El abogado de ‘La Manada’, Agustín Martínez, ha anunciado que trabaja en la presentación de un recurso para solicitar una revisión a la baja de la pena para uno de sus representados, condenado por el Tribunal Supremo español a 15 años de prisión por un delito continuado de violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta de dos o más personas, en aplicación de la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual.

En una entrevista en Canal Sur Radio, Martínez no ha aportado más detalles sobre el contenido del recurso ni sobre la identidad del condenado, aunque la nueva norma solo podría permitir en la práctica reducir en un año la pena de Ángel Boza, condenado a 15 años de cárcel por la violación grupal de los sanfermines en 2016. Los otros cuatro jóvenes sevillanos también condenados suman otras penas por casos como los abusos sexuales de Pozoblanco y no podrían beneficiarse de ninguna rebaja.

Martínez ha defendido durante la entrevista que esa rebaja en la condena «es perfectamente posible porque se han reducido los mínimos de las penas y la sentencia dictada en su día por el Tribunal Supremo hacía la acotación de referirse a que efectivamente se aplicaba el mínimo penal y, habiéndose modificado el mínimo penal, pues entiendo que es más favorable la aplicación de la norma actual».

«Es una mala ley»

El abogado ha rechazado las críticas a los jueces de la ministra española de Igualdad, Irene Montero, y ha remarcado que «o que hay es una mala ley, basada exclusivamente en la propaganda y que ha intentado engañar a la población, vendiéndose como que era una reforma muy positiva centrándose en el elemento del consentimiento, cuando el consentimiento es el elemento primario que existía en el Código Penal anterior».

A su juicio, lo que se ha hecho con la nueva Ley de Garantías de la Libertad Sexual es «absolutamente absurdo», por lo que ha emplazado a Irene Montero a aclarar «por qué se han bajado todos los mínimos de las penas», algo que considera «inexplicable y que no tiene ningún sentido», al punto de que se llega a «despenalizar algún tipo de delito, por más escandaloso que pueda resultar».

Poner el foco

Preguntadas por esta polémica durante una rueda de prensa en Iruñea, las representantes de la Plataforma de Mujeres Contra la Violencia Sexista considera «perjudicial poner solo el foco en el castigo y en los agresores. La única conclusión que puede salir de ahí es el castigo, más grande o más pequeño. Eso deja a la víctima en el papel de víctima y limita su trayectoria vital. Si ponemos el foco en las mujeres agredidas, sea con la reparación o sea con el reconocimiento, entonces construiremos algo digno, algo sano como sociedad».

Ante el Supremo

El Tribunal Supremo prevé abordar en menos de un mes alguno de los recursos presentados por condenados por delitos sexuales contra sus sentencias, en los que piden adecuar sus castigos a las penas contempladas en la Ley del ‘solo sí es sí’.

No se trata de peticiones de revisión de pena por parte de los condenados, explican, sino recursos a sentencias que aún no son firmes. Las fuentes jurídicas insisten en que hay que estudiar caso por caso y recalcan que el pronunciamiento del Supremo no se debe a la polémica surgida tras el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales después de que diferentes tribunales estén revisado sus condenas, sino que se trata del ritmo natural de los recursos de casación.

Primer caso en Gipuzkoa

La Audiencia de Gipuzkoa ya ha registrado la primera petición de revisión de condena por un delito contra la libertad sexual, han confirmado a Efe fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes no han ofrecido ningún detalle sobre el caso en cuestión, del que se ocupa la Sección Tercera, dado que el «procedimiento está abierto» y «aún no se ha resuelto».

Al margen de las peticiones formales de revisión de condenas, los jueces también tienen en estos casos la potestad de actuar de oficio. Se prevé que en los próximos días se reúnan los magistrados en las audiencias provinciales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para analizar la forma de proceder.

Críticas a Montero

Las críticas de Montero a la judicatura han desatado una oleada de respuestas contra la ministra. La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha pedido contención al Ejecutivo y advierte de que no deben precipitarse «culpando a los jueces y juezas».

Este colectivo ha adevertido que era esperable que se dieran revisiones a la baja de condenas con la modificación del Código Penal, lo que «forma parte de la normalidad democrática», y ha destacado que «la reforma de los delitos sexuales ha colmado la necesidad de aplicar la perspectiva de género en una materia tan sensible como ésta», dotando a la sociedad «de un sistema racional y moderno que pone el foco en la protección de la víctima».

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –mayoritaria– y el Foro Judicial Independiente (FJI) han pedido la dimisión de Montero por sus acusaciones de «machismo» a los jueces.

Desde el Ejecutivo español, la ministra portavoz Isabel Rodríguez se ha desmarcado de Montero y ha apuntado que «los jueces interpretan y aplican la ley y hay que mantener el respeto absoluto a la acción de los jueces», aunque ha pedido que se tenga en cuenta «el espíritu» de la norma.

La Asociación de Fiscales (AF) ha calificado de «extrema gravedad» el «ataque injustificado al poder judicial», y ha destacado que «el legislador debe asumir la falta de técnica legislativa y de rigor jurídico en su reforma y no culpar a quienes exclusivamente nos limitamos a dar debido cumplimiento a esa ley».