«Nuestra sangre, nuestro sudor y nuestras lágrimas financiaron la revolución industrial. ¿Vamos a tener que pagar ahora también el coste de sus consecuencias?». Mia Mottley, primera ministra de Barbados, uno de los países más afectados por el calentamiento global, se dirigió así el lunes a los delegados de la COP27, la cumbre climática que se celebra estos días en Sharm el Sheij, Egipto.
Entre los oyentes había más de 600 personas con vínculos con la industria fósil, un número mayor al conjunto de delegados de los 10 países que mayor impacto climático están sufriendo. Ocurre precisamente en una cumbre donde la financiación y la indemnización por costes y daños a estos países va a estar, a priori, encima de la mesa. La radiografía de este desequilibrio la ha dado este jueves la BBC, que ha publicado un análisis realizado junto a Global Witness.
Se trata de un análisis que también realizaron en la COP26 celebrada el año pasado en Glasgow, donde identificaron 503 delegados con vínculos con las industrias del petróleo, el gas y el carbón. Con idéntica metodología, este año han identificado a 636, lo que significa un incremento del 25%.
«Una feria fósil»
«La COP27 parece una feria de la industria de los combustibles fósiles», señala a la BBC Rachel Rose Jackson, miembro de Corporate Accountability, que a su vez forma parte de Global Witness, responsable del análisis. «Su motivación son los beneficios y la avaricia, no encaran con seriedad la acción climática», añade.
El grueso de los lobbistas, un total de 436, forman parte de delegaciones no estatales, como grupos de negocios, instituciones internacionales y otras organizaciones no gubernamentales, pero casi un tercio de estos lobbistas que acuden a la conferencia a defender los intereses de la industria fósil de forma más o menos evidente forman parte de las delegaciones estatales.
La lista la encabeza con mucha diferencia Emiratos Árabes Unidos, con 70 delegados con vínculos con la industria fósil. De hecho, el país que acogerá la COP del año que viene tiene la delegación más amplia de toda la conferencia, con 1.070 representantes.
En segundo lugar, a una distancia considerable, se encuentra Rusia, 33 de cuyos 150 delegados tienen vínculos con la industria fósil. Sigue una lista de países con cerca de una decena de delegados, entre los que están países productores como Canadá, Kuwait y Omán, además de unos cuantos países africanos, desde los cuales se defiende explotar sus recursos fósiles para desarrollar el continente. «Si no estás sentado en la mesa, estarás en el menú», resumió a la BBC Omar Farouk Ibrahim, líder de la Organización de Productores de Petróleo de África.
Senegal, que recientemente ha encontrado nuevos yacimientos de gas, también abona este discurso. «Lo que es importante para nosotros es cómo podemos utilizar estos recursos para desarrollar nuestro país, reforzar nuestra economía y exportar a los países emergentes y desarrollados», señala al medio británico Idy Niang, miembro de la delegación del país africano.
Es una evidencia que estos nuevos yacimientos deberían quedarse bajo tierra para que el planeta se acerque siquiera un poco a los –a estas alturas– ambiciosos objetivos fijados en el Acuerdo de París, como evidente es la injusticia señalada con razón por la dirigente barbadense. La pregunta que emerge, si la COP27 no acierta a articular mecanismos justos que compensen los daños y las pérdidas en los países más pobres y afectados, es ¿quién le va a decir a Senegal que no extraiga su gas?