El Tribunal Supremo español ha rechazado rebajar la pena por el delito de malversación dictada contra Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva, y mantiene la inhabilitación hasta el año 2031 en el caso de los dos primeros, y hasta el año 2030 en el de Turull y Romeva.

La Sala Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, ha tomado esta decisión tras revisar la sentencia dictada en la causa del procés el 14 de octubre de 2019 ante la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y modifica los delitos de malversación y desórdenes públicos.

Además, el tribunal ha considerado a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart autores de un delito de desórdenes públicos, y a Carmen Forcadell, Josep Rull y Joaquín Forn de un delito de desobediencia. En su caso la entrada en vigor de la reforma de 2022 implica la extinción total de la pena a inhabilitación.

Críticas a la reforma penal

Cabe señalar que la Sala censura la derogación del delito de sedición, que «como venimos insistiendo, enriquecía los actos ejecutivos con la voluntad de promover la inobservancia de las leyes o el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Ahora el tipo subjetivo queda reducido a la voluntad de ‘atentar contra la paz pública’». 

Considera que, «existe un espacio que puede alojar en el futuro conductas gravemente atentatorias al sistema constitucional, en el que la observancia de las leyes y el incumplimiento de las resoluciones judiciales, si no fueran acompañados de una violencia preordenada a esos fines o no implicaran actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas quedarían impunes».

«La deslealtad constitucional y el menosprecio a las bases de la convivencia, incluso cuando fueran seguidos de un alzamiento público y tumultuario, no necesariamente violento, no serían susceptibles de tratamiento penal. En otras palabras, la creación de un marco normativo de ruptura territorial que preparara la secesión de una parte del territorio del Estado, incluso acompañada de actos multitudinarios que condujeran a la inobservancia generalizada de las leyes y al incumplimiento de las decisiones gubernativas o jurisdiccionales que intentaran ponerle término, serían ajenas a la intervención del derecho penal», añade.

En cuanto a la malversación, asevera que «sería contrario a la más elemental lógica jurídica entender que quien hace suyos los fondos públicos incurre en una pena que puede llegar a los 8 años de prisión y quien los destina a una actividad delictiva o antijurídica –en nuestro caso, la celebración de un referéndum prohibido judicialmente– pueda ser castigado con una pena de multa».

«Nos veremos en Europa»

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha explicado este mismo lunes que presentará recurso contra la resolución del Tribunal Supremo. «Presentaremos los recursos que sean posibles. Nos veremos en Europa. Es donde hay justicia con mayúsculas y no venganza, que es lo que encontramos en la cúpula judicial española», ha asegurado Turull, que ha reiterado que no buscan ni trabajan por soluciones personales.

«Nada ha cambiado. El TS sigue haciendo de legislador, opinador político y de justiciero», ha lamentado el dirigente de Junts, tras rechazar una reforma penal que, a su juicio, sigue criminalizando el 1-O.

Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha criticado la «voluntad de criminalización» del Tribunal Supremo al aplicar la reforma del Código Penal. «Como era previsible, solo hemos corregido el Código Penal, no la voluntad de criminalización de algunos a la hora de aplicarlo», ha reprochado este lunes la dirigente republicana en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Asimismo, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que ve «voluntad de venganza» en la resolución y se ha mostrado convencido de que los tribunales europeos lo corregirán. Ha añadido que han utilizado las herramientas que tienen a su alcance para «reducir la capacidad represiva» del Estado, pero ha recordado que ellos no son jueces.