La responsabilidad de la Fiscalía en la obstrucción al tercer grado para los presos y presas de EPPK es destacada por Behatokia en el informe presentado este viernes en Bilbo por Aitzol Asla, Agus Hernán y Teresa Toda. Este es, además, su último monográfico, puesto que se trata una entidad emanada del Foro Social Permanente, que pone fin a su trayectoria este próximo marzo.

El trabajo tiene unas 40 páginas, por lo que incluye numerosos datos y conclusiones jurídicas. A nivel cuantitativo, se constata que 24 de los 32 terceros grados concedidos por el Gobierno de Lakua tras la asunción de la transferencia en octubre de 2021 han sido recurridos por la Fiscalía, si bien la cifra debe ser matizada por una circunstancia agravante: esta dinámica ha ido «in crescendo», de modo que las últimas ocho resoluciones dictadas en octubre y noviembre pasado han sido impugnadas.

Ello se ha traducido en el reingreso en prisión de diez personas que estaban en tercer grado, según este informe fechado el 17 de febrero de 2023 (posteriormente ha habido un par de casos más, el de Asier Karrera y el de Ainhoa Barbarin).

Los juristas de Behatokia apuntan a la evidente intencionalidad de esta maniobra en este extracto del informe: «Sin lugar a dudas, podemos afirmar que, por ejemplo, la Fiscalía adscrita al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbo no recurre el 75% de las progresiones acordadas por este mismo Gobierno Vasco tras las propuestas de las Juntas de los tres centros penitenciarios [Martutene, Basauri y Zaballa]. No resulta sensato pensar que una Administración pueda errar de una manera tan permanente en la toma de sus posiciones».

Fuera del foco de la CAV, en Nafarroa el problema es otro: la Junta de Tratamiento de la cárcel de Iruñea no ha propuesto un solo tercer grado a estos presos

El cuadro se completa con otro dato importante que no ha tenido tanto eco mediático como el de la CAV: en Nafarroa cualquier posibilidad de tercer grado debe ser resuelta por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno español, pero no se ha producido esta circunstancia dado que «por las razones que fuere, en este centro la Junta de Tratamiento no ha hecho aún ni una sola propuesta de progresión de grado».

Juntas y Fiscalía, la cara y la cruz

En la parte cualitativa, el informe contrasta la exhaustividad del trabajo técnico que lleva a proponer los terceros grados frente al modo arbitrario y cargado de excepcionalidades que usan Fiscalía y Audiencia Nacional para trabarlo.

Las decisiones de Lakua ocupan ocho o diez páginas y abordan todos los extremos, mientras que la Fiscalía recurre a tergiversaciones de los preceptos legales

Así, Behatokia subraya que «las decisiones del Gobierno Vasco no están siendo un mero trámite», sino que los acuerdos «suelen presentar una extensión considerable (alrededor de ocho o diez páginas), abordan y valoran los diferentes extremos que la Ley General de Ordenación Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario consideran exigibles para acceder al tercer grado, y recogen detalles concretos, particulares, del expediente remitido por el centro penitenciario».

Previamente, la persona presa «tiene un comportamiento que es observado directamente por el personal del equipo técnico (habitualmente educadora, trabajadora social y sicóloga), con quienes, además, esa persona presa interactúa (conversa con ellas...)». Y tras ello, «en la inmensa mayoría de los casos la propuesta de que accedan al tercer grado se hace por unanimidad de la Junta de Tratamiento, normalmente compuesta por entre seis y ocho personas».

Pero entonces llega la Fiscalía, cuya actitud define Behatokia como «obstructiva, obstinada, y que en un plazo de diez meses ha ido además in crescendo». Añade que el problema de fondo se sitúa en «la intromisión del Derecho Penal y la legislación antiterrorista en el mundo del ámbito penitenciario», y señala en concreto a la ley 7/2003 del Gobierno de José María Aznar, que sigue vigente pese a una situación radicalmente distinta.

Entrando en detalles, estos juristas desmontan argumentos de la Fiscalía contra el tercer grado, como «la falta de disfrute de permisos de manera previa», puesto que son los propios tribunales los que se los deniegan a estos presos. Sobre las alegaciones que tienen que ver con el pago de responsabilidades civiles, que la Fiscalía tilda de «absolutamente menores», Behatokia recuerda que son personas que llevan 15, 20 o más años en prisión, sin ingresos y con sus bienes embargados, por lo que «no se les puede exigir, por imposible, que hagan pagos mayores».

Entra luego en el eje principal de los recursos, que es la tergiversación del requisito legal de que la persona presa «muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios terroristas». Para Behatokia, el Ministerio Público «desprecia, no valora, la tercera de las formas que la norma señala como sistema de acreditación. Es decir, los informes elaborados por el personal técnico, a los que frecuentemente ni se refiere, o señala que deben constreñirse a constatar que el escrito de repudio o de petición de perdón existe o no existe, y en dichos precios términos».

Behatokia: «Doce años después del fin efectivo de ETA, nadie sensato se atrevería a decir que existe riesgo de reincidencia (...) o que el principio retributivo no se ha cumplido»

Abundando en ello, los escritos presentados por estos presos y presas «resultan insuficientes para el Ministerio Fiscal, que considera irrelevantes las expresiones de respeto o empatía» y exige términos como «repudio y perdón», así como que «se identifique de manera nominal a las víctimas».

A ello se le ha sumado desde el 15 de diciembre pasado la doctrina del Supremo que establece una suspensión cautelar de la salida de prisión cuando se haya presentado recurso, lo que supone una nueva vuelta de tuerca que Behatokia también cuestiona.

Frente a ello, el informe presentado por Asla, Toda y Hernán concluye que «han pasado doce años desde el fin efectivo de ETA. Nadie sensato se atrevería a decir que existe, en estas personas, riesgo alguno de reincidencia. Todas sabemos que tampoco se van a fugar. Y tampoco es previsible que nadie, de manera sensata, se atreva a decir que el principio retributivo no se ha cumplido».

Las cifras generales

Ampliando la perspectiva, el informe incluye datos generales de situación que muestran una mejora evidente respecto al primer trabajo de Behatokia, en junio de 2020 (este trabajo es el sexto). A fecha de 17 de febrero había 169 presos y presas de EPPK, además de otras 15 «personas presas por delitos de motivación política que por diversos motivos no están en EPPK (Vía Nanclares, ATA y otros)».

De ellos, 122 están en segundo grado y 28 en tercero (entre estos, diez con pulsera telemática). Hay doce personas en libertad condicional. Por lo que respecta al cumplimiento de condena, 29 tienen un cuarto superado (por lo que tendrían opción a permisos), 66 han superado la mitad (por lo que les correspondería el tercer grado si cumplen el resto de requisitos) y 43 han pasado ya los tres cuartos (plazo para libertad condicional).

En el primer informe había 194 presos en el Estado español fuera de Euskal Herria; ahora son 5. Y el número de encarcelados en el francés ha bajado de 34 a 13

El mayor contraste respecto al primer informe se produce obviamente en lo que atañe a su ubicación geográfica. Hoy solo quedan cinco presos fuera de Euskal Herria en lo que respecta al Estado español, cuando en 2020 eran 194 (casi todas en primer grado y muchas en aislamiento). En cuanto al Estado francés, entonces había 34 personas prisioneras y ahora son 13.

«El cambio en la situación es irrefutable, notable, tanto para presas y presos como para sus familiares y personas allegadas. Y también para la sociedad», remarca Behatokia.