Una jornada maratoniana, cargada de tensión y con la mirada puesta en el reloj.

Los diputados franceses debaten desde las 9.00 las casi dos mil enmiendas que separan al Parlamento de un voto sobre el artículo 7 de la Reforma del Sistema de Pensiones, el capítulo que recoge el alargamiento en dos años de la edad de jubilación al que aspira Emmanuel Macron.

El miércoles la izquierda aligeró el debate de enmiendas, retirando centenares de propuestas. Sin embargo, Jean-Luc Mélenchon, que acudió el jueves a un acto en Montpellier, advirtió de la inconveniencia de ir, sin gran debate, a votar el artículo 7, dando a entender que una derrota en el voto podría desmovilizar a quienes ese mismo día volvieron a marchar en las calles.

Un mensaje en redes sociales que dejaba al descubierto la diferencia de estrategia, máxime si se tiene en cuenta que la mayoría sindical, que el 16 de febrero volvió a reunir a centenares de miles de manifestantes en las calles, había reclamado que no se obstruyera el voto.

Reparto de riqueza y fiscalidad sobre superbeneficios

Esta mañana, la exportavoz de Attac, y ahora diputada de la France Insoumise (LFI), Aurélie Trouvé, ha aclarado, al tiempo que defendía una enmienda por la que se propone aumentar la fiscalidad sobre los superdividendos, que no habrá una retirada masiva de enmiendas.

Ello porque, según ha argumentado, la aspiración de la alianza de izquierda Nupes es que no se hurte el debate sobre cuestiones claves como el reparto de la riqueza, la fiscalización de los superbeneficios o las condiciones de trabajo en las plataformas.

Sin embargo, periodistas acreditados en la Cámara daban cuenta, a primera hora de la tarde, de la retirada de «otras  500 enmiendas» por la izquierda.

El ministro portavoz, Gabriel Attal, ha respondido a la diputada Trouvé que «basta con una moción para hablar de los beneficios de las grandes corporaciones, pero su grupo ha presentado 400».

Así las cosas, desde la bancada de la ultraderecha el diputado Hadrien Clouet se ha disfrazado de centrista y ha acusado a la izquierda de obstruir y al macronismo de engañar, barriendo luego para casa al proponer al hemiciclo votar la moción de censura que ha presentado Rassemblement National (RN) para encumbrarse como única oposición, aunque su implicación efectiva en las dos semanas de debate haya sido minimalista.

Ese texto, que será derrotado, puede votarse, según algunas fuentes parlamentarias, una vez cerrado el periodo de sesiones, a eso de las 2.00-3.00 de la madrugada.

¿Se votará al menos el artículo 7?

El cruce dialéctico entre la izquierda y el campo presidencial ha sido una constante durante los nueve días de debate efectivo, y ha vuelto a marcar el tono de una sesión que previsiblemente acabará sin voto.

Haría falta un milagro para despejar todas las enmiendas y votar la veintena de puntos del texto. La sesión se ha interrumpido a las 13.00 y los parlamentarios han retomado el debate a las 15.00.

El único interrogante que persiste es si en las horas que quedan hasta que suene la campanada final alcanzarán a pronunciarse sobre el fatídico artículo 7.

Tras el anuncio de la Nupes hasta eso suena a imposible. El grupo de la izquierda ha propuesto ampliar las sesiones de debate, pero su la iniciativa no ha encontrado respuesta.

Obstruccionismo y uso torticero del reglamento

Así las cosas, se puede dar por sentado que las soflamas contra «el obstruccionismo de la izquierda» van a sonar alto y fuerte en las horas finales del debate en la Asamblea Nacional.

Tratando de ocultar el hecho de que fue el Gobierno de Emmanuel Macron el que recurrió a la maniobra de registrar el proyecto de ley de reforma de pensiones como una mera rectificación de las Cuentas de la Seguridad Social para acogerse al artículo 47.1.

Ese mecanismo habilita un trámite acotado a 60 días. La Asamblea Nacional agotará, así, a la medianoche de este 17 de febrero, ese periodo de debate limitado que se le ha impuesto, dejando el texto en manos del Senado -con mayoría de derecha- para otras dos semanas de debate.

El bloqueo del 7 de marzo

Si tampoco la Cámara Alta lograra votar el proyecto de ley, el 4 de marzo se reuniría una comisión paritaria, con la misión de consensuar un texto.

Esa labor conjunta de parlamentarios y senadores se produciría, llegado el caso, en un contexto social caliente, ya que los sindicatos anuncian que «pararán el país» el 7 de marzo.

Desde ese día se anuncian paros en el transporte urbano parisino (RATP) o las refinerías, mientras que los bloqueos podrían condicionar otros sectores económicos estratégicos.

Si la comisión paritaria no se pone de acuerdo sobre un texto que pueda disponer del apoyo necesario para ir a una votación -que debería llegar antes del 26 de marzo-, Elisabeth Borne podría acudir a la Cámara para pulsar directamente el botón de otro artículo de la Constitución, el 49.3, que le permitiría aprobar por decreto una reforma que rechazan, según los sondeos, siete de cada diez ciudadanos.