En un auto, la Audiencia Nacional, que aún tiene que resolver otro recurso similar del abogado Gonzalo Boye en representación de la Asociación Observatori DESC, ratifica la decisión del juez Santiago Pedraz de dar carpetazo a esta pieza derivada del caso de los «papeles de Bárcenas», al considerar que «no existen indicios que permitan establecer una relación finalista entre los pagos y la adjudicación de contratos públicos».

Esta causa se abrió a raíz de las declaraciones que prestaron en 2017 en el macrojuicio de la trama Gürtel dos de los acusados: el líder de la trama, Francisco Correa, que dijo que intermedió en el pago de comisiones del 3% al PP por parte de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones, y el que fuera presidente de Constructora Hispánica, Alberto García Pozuelo, uno de los empresarios donantes que reconoció pagos al PP a cambio de obra pública.

En el juicio, ninguno de los dos, precisa la Sala apoyándose en el informe de la Fiscalía Anticorrupción oponiéndose al recurso, especificó sin embargo «hechos concretos que permitieran relacionar los pagos registrados con adjudicaciones públicas».

Además, cuando fueron citados ante el juez instructor a raíz de sus revelaciones, ambos se acogieron a su derecho a no declarar, y por eso, según los magistrados, no se han podio incorporar a esta causa las declaraciones que prestaron en ese juicio porque eso sería vulnerar ese derecho.

En su recurso, la dos exdiputadas del PSOE consideraban por contra que hay indicios suficientes para enviar a juicio las «irregularidades» detectadas en procesos de contratación, «la relación directa, continua y personal» entre los empresarios que resultaban adjudicatarios y el entonces tesorero del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta; o la «relación cronológica entre las donaciones» recibidas por el partido y las adjudicaciones realizadas por administraciones gobernadas por el mismo.

A este respecto, el auto recuerda que la financiación irregular no era delito en las fechas en las que se produjeron los hechos investigados y solo la acreditación de que las donaciones fueron con la finalidad de obtener adjudicaciones públicas a cambio «podría revelar la existencia de delitos de cohecho o tráfico de influencia».

Sin embargo, la Sala, tras repasar la jurisprudencia relativa a esos dos delitos, sostiene que en este caso no ha quedado acreditado ni «el concierto defraudatorio con funcionarios públicos» ni «el uso de artificios para obtener su favorecimiento».