Elkarrekin Podemos-IU ha llevado al Parlamento de Gasteiz la propuesta de mantener los descuentos en el transporte público dependiente de las instituciones de la CAV. Finalmente, ha alcanzado un acuerdo con EH Bildu, que ha dado lugar a una enmienda conjunta. PSE y PP+Cs han manifestado desde un inicio su apoyo a la medida. El PNV se ha desmarcado inicialmente de la propuesta, aunque al terminar su discurso ha anunciado el voto favorable.

Los jeltzales han corregido así la división de voto entre los socios PNV y PSE que se dio el miércoles en las Juntas Generales de Bizkaia, en ese caso a partir de una enmienda de EH Bildu transaccionada con el grupo socialista, a la que se sumaron Elkarrekin Podemos y PP. Los jeltzales se abstuvieron, calificando de «trampa» la propuesta porque «no se insta al Estado a seguir financiando parte de los descuentos».

Por ese camino iba también su discurso en el Parlamento, quejándose de que se tenga que hacer un seguidismo de lo que aprueba el Gobierno español, cuando ahora está en duda que Madrid vaya a mantener su aportación del 30% a ese descuento del 50%. Desde Elkarrekin Podemos-IU se le ha respondido que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ya mantiene la gratuidad de los transportes que dependen él, por lo que corresponde a las instituciones de la CAV hacerlo en sus medios de transporte.

Revisión y descuentos progresivos para siempre

El texto aprobado este jueves en el Parlamento de Gasteiz «insta al Gobierno Vasco a prorrogar durante el año 2023 los descuentos del 50% en el transporte público de los que se beneficia la ciudadanía vasca». Y añade que «dichas ayudas se evaluarán a los 6 meses y se analizarán si se dan o no las condiciones que las motivaron».

La reclamación parlamentaria que se extiende al «conjunto de administraciones competentes a que en el seno de la Autoridad del Transporte de Euskadi, proponga a la totalidad de los operadores públicos de la CAPV comprometerse en el establecimiento y la aplicación de una sistema de descuentos progresivos en el precio de las tarifas del transporte, en función del uso y condición personal, teniendo en cuenta, adicionalmente, la renta de las personas o unidades familiares beneficiarias».

72 millones de euros

Esta cuestión ha sido motivo de divergencia entre los socios de gobierno. El consejero de Transporte, Iñaki Arriola, ya había mostrado su disposición a mantener estos descuentos, aunque tuvieran que ser financiados íntegramente por las instituciones de la CAV, lo que estima que tendría un coste de 72 millones de euros. El titular de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, lo ha asumido con cierta resignación, apuntando que si así se acordaba ya encontraría la forma de lograr la financiación.

En declaraciones a Radio Euskadi, ha señalado que «tampoco se pueden mantener estas subvenciones al margen del nivel de inflación», por lo que «tendría cierta lógica» conservarlas «a lo largo del primer semestre», evaluar el nivel de inflación al final de ese periodo y «a partir de ahí, tomar la decisión de seguir o no seguir». «Mantenerlas sin mayor criterio que el hecho de mantener la subvención, no sería deseable», ha dicho.

Todos los grupos están de una forma u otra de acuerdo con ello, por ello se ha establecido la evaluación de la situación en seis meses y la posibilidad de introducir otros factores.

Pero fuerzas como Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu han incidido en que subvencionar el transporte público no tiene como única razón hacer frente a la inflación, sino la necesidad de hacer frente a la emergencia climática y apostar por la descarbonización.