Más de 80 organizaciones han firmado este miércoles en Bilbo el llamado Pacto Social por la Vivienda 2022-2036, que fija, entre otros objetivos, aumentar la oferta pública de alquiler asequible hasta alcanzar un parque de 50.000 hogares o rehabilitar una de cada tres casas construidas antes de que concluya 2036.

El pacto ha sido suscrito en un acto desarrollado en el Palacio Euskalduna de Bilbo, que ha contado con la presencia del consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, el presidente de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, Gorka Urtaran, y la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia.

En total, han sido 88 organizaciones, colectivos profesionales, instituciones o empresas las que se han sumado al "Pacto Social por la Vivienda 2022-2036; un compromiso compartido para acelerar la conformación efectiva del derecho a la vivienda" y que da continuidad al que se suscribió en 2010. Entre ellas figuran diferentes entidades bancarias y también el sindicato UGT. LAB ha explicado que participó en alguna sesión telemática e hizo aportaciones para las que no recibió respuesta, y tras conocer el contenido ha valorado que «no responde a la grave situación habitacional que vivimos».

Cuatro metas

A través de este nuevo acuerdo, desarrollado tras un «amplio proceso de participación» según sus impulsores, se han fijado cuatro metas cuantitativas hasta 2036 y seis líneas de actuación prioritarias. En concreto, se espera que el 5% de la viviendas principales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se destinen a la oferta pública de alquiler asequible para 2036, lo que supondrá llegar hasta las 50.000 viviendas frente a las aproximadamente 26.000 actuales. «Esto supone duplicar el actual porcentaje para pasar a situarnos en 50.000 viviendas de oferta pública de alquiler asequible», ha remarcado Arriola.

También contempla que el parque de viviendas de protección pública permanente ascienda al 12% de las viviendas principales. Esta meta supone que el parque de viviendas sujetas a protección pública se sitúe en 2036 en torno a las 116.000 viviendas, incrementándose en 42.000 viviendas adicionales en los próximos 15 años.

Rehabilitación

Además, se quiere pasar del actual índice anual de rehabilitación del 1,5% del total de edificios al 3% anual, lo que supone rehabilitar a lo largo de estos 15 años un total de 350.000 viviendas, una de cada tres construidas, aproximadamente.

Otra de las metas recogidas en el pacto es la necesidad de que haya un parque de vivienda libre, tanto de obra nueva como hogares rehabilitados, para colectivos con recursos económicos suficientes.

Para lograr estas metas, se han establecido una serie de líneas de actuación prioritarias, con una serie de directrices y, entre ellas, se contempla una mayor inversión en vivienda apoyada sobre una fiscalidad incentivadora.

Ello supone elevar de forma progresiva el gasto público en vivienda hasta que se sitúe en el entorno del 1,5% el PIB y que la inversión privada en rehabilitación se sitúe en el entorno del 5% del PIB, en línea con los países europeos «más avanzados».

«Gran pacto de país»

En el acto, el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha emulado la terminología de EH Bildu para asegurar que se trata de «un gran pacto de país» para conseguir «una gestión más eficaz en materia de vivienda».

Arriola ha afirmado que el Pacto Social que se alcanzó en 2010 fue «inédito y pionero», además de poner «en el centro de las políticas de vivienda a la ciudadanía vasca y la colaboración entre diferentes».

El titular de Vivenda ha reconocido que el camino que se emprende es «complejo» porque las proyecciones a 2036 dibujan «un escenario con crecimientos demográficos muy limitados, incluso negativos, y un envejecimiento progresivo de la población».

Además, se han producido importantes cambios en los modelos de convivencia que han supuesto «una reducción significativa del tamaño medio de los hogares vascos», lo que significa que «a la larga se necesitarán más viviendas, aunque con tipologías diferentes».

A ello se une, según ha explicado, que más de la mitad de las personas que manifiestan la necesidad de acceso a su primera vivienda opta por el alquiler exclusivamente. Arriola cree que existe un cambio cultural detrás de este hecho, aunque «en la mayoría de los casos la verdadera razón se encuentra en la precariedad económica de estos hogares», ya que «solo una de cada cuatro personas con necesidad cuenta con ingresos que considera suficientes para acceder a su primera vivienda».

Por último, el consejero de Vivienda ha señalado que el gran número de adhesiones al Pacto no es «usual» y es un «valor en sí mismo». Según ha destacado, se trata de un grupo «muy heterogéneo» que «ha sabido encontrar puntos de encuentro».