El impulso por parte de los concejos alaveses de comunidades energéticas locales, como las puestas en marcha en Lasierra o Gaztelu, podría suponer «ilícitos penales, como prevaricación o malversación de caudales públicos». Así lo indica al menos la Diputación de Araba en un informe firmado por el director de Equilibrio Territorial, Jesús María Guinea, que llega a comparar la creación de las citadas comunidades con unas vacaciones pagadas a «todos los vecinos».

En una rueda de prensa ofrecida en la sede de las Juntas Generales, el portavoz de EH Bildu en la Cámara foral alavesa, Kike Fernández de Pinedo, ha recordado que medio centenar de entidades locales están dando pasos para formar nuevas comunidades energéticas, «pero se están encontrando con una dificultad inesperada, ya que es la propia Diputación la que está intentando torpedear la constitución de estas comunidades energéticas».

«Diputación, en lugar de apoyarles y utilizar los servicios jurídicos para tratar solventar los problemas, está poniendo zancadillas y todo tipo de dificultades para la constitución de estas comunidades, llegando incluso a coaccionar y amenazar», ha apuntado antes de alertar de que, además de enviar el informe citado al inicio del texto, representantes de Departamento de Equilibrio Territorial han acudido a reuniones vecinales «con malas formas».

«Nos parece gravísimo, porque una comunidad energética está enfocada al bien común y no tiene ánimo de lucro», ha aseverado antes de preguntar «cómo se puede acusar a los concejos de prevaricación o malversación de caudales públicos». «Esto es totalmente inadmisible, y nos parece que el tono y las formas utilizadas por Diputación no son aceptables», ha añadido, antes de indicar que la Cuadrilla de Gorbeialdea ha encargado un informe jurídico que «contradice totalmente» a la Diputación.

«Ordeno y mando»

El juntero soberanista ha indicado que el informe de Gorbeialdea avala la participación de los concejos en las comunidades energéticas, esgrimiendo que «los concejos pueden ceder bienes demaniales o patrimoniales a las comunidades energéticas para colocar instalaciones».«Esto hace que todavía sea más grave la forma de actuar del Departamento de Equilibrio Territorial y de la propia Diputación», ha aseverado.

«Nos recuerda a caciquismo, al ordeno y mando, y hemos pedido la comparecencia de la diputada de Equilibrio Territorial, Irma Basterra, para que dé explicaciones sobre lo ocurrido», ha añadido antes de incidir en que el grupo soberanista exigirá la «asunción de las responsabilidades políticas oportunas» en el caso de que se demuestre que la Diputación no tiene razón.

Cabe señalar que la Red de Comunidades Energéticas, que cita como «casos de éxito» proyectos realizado en Araba y Nafarroa, establece que las comunidades energéticas locales son entidades jurídicas, formadas por una agrupación de socios, como personas físicas, asociaciones, pymes o administraciones públicas».