Esta semana, el Gobierno de Nayib Bukele no envió un representante para responder a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), para verificar las múltiples denuncias de distintas entidades independientes sobre los abusos cometidos por agentes del Estado salvadoreño en el marco del «régimen de excepción» que el Ejecutivo de ese país estableció en marzo pasado.

Este hecho ocurrió el martes pasado y la CIDH expresó que «lamenta profundamente la declinación» del Gobierno salvadoreño de defenderse ante las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y represión por parte de Amnistía Internacional y cinco ONG de El Salvador, que habían solicitado a la CIDH esta audiencia.

Las organizaciones han documentado al menos 4.071 casos de violaciones de derechos humanos, entre ellas la muerte de al menos 80 personas en prisión, al parecer, víctimas de torturas y otras agresiones. Hasta la fecha se han producido 55.000 detenciones bajo el estado de excepción (en solo siete meses), de las cuales solo se ha liberado a un 2% del total. El resto sigue en prisión provisional.

En este contexto, una misión de representantes de organizaciones de la sociedad civil llegaron en días pasados al Estado español, para realizar una primera parada, y luego seguir a Bruselas. En Madrid se reunieron con una funcionaria del área de Cooperación del Gobierno y con diputados del PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu y PNV. En la capital belga fueron recibidos por la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.

Durante su estancia en Madrid, en entrevista a GARA, Azucena Ortíz y Jason García Guzmán explicaron la grave situación por la que atraviesa El Salvador y la conculcación de derechos fundamentales que el Ejecutivo va ejerciendo, sin miras de solución a corto plazo.

Es necesario entender el momento político que vive El Salvador, esta nación centroamericana cuya economía está dolarizada desde hace dos décadas y los envíos de dinero de su población exterior representan el 24% del PIB (la abrumadora mayoría desde Estados Unidos).

Con un tamaño pequeño (es menos de tres veces el tamaño de la CAV) y 6,5 millones de habitantes, encontró la estabilidad política hace treinta años, con los Acuerdos de Chapultepec de 1992, que fueron un final consensuado del conflicto entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Así las cosas, en 2019 fue la primera vez que surgió de las urnas un gobierno que no era parte del bipartidismo de ARENA (derecha conservadora y liberal en lo económico) y del FMLN. El joven que prometía muchos cambios y una lucha sin cuartel contra la corrupción y las Maras (las pandillas) se llamaba Nayib Bukele, que con 37 años arrasó en los comicios con el 53%, destronando al FMLN.

Pero fue en 2021 cuando Bukele consolidó su poder de manera notable en las elecciones parlamentarias, en las que su partido Nuevas Ideas arrasó con el 66% de los votos y se quedó con 56 escaños (la mayoría son 43). Sumando a los aliados de Gana y PCN, controla dos tercios de la Asamblea Nacional.

Esta revalidación electoral y el control absoluto del Poder Legislativo llevaron a una radicalización en las políticas de Bukele, quien en los trágicos sucesos de marzo encontró la excusa necesaria para implantar el régimen de excepción (llamado así por él mismo). Lo de marzo fue que en un solo día se registraron 62 muertes, la cifra en un solo día más letal del siglo, aunque la jornada de asesinatos desatada por las pandillas sumó más de 80 cadáveres en tres días en un país con menos población que Catalunya.

El estupor social provocado por ello fue el guiño que utilizó Bukele para reforzar su llamado Plan de Control Territorial, que lleva a la práctica desde que llegó al poder. El régimen de excepción es una nueva fase en la que se limitan las movilizaciones cívicas, se prohíbe el derecho de reunión en las comunidades en las que presuntamente las Maras causan más estragos y se permiten detenciones arbitrarias anulando la obligación de liberar a detenidos sin pruebas a las 72 horas.

La ofensiva no es sólo formal y legislativa sino también desde lo cotidiano. Bukele y los altos cargos de la Administración central suelen hacer «campañas de desinformación, amenazas y agresiones» contra las organizaciones de la sociedad civil y los opositores que denuncian la represión, explica Azucena Ortíz.

«Lo hacen para desmotivar a las personas que se quieren movilizar, estamos perdiendo la libertad de expresión», añade. Ortíz es una activista feminista y directora de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Montes y participa en redes de ONG feministas y por los DDHH. En su habitación del hostal donde se hospedan, cerca de la estación de Atocha, comenta que el objetivo de su llegada a Europa es represntar «a amplias alianzas de la sociedad civil salvadoreña para expresar el retroceso en los derechos humanos», además del «cierre de los espacios de participación política» a las organizaciones sociales.

