El Tribunal Supremo ha establecido que Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Telleria, «prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del PNV y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión». Sin embargo, el PNV sostiene que el caso no afecta al partido, también después de este subrayado.

Es más, el tribunal advierte de que los contratos administrativos que han dado pie a estas condenas «fueron otorgados por organismos públicos también regidos por miembros del PNV, concretamente por el Parque Tecnológico de Álava, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca, Zigoitia y Zambrana, así como por las Cuadrillas del Territorio Histórico de Álava cuyos presidentes pertenecían a esa agrupación política».

Pese a que el PNV es vínculo que conecta a los condenados y a las instituciones salpicadas por la trama, la formación jeltzale ha aseverado que «la sentencia hoy conocida viene a avalar que el caso no afecta a EAJ-PNV como partido, ni a su financiación. Ni en el auto de apertura de juicio oral, ni en la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, ni en el fallo del Tribunal Supremo había ni hay una sola referencia a esta cuestión».

«La sentencia relata unas actitudes y actos que nada tienen que ver con EAJ-PNV. Al contrario, siempre tendrán a este Partido enfrente. La acción política que practica EAJ-PNV va dirigida a mejorar la vida y el bienestar de la colectividad vasca», ha apuntado, e incidido en que «hace más de doce años estas personas entregaron sus carnés y fueron apartadas de sus responsabilidades públicas e internas».

«Durante todo este tiempo, han tenido suspendida cautelarmente su afiliación. Una vez que la sentencia es firme, se procederá a incoar el expediente definitivo de expulsión ante el correspondiente tribunal interno, en cumplimiento de los Estatutos vigentes», ha añadido.

La respuesta es similar a la dada por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde le han preguntado por el futuro de De Miguel en el seno de la Fundación Hazi, dependiente de Lakua. Ha afirmado que, si se confirma el carácter «firme» de esta resolución, el Gabinete de Iñigo Urkullu «actuará en consecuencia» y «adoptará las decisiones que correspondan».

Poco después el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha dado «orden directa para que las gerencias de la Fundación Hazi y del Parque Tecnológico de Álava actúen en consecuencia, una vez conocida la Sentencia del Tribunal Supremo por la que dos de sus trabajadores han sido condenados por corrupción con penas de cárcel», en alusión a De Miguel y Koldo Ochandiano.

Ha advertido de que la sentencia «no ha sido aún notificada oficialmente a ninguna de estas entidades por parte de las personas condenadas, pero una vez sea notificada, además de ejecutarse en todos sus extremos, la Fundación Hazi y el Parque Tecnológico de Álava procederán al despido de ambos trabajadores en cumplimiento tanto de la sentencia del Tribunal Supremo como en cumplimiento del Estatuto de los Trabajadores».

Críticas de sus socios en el Gobierno

El PSE, socio de los jeltzales en las principales instituciones de la CAV, confía en que dichas decisiones «se apliquen a la mayor brevedad» para «despejar las dudas que se han planteado sobre el desempeño de su actividad y, más recientemente, sobre las labores de representación del propio Ejecutivo autónomo».

Desde la oposición, el portavoz de EH Bildu Unai Urruzuno ha señalado que «el PNV debería de ser mucho más contundente», y ha destacado que «es muy grave que, aun habiendo una sentencia condenatoria en primera instancia», De Miguel «haya seguido ejerciendo responsabilidades en una empresa pública ligada al Gobierno Vasco y que este señor y esta trama de dirigentes del PNV en Alava no hayan tenido ningún tipo de toque de atención por parte de su partido».

A su juicio, es «difícil de creer» que «el PNV no supiera que sus dirigentes estaban manipulando contratos públicos y adjudicaciones y cobrando comisiones ilegales» por ello. «Es imposible creer que el PNV no tuviera conocimiento de todas estas prácticas cuando estaban ocurriendo y es reflejo de la permisividad que se otorga desde el partido a este tipo de prácticas», ha subrayado.

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento de Gasteiz, Miren Gorrotxategi, ha subrayado que, con sentencia firme, «ahora el PNV ya no tiene excusas: De Miguel debe dejar de hacer labores de representación de una entidad pública. Hay que acabar con esta vergüenza». 

Desde el PP, Carlos Iturgaiz ha manifestado que «las responsabilidades no son sólo de De Miguel sino que salpican a la cúpula del PNV, que cubre al principal personaje de la trama». Y ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, a dar explicaciones.

Este ha publicado un mensaje en redes sociales, donde ha reiterado su «compromiso con la ética y la transparencia», y ha llamado a «acatar y cumplir» las sentencias judiciales. «Ratifico el más firme rechazo ante unos hechos que son contrarios al ideario y a los valores éticos que defendemos y por los que queremos significarnos», ha concluido.