La Fiscalía General del Estado español está analizando las revisiones de condena por abusos sexuales que han realizado jueces y tribunales a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del «solo sí es sí». El objetivo es determinar si es necesario unificar criterios para aplicar la ley, usada por algunos magistrados para reducir penas.

Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han indicado que de momento se están estudiando las revisiones ya efectuadas caso por caso para decidir después sobre la necesidad de elaborar una circular que sirva de guía a los fiscales a la hora de aplicar la nueva ley.

En los tribunales de Madrid se han revisado ya varias sentencias. En tres casos se bajaron las penas en cinco años, para uno, y en dos años, para los otros dos.

Y podía haber nuevos fallos en la misma línea, ya que la Audiencia de Madrid tiene pendientes decenas de revisiones de condena. Por ello, los presidentes de sus quince secciones penales han acordado reunirse el próximo 25 de noviembre para «unificar criterio». Las fuentes subrayan que el cónclave ya estaba fijado con anterioridad a la polémica suscitada porque es lo habitual cuando hay un cambio legal sustantivo.

Más allá de Madrid, en la Audiencia de La Rioja se han revisado ya 54 sentencias tras la entrada vigor de la «ley del solo sí es sí» pero hasta el momento ninguna ha sido modificada.

Cabe señalar que en algunos de los autos a los que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía no se opuso a la rebaja de las penas solicitada por las defensas y acordadas por los tribunales. Y avaló la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de rebajar de oficio, de seis a cuatro años, la pena impuesta a un hombre por un delito de violación.

El Supremo y la jurisprudencia

Las revisiones efectuadas por los jueces y tribunales son susceptibles de recurso y que podrían llegar hasta el Tribunal Supremo (TS), la sede judicial llamada a fijar jurisprudencia.

Es el caso del auto dictado el pasado 7 de noviembre por la sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid, donde el Supremo confirmó la sentencia que condenó a un hombre que abusó de una menor de 16 años. Finalmente, ha pasado de los 8 a los 6 años de cárcel, aunque los magistrados subrayan que es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo Penal del TS.

«Con ocasión de la reforma operada mediante la LO 10/2022, que entró en vigor el 7 de octubre de 2022, de reforma del Código Penal (CP) en delitos contra la libertad sexual, la pena mínima que se contempla el artículo 183.1 y 3 es de 6 años de prisión, razón por la que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2 del CP resulta esta más favorable para el reo, por lo que procede la revisión en el sentido interesado por el penado», ha explicado la Audiencia de Madrid.

Asimismo, ha subrayado que en este caso «se consideró prudente imponer el mínimo de la pena impuesta en ese tiempo, por lo que la revisión ha de producirse en los mismos términos, esto es, reduciendo la pena de prisión a 6 años con todas las consecuencias que la fueran favorables, por lo que se deberá proceder a hacer una nueva liquidación de condena».

«Hay jueces que no están cumpliendo la ley»

La ministra española de Igualdad, Irene Montero, ha censurado que el machismo «puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa».

«Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la ley del ‘solo sí es sí’», ha señalado este miércoles Montero, que ha asistido al acto de presentación de la Estrategia contra la Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, a cargo de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Montero ha anunciado que van a «reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia». «Vamos a reforzar la formación a todos los operadores judiciales para que ese machismo no lleve a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley», ha insistido.

Y ha incidido en que «nos preocupa que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas porque puede desproteger a las mujeres. Lo que vamos a hacer es mejorar cada vez más la capacidad de las instituciones de garantizar todos los derechos para todas las mujeres víctimas de agresiones sexuales».

«Confiamos en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores», ha apuntado.

En esta línea se ha pronunciado desde Bali, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que ha expresado su «plena confianza» en la Justicia y en su «sensibilidad» frente a los delitos sexuales, abogando por esperar a que los tribunales unifiquen doctrina antes de tomar cualquier decisión sobre la ley.

«Es infantil y absurdo»

Las asociaciones de jueces han rechazado la reacción de la ministra. «Cuando se legisla sin prestar atención a lo que se informa por los órganos que tienen obligación de advertir, se corre el riesgo de que pasen este tipo de cosas. Ahora no vale llamar machistas a los jueces. Es infantil y absurdo», ha asegurado el miembro ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Juan José Carbonero en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, no se trata de una «aplicación indebida de la ley por un juez» de forma aislada. «Los magistrados aplican la ley como tienen que hacerlo, en la medida en que no se puede dejar de aplicar la retroactividad. El Consejo General del Poder Judicial les advirtió y nadie les hizo caso», ha explicado.

El magistrado de la APM se ha referido de esta forma al informe emitido en febrero de 2021 por el órgano de gobierno de los jueces sobre la actual Ley de Garantía de la Libertad Sexual, que por aquel entonces era un anteproyecto. En el mismo, el CGPJ explicaba que el cuadro penológico contemplado para los delitos de agresiones sexuales suponía «una reducción del límite máximo de algunas penas».

Carbonero ha recordado que, aunque los «informes no son vinculantes, un legislador responsable debe hacer caso del contenido» de los mismos. «Nos echamos las manos a la cabeza, pero cuando se corre, se corre. Y se corre el riesgo de que determinado tipo de cosas no salgan todo lo bien que deberían», ha aseverado.

A su juicio, todo se reduce a una «cuestión de buena técnica legislativa», por lo que ha puesto en duda lo que considera una estrategia errática desde Igualdad. «Es humo cuando se habla de jueces machistas y se desconoce la realidad. No tiene sentido tildar a los que vamos a aplicar la ley cuando el resultado no es querido de machistas. Es peligroso entrar en una espiral de esta naturaleza», ha zanjado.