Lakua está rechazando peticiones de traslado de presos vascos porque la población reclusa ha aumentado y hay falta de espacio en las cárceles de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Así lo ha indicado este miércoles la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, quien ha precisado que esta situación afecta a ocho prisioneros políticos, cuyas solicitudes no han sido aceptadas.

Según ha explicado en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento de Gasteiz, «este hándicap podrá corregirse con el adecuado dimensionamiento de la plantilla y con el aumento de capacidad que va a suponer el futuro nuevo centro penitenciario Gipuzkoa en Zubieta», cuya puesta en marcha está prevista en 2024.

Ha detallado que desde el 1 de enero de 2021 la población penitenciaria ha pasado de 1.290 personas a 1.562, es decir 272 presos más. Un incremento que se debe a dos factores. El primero es que han sido encarceladas más personas de las que han sido excarceladas: 875 frente a 748.

Artolazabal ha indicado que, antes de la transferencia de la gestión de las prisiones, estas «difíciles situaciones» se resolvían «distribuyendo a buena parte de la población reclusa en otras comunidades autónomas» pero ahora «la práctica totalidad de quienes ingresan aquí se quedan aquí».

La segunda razón que hay detrás del aumento de la población presa es «el flujo de traslado». Ha señalado que en el último año se han recibido 437 solicitudes de presos para trasladarse a Zaballa, Martutene y Basauri. Se han denegado 222 y se han autorizado 178, de las cuales 81 corresponden a personas encarceladas por su militancia política. Otros 120 presos cumplen ahora su condena en una cárcel de fuera.

La consejera ha manifestado que este aumento del número de reclusos «no ha impactado negativamente en las condiciones de vida» dentro de la cárcel «pero sí limita la posibilidad de asumir todos los traslados de personas penadas que solicitan cumplir la pena en Euskadi».

«Arraigo enfocado a las posibilidades de reinserción»

Esta situación «obliga a priorizar» a la hora de aceptar las peticiones de traslado en función de varios criterios, entre ellos el «arraigo enfocado a las posibilidades de reinserción».

«En ocasiones hay que valorar también el desarraigo inducido por largos años de condena lejos del entorno familiar y social donde sí pueden tenerse posibilidades de reinsertarse», ha dicho la consejera sin citar de manera expresa a los presos políticos vascos.

Dado que esta intervención ha tenido notable eco en los medios, a última hora del miércoles el Departamento ha querido hacer algunas puntualizaciones, que van en la línea de rechazar que exista un problema de saturación, como algunos medios habían interpretado.

Así, ha matizado que los tres penales están lejos de las ocupaciones máximas. En la actualidad hay alrededor de 300 internos más en los centros penitenciarios de la CAV que el 1 de octubre de 2021, pero esta cifra «no significa que las cárceles vascas no tengan capacidad para más internos e internas».

En un comunicado, ha detallado que «técnicamente se consideran tres niveles de ocupación en las prisiones: óptima, operativa y máxima». «Estas cifras se han acordado con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de tal forma que se trata siempre de trabajar con márgenes suficientes, de forma que el sistema vasco y el estatal funcionen como vasos comunicantes cuando es necesario», han añadido.

Tras insistir en que en estos momentos en los tres centros penitenciarios se está «lejos» de las ocupaciones máximas, han apuntado que «las ocupaciones operativas idóneas se consideran en Araba cuando el 50% de las celdas están ocupadas por dos personas, y en Gipuzkoa y Bizkaia cuando la ocupación doble de las celdas es del 65%».

1.562 presos y una plantilla «insuficiente»

Volviendo a la comparecencia, estos son los datos ofrecidos. En este momento hay 1.562 personas presas en la CAV, de los cuales 1.381 son penados y 181 preventivos. Hay 841 presos en segundo grado y 441 en distintas modalidades del tercer grado, además de 230 en libertad condicional.

Para atender a esta población penitenciaria hay una plantilla «insuficiente» de 675 personas. Las vacantes se cubrirán con una OPE, aunque para convocarla antes es necesario crear los cuerpos y escalas penitenciarios y aprobar la Relación de Puestos de Trabajo.

Mientras esto ocurre se ha optado por «soluciones transitorias» como una bolsa de trabajo con 60 trabajadores cuya incorporación está prevista antes de final de año.

La «compleja herencia recibida» incluye también «limitaciones en las infraestructuras»: un «centro pequeño y antiguo» en Bizkaia, otro «aún más viejo en Gipuzkoa» y uno «moderno pero sin redimensionar la plantilla» en Araba.

Terceros grados, «no existe trato de favor»

Pese a las dificultades de este primer año, Artolazabal ha expresado su «satisfacción con el balance» y ha destacado la «fluida y positiva relación» con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

Ha reiterado que el modelo penitencio de Lakua apuesta por la reinserción, por ser la manera «más efectiva» para evitar la reincidencia y por ello se han concedido más de 500 terceros grados, «una forma de cumplimiento de la condena que frente a reiteradas manipulaciones no supone excarcelación».

Sobre la revocación por parte de la Audiencia Nacional de la concesión de terceros grados a cinco presos vascos, ha vuelto a defender el «trabajo riguroso de los equipos técnicos en la valoración individualizada de cada persona y en la motivación de sus propuestas».

«Eventuales impugnaciones o revocaciones no desautorizan ese trabajo», ha recalcado la consejera, quien ha incidido en que «no existe trato de favor, ni de desfavor, en ningún caso: ni para los traslados, ni para el tratamiento, ni para las progresiones».