Tras 12 años de litigio, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado parcialmente el recurso presentado por Aingeru Zudaire «en relación a la desestimación por silencio administrativo de reclamación de responsabilidad patrimonial dirigida al Ministerio del Interior, declarando el derecho de aquel al abono en tal concepto de la cantidad de 100.000 euros». 

Los hechos tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2012, cuando se sucedieron cargas policiales contra las miles de personas que acudieron al discurso principal en el Paseo Sarasate de los sindicatos ELA y LAB en el contexto de una huelga general. 

Fue en esos incidentes desatados cuando Zudaire recibió el impacto de una pelota de goma en uno de los ojos, perdiendo el órgano a consecuencia de ello. Según relató, fue una bala de goma disparada sobre él a bocajarro en el mismo Paseo Sarasate y sin que el policía mantuviera la distancia obligatoria (menos de la mitad de lo reglamentado) ni hiciera a la pelota rebotar en ningún sitio. 

A partir de ahí, Zudaire inició una larguísima batalla judicial, que el afectado convirtió también en política, acudiendo al Parlamento y llevando a cabo una intensa campaña activista para la erradicación de este tipo de proyectiles. 

Polémica instrucción

La batalla, hasta el momento, ha estado llena de trabas y obstáculos. Los más graves los encontró en la propia Audiencia Provincial de la capital navarra. La propia instrucción, llevada a cabo por el juez Fermín Otamendi, resultó enormemente polémica. 

El postulado de este juez es que no cabía solicitar indemnización alguna al Ministerio, pues los incidentes habían tenido tal gravedad que el empleo de cualquier medio para sofocarlos estaba plenamente justificado. El juez, de hecho, llegó a observar que quien debiera cargar con la indemnización debieran ser los sindicatos convocantes de la huelga. La polémica por este razonamiento ocupó espacios en los informativos de todo el Estado. 

Posteriormente, este mismo juez sostuvo que las diligencias debían archivarse por haber sido incapaz el afectado de identificar al policía que disparó sobre él. A través de un recurso, Zudaire logró que su caso siguiera adelante. 

En 2019, Zudaire consiguió llegar su caso hasta una vista oral en el que un policía concreto declaró como presunto autor del disparo. El juez no encontró, sin embargo, pruebas suficientes para condenar al agente. 

No obstante, la sentencia emanada de ese juicio apuntaba claramente la responsabilidad del Estado en la pérdida completa de la visión en un ojo de Zudaire a consecuencia de una «pelota de goma» disparada por un agente que le causó «un traumatismo ocular con fractura orbitaria, edema corneal, hemovítreo, efusión uveal, iridodialisis y desprendimiento de retina postraumático, por el que precisó tratamiento médico, con la consiguiente pérdida total de la visión del ojo derecho».

Una vez aclarada la responsabilidad del Ministerio, quedaba determinar la cuantía de la indemnización. A esto responde la sentencia conocida hoy mismo.