El Parlamento de Gasteiz ha aprobado este jueves la propuesta de Elkarrekin Podemos-IU para instar «a las Cortes Generales a que suspendan de manera inmediata la prestación económica mensual que recibe Ricardo García Damborenea, ya que supone un ataque contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo».

Tan solo EH Bildu ha votado a favor. Pero ello ha sido en este caso suficiente para que la propuesta fuera aprobada, puesto que el PNV se ha abstenido. Vox, PP+Cs y PSE la han rechazado, pero su unión ha quedado muy lejos de poder evitar la petición.

En todo caso, hay que constatar que tanto PNV como EH Bildu han criticado que además de llevar esta propuesta el Parlamento de Gasteiz, Unidas Podamos no haya sido más proactiva en el Congreso de los Diputados. Tres diputados han presentado un «escrito de trámite» ante la Mesa de las Cortes, pero esto no se ha concretado ni se ha pedido la reunión de dicha mesa conjunta.

Josu Estarrona, de EH Bildu, ha apuntado que si no van más allá en Madrid daría la impresión de que Elkarrekin Podemos-IU solo pretende dar un golpe de efecto, pero que pese a ello votarían a favor. Iñigo Iturrate, del PNV, ha anunciado la abstención, entre otras cosas porque su grupo no aceptaría que otra institución «nos dijera al Parlamento lo que debemos hacer». Ha sido más duro al finalizar irónicamente pidiendo a los interventores de cuentas que los gastos de la sesión plenaria se imputaran a la campaña electoral de la coalición morada.

«Ni siquiera cumple los requisitos»

La portavoz del grupo Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha denunciado que, por un lado, Ricardo García Damborenea no cumple los requisitos estrictos para la concesión de esta pensión, por lo que atribuye la concesión a una decisión política.

Pero, lo más importante, es que fue condenado a siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, aunque no cumplió más que dos meses, porque fue indultado. Por ello, Gorrotxategi ha subrayado que «habida cuenta de la participación de este hombre en el terrorismo de Estado, esta prestación supone una humillación para las victimas». A lo que ha añadido que «es inaceptable que las Cortes Generales abonen una prestación económica a una persona que cometió graves delitos siendo diputado».

Ha justificado la presentación de la iniciativa en el Parlamento de Gasteiz en que fue en Euskal Herria donde se centró la actividad de la «organización criminal» de los GAL.

La parlamentaria ultraderechista Amaia Martínez, de Vox, ha criticado al grupo proponente que no se muestre en contra de todas estas pensiones vitalicias a parlamentarios después de haber estado «cobrando sin hacer nada», y que se fije en García Damborenea y «no se sonroje en apoyar iniciativas de otros que todavía no han condenado el terrorismo».

Por el grupo PP+Cs ha intervenido Luis Ignacio Gordillo, quien ha recordado que Ricardo García Damborenea fue indultado, por lo que la iniciativa se podía entender como una venganza. Ha subrayado que la opinión ética sobre el comportamiento de una persona no puede afectar a que cobre o no una pensión. Y también ha reprochado a EP-IU que tengan normalizada su relación con «quienes no han condenado a ETA».

PSE: «Pena de muerte civil»

Miren Gallastegi, del PSE, ha considerado que la propuesta invade competencias de las Cortes y lo ha atribuido a un interés de Elkarrekin Podemos-IU de hacer algo ante las últimas declaraciones del exministro y también condenado e indultado José Barrionuevo, cuyas palabras fueron duramente criticadas por Eneko Andueza, según ha recordado. También ha defendido el «derecho» de García Damborenea a cobrar esta pensión, pese a haber sido condenado por «un delito odioso». Y lo ha comparado con los presos de ETA que también cobran prestaciones al salir de prisión u otros participan de la vida política e institucional. En su réplica, Miren Gallastegi ha acusado a Elkerrekin Podemos-IU de estar a favor de la «pena de muerte civil» de algunos condenados.

Josu Estarrona, de EH Bildu, ha recordado que ha trascendido que Ricardo García Damborenea, aún sabiendo que al secuestrar a Segundo Marey se habían equivocado pues no era el objetivo previsto, no tuvo empacho en amenazar a las autoridades francesas con matarlo si no entregaban a otros policías detenidos en otra operación ilegal. Ha incidido en que ha declarado que volvería a hacer lo que hizo con los GAL y se ha preguntado si las prebendas que cobra del Estado no serán para que no tire de la manta.

El jeltzale Iñigo Iturrate ha dicho no saber qué hacían en el Parlamento de Gasteiz cuando dicho debate no se ha llevado Congreso. Ha asegurado que no le gusta que Ricardo García Damborenea esté cobrando esa pensión de las Cortes lo que no es bueno ni para la convivencia ni para el respeto a las víctimas. Pero ha entendido también que todas las personas tienen sus derechos.

Sobre el supuesto derecho que asiste a García Damborenea al cobro de esta prestación, la proponente Miren Gorrotxategi ha defendido que esta pensión no es un derecho sino una decisión política que además debiera ser justificada. Ha subrayado que «no estamos hablando de quitar un derecho a nadie, sino de que un terrorista de Estado esté cobrando del Estado cuando no cumple siquiera el requisito para recibir ese dinero».

Finalmente, el voto a favor de Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, junto a la abstención del PNV, han permitido sacar adelante la propuesta, pese al rechazo de PSE, PP+Cs y Vox.