El Parlamento Europeo ha anunciado este sábado la suspensión de la vicepresidenta del hemiciclo, la socialdemócrata griega Eva Kaili, en relación con una trama de presuntos sobornos por parte de Qatar a personas que pudieran influir en la toma de decisiones de la institución europea.

Dadas las «investigaciones en curso que están realizando las autoridades belgas», la presidenta del Parlamento de Bruselas, Roberta Metsola, «ha decidido suspender con efecto inmediato todos los poderes, tareas y competencias delegadas en Eva Kaili como vicepresidenta» de la cámara, ha informado la portavocía del Parlamento Europeo.

Metsola ya había confirmado este sábado que la Eurocámara ha «cooperado plenamente» con las autoridades policiales y jurídicas pertinentes en relación con un posible caso de sobornos por parte de Qatar a Kaili.

«Nuestro Parlamento Europeo se mantiene firme contra la corrupción. En esta etapa, no podemos comentar sobre ninguna investigación en curso, excepto confirmar que hemos cooperado plenamente con todas las autoridades policiales y jurídicas pertinentes y que lo haremos», ha manifestado Metsola.

En una publicación en su perfil oficial de la red social Twitter, la presidenta del Parlamento Europeo ha remarcado que el organismo hará «todo lo posible» para ayudar y colaborar para que la Justicia siga su curso.

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.

At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.

We'll do all we can to assist the course of justice.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 10, 2022

La Policía belga registró el viernes el domicilio de Kaili, quien también fue interrogada, en relación a una trama de presuntos sobornos por parte de Qatar a personas que pudieran influir en la toma de decisiones del Parlamento Europeo.

La Fiscalía federal informó también de la detención de cuatro personas y de hasta 16 registros llevados a cabo en varios barrios de Bruselas en el marco de una investigación sobre una «presunta organización criminal de corrupción y blanqueo de dinero» que desde hace meses buscaba en nombre de un país del Golfo influir en las decisiones «económicas y políticas» de la Eurocámara.