen para apostar, beber y jugar.

Si en algo coinciden los asistentes es de dónde les viene la afición: es algo heredado de sus padres, pero no están seguros de que lo vayan a heredar sus hijos. Las peleas de gallos no convencen a los más jóvenes y eso es palpable en las galleras, donde la media de edad sobrepasa los 40 años, hombres en su mayoría.

Ese un argumento recurrente de los aficionados. Se trata de algo «cultural» que ha pasado de generación en generación y forma parte de la sociedad hasta el punto de que «el gallo evolucionó como especie para el combate, y no hay peor maltrato animal que tratar de cambiar el comportamiento natural de las especies», explica Carlos Mario Isaza.

Para los galleros, no existe maltrato animal porque los gallos están muy bien cuidados y solo pelean porque es su «naturaleza». Las heridas o incluso muertes que se puedan producir son parte de la vida del gallo, insisten.

Industria gallera

Los gallos generan 280.000 empleos directos e indirectos y existen en Colombia unas 10.200 galleras, según Fenagacol. «Consumimos 21.500 toneladas mensuales de granos, llevamos a los espectáculos aproximadamente 550.000 personas semanales. La afición más grande que haya en Colombia», afirma Oliver.

En productos para los gallos invierten mensualmente unos 21.500 millones de pesos (unos 4,4 millones de dólares). «Es una gran economía que mueve casi cuatro billones de pesos al año (unos 820 millones de dólares)» añade.

Padilla, no obstante, afirma que «todo es especulación», que «no se sabe la realidad de las cifras».

Los galleros no solo defienden el empleo y los beneficios económicos de esta actividad, también cuestionan el futuro de los gallos si se prohíben las riñas, argumento al que siempre recurren, por ejemplo, los aficionados taurinos.

«¿Qué va a pasar con los seis millones y medio de aves? ¿Dónde los van a acomodar?», ya que «para eso se necesitan 1.600 hectáreas y 30.000 empleos» para que los cuiden, explica a Efe Hugo García, directivo de Fenagacol, quien pregunta si van a «sacrificar las aves».

García asegura que, de haber aprobación, el cambio «le va a costar al Gobierno más o menos tres billones de pesos (unos 615 millones de dólares)», y una cantidad similar en indemnizaciones a 290.000 personas.

Su llamado es a los senadores para que no aprueben un proyecto basado en «utopías» y teniendo en cuenta «el dinero para las aves y para las indemnizaciones».