«Te timan a la cara en las licitaciones públicas, no te enteras. Luego te avisan de que te han estado todos estos años timando y no haces nada. Curioso». Es el resumen que el parlamentario de EH Bildu, Josu Estarrona, ha hecho en la Cámara autonómica de la actitud del Gobierno de Lakua y de los grupos que lo sustentan, PNV y PSE, ante el caso del grupo de constructoras, que se autodenominaban G7, y que durante 25 años estuvieron acordando entre ellas el reparto de los contratos públicos, según resolución de la Comisión Nacional española del Mercado y la Competencia, que los multó con 203,6 millones de euros.

Varios de los contratos detectados por la CNMC afectan a obras públicas de la CAV. Cuatro están relacionadas con la obra de la Supersur, de la Diputación de Bizkaia, otra es del Consorcio de Aguas de Bizkaia, una más de la Diputación de Gipuzkoa y dos dependen del Gobierno de Lakua. Josu Estarrona ha explicado desde la tribuna que el propio informe señala que no es una relación exhaustiva.

Además, esas empresas han participado en 15 de los 17 tramos de la construcción de la ‘Y vasca’. Estarrona ha destacado que la multa total que han recibido «no llega a los 204 millones de euros». Solo por esa obra se han repartido más de 1.500 millones. De ahí que el parlamentario haya denunciado que la corrupción «les sale barata» a esas empresas.

Ante esta situación, EH Bildu ha defendido que el Parlamento condene esta corrupción, que el Gobierno de Lakua, en colaboración con la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) examine el alcance del fraude y que ponga medidas para hacer frente a este tipo de abusos. Analizando incluso vías legales existentes para desde las propias instituciones vascas prohibir contratar con las empresas que actuaron ilegalmente.

PP+Cs, por un lado, y la coalición Elkarrekin Podemos-IU, por otro, han presentado enmiendas a esta propuesta. Pero todos los grupos de la oposición acababan coincidiendo en que, ya que la Administración autonómica ha sido víctima de esta práctica, realizara una «investigación independiente» o se la solicitara al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, para saber si era posible emprender algún tipo de actuación judicial o administrativa contra estas constructoras para exigir responsabilidades.

Ensuciar al Gobierno

Pero se han encontrado de frente con el voto en contra de PNV y PSE. La parlamentaria del PSE Sonia Pérez, que en 2019 fue consejera de Turismo, Comercio y Consumo, ha incidido en que «los hechos están claros y los perjuicios sobre la propia administración, también», pero ha respondido que ni el Gobierno ni la AVC han sido parte interesada del expediente, que el caso ha afectado a numerosas instituciones y que no se han puesto en duda los procesos de licitación. Y ha denunciado que la solicitud de investigaciones pretende «corresponsabilizar a las instituciones» de lo ocurrido.

La jeltzale Itxaso Berrojalbiz ha sido más dura en la acusación de que lo que EH Bildu pretende con estas iniciativas es embarrar el terreno y sembrar sospechas de que hay irregularidades para señalar al Gobierno y manchar su nombre. La parlamentaria del PNV ha mostrado el desconcierto de su grupo de porque la «izquierda transformadora» se muestre tan preocupada por el buen funcionamiento del libre mercado capitalista. Y, más en concreto, de que a una formación abertzale le inquiete tanto una resolución de una institución española y no se le conozca ninguna iniciativa sobre esta cuestión en las Cortes.

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona le ha explicado a la portavoz jeltzale que «nos preocupa mucho qué uso se hace de los recursos públicos. Y, por lo tanto, si hemos sido ‘paganos’, como usted ha denominado, ‘víctimas’ como la señora Pérez ha denominado, queremos saber hasta qué punto lo hemos sido y queremos que se haga un análisis y saber cuántos miles de euros nos han podido robar este cártel de empresas».

Ha añadido Josu Estarrona que si las iniciativas se presentan en el Parlamento de Gasteiz es porque su grupo quiere saber cómo ha podido incidir este tema en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Finalmente, PNV y PSE, que no habían presentado ninguna alternativa, han votado en contra de todas las solicitudes de investigación y actuación propuestas por los grupos de la oposición.