La Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968, con pequeñas modificaciones introducidas diez años después, seguirá vigente por mucho tiempo si nos atenemos a las declaraciones que este miércoles ha hecho la ministra española de Defensa, Margarita Robles, a un grupo de periodistas en Lisboa.

«Hay un calendario legislativo y vamos a seguir este calendario, hay otras prioridades», ha afirmado Robles tras participar en el Foro La Toja en Lisboa.

«Desde el punto de vista del Ministerio de Defensa estamos siempre abiertos a cualquier reforma legislativa, pero creo que en este momento hay otras prioridades», ha apuntado.

La reforma de la actual Ley de Secretos Oficiales ha sido un tema recurrente en la última legislatura y motivo de polémica política porque durante su más de medio siglo de vigencia solo en ocho ocasiones sucesivos Ejecutivos han desclasificado documentos secretos.

Muchos globos sonda

Muchos han sido los globos sonda, el último en agosto de 2022, cuando se aseguró que el Consejo de Ministros iba a establecer plazos de desclasificación de documentos, pero muy largos: 50 años prorrogables a otros quince para los casos de especial sensibilidad «para la seguridad del Estado», como podrían ser los GAL.

Al hilo de esta información, curándose en salud, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, apuntó a que todos los plazos que establecía aquel supuesto proyecto de ley que no vio la luz eran revisables.

Hasta que los cambios legislativos se acometan finalmente, para encontrar luz al respecto habrá que recurrir a documentos secretos ya revelados en otros Estados, como es el caso de los papeles de la CIA desclasificados en Estados Unidos y que apuntaban a Felipe González como la persona que avaló al menos la creación de los GAL. «Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas», puede leerse en uno de ellos, que trascendió en 2020.

El levantamiento de secretos oficiales es vista hoy por muchas víctimas vascas de guerra sucia como la posibilidad más factible de llegar a conocer la verdad de estos casos, dada la inacción judicial mantenida en las últimas décadas.