Tras cinco horas de vista en el Tribunal General de la Unión Europea, el recurso presentado por Puigdemont contra el Parlamento Europeo por retirarle la inmunidad ha quedado visto para sentencia. El citado tribunal dictará esa sentencia –ante la que cabrá recurso– hacia el primer trimestre de 2023, aunque no hay fecha fijada aún.

En la vista, el abogado de la Eurocámara, Nobert Lorenz, ha señalado que el Parlamento Europeo permitió acceder a Puigdemont a su escaño «probablemente de forma ilegal».

«El Parlamento ha tratado correctamente a los demandantes –en referencia también a los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí–. En enero de 2020 se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y como hemos visto, por una sentencia del Tribunal General, probablemente de forma ilegal», ha indicado.

«El Parlamento Europeo tuvo un comportamiento extremadamente abierto y correcto con los demandantes», ha añadido Lorenz para justificar que la Eurocámara levantó la inmunidad «de manera totalmente correcta» a Puigdemont, Comín y Ponsatí.

También ha rechazado que el presidente de la comisión de asuntos jurídicos de la Eurocámara que analizó el suplicatorio, Adrián Vázquez, de Ciudadanos, y del ponente del informe que pidió levantarles la inmunidad, Angel Dzhambazki –del mismo grupo parlamentario que Vox– no fueron imparciales en el proceso.

Según ha indicado, «si siguiéramos la interpretación de los demandantes, esto paralizaría al Parlamento Europeo. El Parlamento no podría identificar a un ponente supuestamente imparcial, porque todos los miembros del Parlamento tienen su ideas políticas en cuestiones que les importan tanto como a los demandantes con la independencia de Cataluña».

El abogado de la Eurocámara ha añadido que los eurodiputados de Vox son solo cuatro y que, por tanto, no pueden influir en las decisiones de su grupo parlamentario (ECR), formado por 62 miembros.

Lorenz ha pedido también al tribunal que no tenga en cuenta el argumento del espionaje con el programa Pegasus a políticos independentistas para pedir la anulación del suplicatorio. «Pegasus no tiene pertinencia en el caso de hoy», ha concluido Lorenz.

Derogar la sedición «demuestra la persecución»

Por su parte, la defensa legal del president ha puesto el acento en que la reforma para la derogación del delito de sedición que se tramita en el Estado español tiene por objetivo facilitar la entrega del president a la justicia española, lo que, a su juicio, pone en evidencia la «persecución política» que sufre y refuerza la necesidad de mantener la inmunidad que le asegura el escaño como eurodiputado.

«Es público y notorio que varios ministros y el propio Pedro Sánchez han estado diciendo que los cambios en la legislación son para obtener la entrega de Puigdemont a España», ha expuesto el abogado Gonzalo Boye.

«¿Cuántos cambios en códigos penales en los Estados miembro conocen para obtener una euroorden?», ha preguntado Boye a los seis magistrados que componen la sala del Tribunal General europeo que examina el caso.

Además de apoyar su alegato de persecución política para tratar de defender que los eurodiputados deben conservar su inmunidad parlamentaria, la defensa de Puigdemont ha expuesto la derogación de la sedición para reforzar el argumento de que es un delito que no está tipificado en todos los Estados miembro, por lo que no debería ser válido para ejecutar las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) que pesan sobre ellos.

También ha apuntado que, si se concluye la reforma en el Estado español, «habría que analizar» las consecuencias para los tres eurodiputados, en especial en el caso de Clara Ponsatí, que solo es reclamada por el delito de sedición, a diferencia de Puigdemont y Comín, a los que, además de por este delito, son reclamados por malversación.

La defensa, asimismo, ha puesto en duda que el Tribunal Supremo español sea la autoridad judicial competente para tramitar los suplicatorios que el Parlamento Europeo aprobó en marzo de 2021 para que los tres políticos independentistas puedan ser juzgados en el Estado.

Además, ha cuestionado la imparcialidad de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos, responsable de redactar los informes que avalaron la suspensión de sus inmunidades y que fue refrendado por el pleno de la Eurocámara.

La presidenta del tribunal y ponente de la futura sentencia, la chipriota Anna Marcoulli, ha negado que pueda haber parcialidad de los ponentes, ya que el levantamiento de la inmunidad no es «una decisión política».

«Usted está subestimando a los miembros del Parlamento Europeo. Si hubiera una vulneración tan grande, imagino que los diputados habrían dicho algo, ¿no?», ha dicho Marcoulli a Boye para rechazar sus afirmaciones de que la Eurocámara violó los derechos de Puigdemont, Comín y Ponsatí.

Por su parte, la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis, ha negado que exista persecución política porque el sistema jurídico español es «garantista».

Según ha dicho, el Tribunal Supremo español ha emitido las euroórdenes para «posibilitar» su «presencia en el proceso penal» por unos hechos «muy anteriores» a la celebración de las elecciones europeas.

Y «de acuerdo con el derecho español aplicable, no se ha podido ni concluir el sumario, ni se ha podido efectuar el enjuiciamiento sin la presencia de los recurrentes, precisamente, por ser un sistema garantista que establece esta exigencia en interés del derecho de defensa de los demandantes», ha añadido Llopis.

El caso, que marcará el futuro judicial de los tres eurodiputados, ha quedado visto para sentencia, que, en cualquier caso, es recurrible ante la instancia superior, el Tribunal de Justicia de la UE.