César Robles, analista de la realidad peruana en varias publicaciones internacionales además de reportero del “Diario Uno”, habla por teléfono con GARA tras regresar de un viaje por el país para conocer de primera mano el nivel de hartazgo de la población con los políticos, la podredumbre de un régimen cívico-militar racista y la ira que ha prendido sin control en las comunidades indígenas. Por eso, señala con toda franqueza: «La sublevación tiene una agenda política nítida, pero la falta de liderazgo dificulta su evolución en el tiempo».

La represión del Ejército no es la misma en Lima que en regiones del altiplano y la Amazonía dónde disparan a matar. ¿Por qué?

Porque para la élite blanca, la vida de un cholo, de un serrano, vale menos que la de un limeño. Este es un país estructuralmente racista y clasista. Entonces, la estrategia del Gobierno es tratar de que en Lima no se produzcan las explosiones de violencia que se han desatado en las regiones amazónicas o en el altiplano de mayoría indígena donde la Policía y el Ejército disparan prácticamente a matar. En Juliaca, la ciudad más poblada de Puno, al sur del país, hubo 17 fallecidos en un solo día. Sin embargo, en Lima solo se ha registrado una muerte tras dos semanas de marchas.

¿Qué salidas contempla a esta profunda crisis?

Solo hay una: convocar un proceso constituyente que discuta un nuevo pacto social que refleje la realidad plurinacional de Perú y ponga fin a 30 años de injusticia neoliberal.

Pero el Gobierno y el Congreso se niegan a discutir esa posibilidad.

Pero no hay otra forma de solucionar esta crisis. La intención de [Dina] Boluarte es adelantar las elecciones a octubre y facultar a la comisión constitucional del Congreso para que reforme parcial o totalmente la Constitución fujimorista, algo que ya puede hacer si fuera su deseo. Pero esa no es la demanda de la calle. La gente exige elaborar un nuevo pacto social a través de una Asamblea Constituyente.

¿Cree que las élites gobernantes y los oligarcas aceptarán esta demanda?

Hay un rechazo frontal de la derecha a esta demanda, pero lo real y concreto es que el país ya no puede seguir como está. Y esto ha quedado expresado en una agenda netamente política propuesta por sectores de izquierda y movimientos populares para refundar el país y avanzar hacia una Segunda República. A la gente ya no le interesan las convocatorias que propone el Gobierno para dialogar sobre el saneamiento de agua u otros servicios básicos. Eso está superado. Se acabó. Ya no es importante en el imaginario de la mayoría de la población. Hoy, la agenda es política aunque la oligarquía siga sin entenderlo. O mejor dicho, lo entiende muy bien, pero no quiere perder sus privilegios.

La sublevación crece en intensidad y en número, pero carece de un liderazgo político.

Esa es la gran dificultad que intentan aprovechar los sectores conservadores y derechistas que dirigen el Gobierno cívico-militar de Boluarte. Es cierto que las demandas contienen un nítido ideario de izquierda, pero, a diferencia de la marcha de los Cuatro Suyos que marcó el principio del fin de [Alberto] Fujimori, no hay una dirección centralizada ni un liderazgo político. Es más una reacción a la indignación general. Acabo de regresar de Puno y los principales actores de la protesta no se sienten representados por ninguna dirección formal. Ni de partidos, ni de gremios. De nadie. Carecen de brazos comunicantes orgánicos. Eso, en mi opinión, es preocupante. Todo suma, pero tanta dispersión dificulta predecir cómo será su evolución en el tiempo. Creo que los liderazgos irán surgiendo de la propia acción del movimiento, que ya ha comenzado a desbrozar los ejes comunes de la plataforma: renuncia de Boluarte, elecciones y proceso constituyente. En ese camino está logrando que más actores se adhieran a la causa.

«Solo hay una: convocar un proceso constituyente que discuta un nuevo pacto social que refleje la realidad plurinacional de Perú y ponga fin a 30 años de injusticia neoliberal»

La jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, no ha disimulado el interés de su país por controlar el triangulo del litio que comprende Argentina, Chile y Bolivia, incluida la región peruana de Puno que ya ha sido militarizada. ¿Boluarte es la garantía que necesita EEUU para explotar los recursos naturales?

No solamente es la cuestión del litio. Hay muchos minerales más. Durante la época de Fujimori se creó la figura de los contratos-ley entre Estado y empresas privadas para explotar los recursos que Perú almacena en el subsuelo. Se firmaron decenas de ellos, la mayoría con empresas estadounidenses y casi todos han sido lesivos para el país. Esos contratos vencen este año y el Gobierno debe renegociarlos. Y aquí está uno de los principales motivos que ha animado a las Fuerzas Armadas y a los grupos de derecha a sostener a Dina Boluarte. A los dueños del Perú solo les interesa que no se modifique el capítulo económico de la Constitución fujimorista de 1993, que contempla la prioridad en el pago de la deuda externa, esos contratos-ley que permiten a las multinacionales el saqueo de nuestras materias primas y que consagra el Estado mínimo y que todo esté privatizado. Da igual que el país caiga en el caos, que haya seis presidentes en seis años, que Boluarte tenga un 80% de desaprobación y que los congresistas no renuncien.