Según relata, desde su llegada al poder, el Gobierno de Bukele ha ido gradualmente bloqueando y cancelando los encuentros con los movimientos sociales, acusándolos muchas veces de estar vinculados al FMLN. «La interlocución que había para plantear a las autoridades las demandas y necesidades que enfrenta la población ya no existe», señala, y asegura que es parte de un castigo oficial por hacer denuncias públicas por las presuntas violaciones de los derechos humanos y la «pérdida del estado democrático que se venía construyendo por años».

Censura informativa

El cerrojo también alcanza a la información: «El Gobierno aprobó lo que llamamos la ley Mordaza, que prohíbe a los periodistas tratar temas relacionados con las pandillas o lo que consideren las autoridades que tiene que ver con seguridad ciudadana. Por eso los periódicos casi ya no publican temas de segurida», señala Jason García Guzmán, un activista de 25 años, egresado universitario que conduce la organización juvenil Plataforma Global El Salvador.

«Se ha cerrado el acceso a la información pública, por ejemplo datos básicos como el gasto público del Gobierno ya no se informa, esto es un proceso que comenzó en 2019. Muchas veces dicen que tal información no puede darse porque es reservada», agrega.

«La estrategia de comunicación de Bukele es bastante similar a la de Donald Trump, utiliza Twitter para atacar a periodistas y a movimientos sociales y los cargos de su partido y gobierno hacen lo mismo, también en ruedas de prensa», lamenta, además de añadir que se han clausurado dos programas de televisión de periodismo de investigación que denunciaban corrupción gubernamental.

Fosas comunes y torturas

Tanto García como Ortíz recuerdan las apariciones de fosas comunes clandestinas, antes y después del régimen de excepción. Las últimas y peores fueron en febrero la de Nuevo Cuscatlán, con 26 cadáveres sin identificar, y en donde se encontraron cuerpos de personas denunciadas como desaparecidas desde 2021. Otra fosa común con una treintena de cuerpos fue descubierta en mayo en la ciudad de Chalchuapa, a donde acudieron familiares a reconocer cuerpos.

Ambos aseguran que el Gobierno miente al decir que esas fosas, y todas las demás muertes, son únicamente producto de la «ctividad pandilleril», sino que tienen que ver con la represión. «Hay mucha estigmatización de las regiones más pobres del país, con más campesinos o indígenas, en donde la represión se ceba más. Y la PNC (Policía Nacional Civil) y las Fuerzas Armadas detienen muchas veces a gente que solo por el hecho de tener un tatuaje artístico es considerada miembro de la Salvatrucha  y muchos aseguran ser golpeados y maltratados en las comisarías», explica García.

También relata que los jóvenes universitarios que plantan cara al Gobierno de Bukele reciben presiones policiales y hay denuncias de que son buscados en sus domicilios particulares para hacerles pregunta o ser detenidos. «Muchos de los detenidos y de los muertos son mujeres y hombres jóvenes», lamenta.

A pesar de esto, el régimen de excepción cuenta con «mucho apoyo social, porque han bajado los homicidios, pero a costa de mucha injusticia», añade. Ortíz interviene y dice que hay muchas denuncias no hechas porque las víctimas, especialmente las mujere «no creen en las instituciones públicas, porque muchas denuncias acaban en la nada» y que por ello acaban acudiendo a las organizaciones sociales o a la Oficina de la Universidad Centroamericana, abierta para recibir denuncias de represión ilegal.

A la desconfianza no ayuda el hecho de que la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte salvadoreña fue intervenida por Bukele, echando a sus integrantes y ubicando allí a magistrados cercanos a él, algunos de ellos fueron los que fallaron a favor en la sentencia que habilita al presidente a buscar la reelección en 2024, algo que está prohibido por la Constitución

En este contexto, son «pocas» las esperanzas que tienen Ortíz y García de una mejora en el corto plazo. «Creo que seguirán con el régimen de excepción hasta que les convenga y el clima político seguirá deteriorándose. La esperanza la tenemos en las organizaciones civiles, nuestro amparo y nuestro refugio», concluye el joven.