Lakua presentará alegaciones contra el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gasteiz, que este lunes ordenó paralizar, de forma cautelar, el cierre del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital de Basurto, así como el traslado de su personal al Hospital de Cruces.

En su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, ha explicado que el Gabinete de Iñigo Urkullu defenderá en sus alegaciones una decisión que, al parecer, tenía el objetivo de «mejorar la asistencia a las personas necesitadas de esta cirugía».

«Es al Gobierno Vasco al que corresponde adoptar este tipo de decisiones desde el respeto al procedimiento establecido; Osakidetza es el ente competente para ordenar la salud en nuestra comunidad y la institución garante de los servicios que presta, así como de la salud y la vida de los vascos», ha manifestado.

Asimismo, Zupiria ha recordado que la decisión de concentrar la cirugía cardíaca «compleja» en Cruces responde a un proyecto que se inició la pasada legislatura, por lo que no es «fruto de ninguna improvisación».

En este sentido, ha dicho que el objetivo del Departamento de Salud con este proyecto es «garantizar la mejor asistencia sanitaria, planificando los recursos» de acuerdo al mejor modelo de servicio y «funcionando en red».

Y ha explicado que la concentración de esta especialidad en Cruces «responde a la evidencia científica» de que, cuanto mayor el es volumen de pacientes que se tratan con procedimientos de «alta complejidad, los resultados son mejores».

Cabe señalar que el portavoz no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que el juzgado no levante las medidas cautelares, aunque ha recordado que toda la planificación de las próximas semanas estaba marcada por la fecha de la unificación el 17 de noviembre próximo.

«Perjuicios irreparables»

El juzgado adoptó la «suspensión cautelar urgente», que estará vigente mientras se sustancia el procedimiento principal de demanda presentado por los médicos de Cardiología de Basurto, incidiendo en que, de no concederse, existirían «perjuicios irreparables tanto para los recurrentes como para terceros», en alusión a los pacientes.

Según se argumenta en el auto, si el servicio «se cierra y se desmonta, deja de existir» y si finalmente se admite la demanda en sentencia firme, «será poco menos que imposible volverlo a montar desde cero».

El auto añade que, además, el personal sanitario que trabaja actualmente en el servicio «integrará» otras unidades o habrá perdido actualización en la disciplina «porque la inexistencia de un plan de ordenación de recursos humanos» hace que los recurrentes «desconozcan cómo se les va a reasignar». «Se crearían situaciones jurídicas irreversibles que harían ineficaz la sentencia», indica.

Sin esta medida cautelar, una futura sentencia a favor de los demandantes también afectaría a la oferta docente y a los trabajos de investigación del citado servicio y este perjuicio «sería irreparable de manera económica».

La resolución también tiene en cuenta los «perjuicios» para los pacientes y cita a la Sociedad Española de Cardiología, que ha concluido que existe mayor mortalidad de pacientes cardíacos cuando ingresan en hospitales sin servicio de cirugía cardíaca.

«El interés general conduce en este caso, de forma indiciaria, a mantener los medios existentes y no cerrarlos, ni trasladarlos, ni refundirlos. El servicio debe considerarse desde su necesidad, antes que desde su eficiencia», manifiesta.

«No le corresponde»

Llama la atención la respuesta dada por el alcalde de Bilbo, Juan Mari Aburto, al auto judicial, ya que considera que el juzgado se pronuncia sobre el fondo del asunto, en alusión a la denuncia presentada por los facultativos, cuando «es algo que no le corresponde».

Desde el punto de vista jurídico, ha señalado que al auto le ha sorprendido. Tiene la sensación de que en el auto «más que hablar de unas medidas cautelarísimas», la jueza se está pronunciando «sobre el fondo del asunto, que es algo que no le corresponde en este momento».