Pedro Castillo amagó con revisar esas concesiones a las grandes mineras y petroleras extranjeras. ¿Pudo eso decidir su derrocamiento?

A Pedro Castillo hay que cogerle con pinzas porque cuando habló de renegociar el contrato con la empresa que gestiona los yacimientos de Camisea y mostró su firme decisión de elaborar un proyecto de ley para llevar su gas a todos los puntos del país, nunca lo hizo. Ni lo intentó. Pese a todas las dificultades y mentiras que las élites blancas fabricaron desde el primer minuto en torno a su figura de maestro humilde, Castillo ha sido una amalgama de populismo. Personalmente, no creo en todo lo que dijo porque ni formó un Gobierno de izquierdas ni popular. Por eso mucha gente que hoy marcha contra Boluarte ya no pide expresamente su restitución. Entre otras cosas, porque hay indicios de que su Gabinete hizo malos manejos de dinero público. Lo que los manifestantes exigen para Pedro Castillo es un procedimiento legal que garantice sus derechos civiles.

La derecha peruana y la propia Dina Boluarte han acusado a Bolivia de injerencia y de armar a los sublevados en el departamento fronterizo de Puno. ¿Qué veracidad concede a estas denuncias?

Ninguna. Todas son falsas. El mismo diario “El Comercio”, un periódico nada sospechoso de apoyar las movilizaciones, publicó la semana pasada que las filtraciones sobre la incautación de armamento procedente de Bolivia en enero de este mismo año se produjo, en realidad, en septiembre del 2020 dentro del territorio boliviano, a 500 kilómetros de la frontera. Y era un tráfico de armamento perpetrado por delincuentes. Pero aún más grave me parecen las acusaciones de Boluarte contra los Ponchos Rojos, grupo indígena boliviano de origen ancestral e ideológicamente próximo a Evo Morales, por ayudar a los aimaras peruanos. Solo por decirlo demuestra su profundo desconocimiento del país y, además, ha creado una profunda irritación en las comunidades indígenas.

¿Por qué?

Porque las comunidades aimaras del Perú son económicamente muy pudientes. Son dueños de sus recursos y actúan en comunidad para poder financiar los desplazamientos de sus comuneros a la capital para negociar sus asuntos, incluso comprometiendo a sus propios pequeños empresarios. Conozco muy bien esa zona. Es un grupo que está muy unido por cuestiones ancestrales e identitarias y hoy está con el orgullo herido. Por eso han reaccionado de la manera que todos estamos viendo contra Lima.

«Quizá podamos avanzar hacia la constitución de un Estado federal, pero no será de manera inmediata. Es muy complicado hacerlo dentro de una división como la actual»

Uno de los calificativos habituales de la derecha para descreditar las movilizaciones es el «terruqueo», el término que utilizaban para referirse al «terrorismo» de Sendero Luminoso.

Exactamente. Parte de la dinámica represiva contra quienes se manifiestan o critican a Boluarte y a su Gobierno cívico-militar es mantener bien engrasado ese concepto, que consiste en revivir perpetuamente el monstruito del terrorismo para justificar así la violencia del Estado. Juegan con el negro papel de Sendero para acusar a todos los manifestantes de delincuentes subversivos aunque luego alardean de haberlos borrado de la faz de la tierra en la época de Fujimori. Han pasado 30 años de aquello, pero siguen sin desactivar la dirección y las leyes antiterroristas del fujimorismo. Las mismas que ahora están utilizando para embridar y detener a dirigentes sociales y populares. En Perú es muy fácil acusar a alguien de apología del terrorismo y condenarlo a 20 años de prisión.

En el caso de que las élites gobernantes sigan bloqueando el proceso constituyente, ¿cabe la posibilidad de que departamentos amazónicos como Loreto o del altiplano como Puno puedan declarar su independencia de Lima?

Es cierto que algunos han hablado de esa posibilidad, pero es más un lema agitador que una meta porque objetivamente ni es posible ni deseable. Apelan a una vieja reclamación que estuvo presente en los tiempos de la fundación de la República y en los intentos de federalizar el país ante las grandes diferencias en la composición geográfica y política entre el sur y el norte. Hubo experiencias, como la del general Andrés Santa Cruz, pero hoy es impensable. Quizá podamos avanzar hacia la constitución de un Estado federal, pero no será de manera inmediata. Es muy complicado hacerlo dentro de una división como la actual.

En la última cumbre de la Celac, varios dirigentes latinoamericanos criticaron con dureza la represión del Ejecutivo de Boluarte. ¿Qué consecuencias puede tener para Perú?

El posicionamiento oficial de dirigentes como Boric, AMLO y otras naciones vecinas es muy positivo porque se empieza a visibilizar la política internacional peruana, que ha llamado a consulta a prácticamente todos sus embajadores en Latinoamérica, mientras aumentan la presión para buscar una salida política. Si continúa, los plazos de este Gobierno cívico-militar pueden ser más cortos.