Este 2023 se cumplirán ya cinco años desde que PNV y EH Bildu pactaron las bases para un Nuevo Estatus, descafeinadas luego por la formación jelkide al mismo tiempo que el proceso pasaba a quedar hibernado. Así que casi ha resultado sorprendente que esta semana dos dirigentes del partido, Andoni Ortuzar e Itxaso Atutxa, se refirieran a él. Cabe matizar que ha sido por interpelación externa, en dos foros diferentes, en Catalunya y Euskal Herria. En ambos casos se ha palpado falta de voluntad para reactivar el intento, y también que no hay un argumentario claro para explicar este parón.

Así, mientras en un acto el viernes en Barcelona el presidente del EBB insistió en culpar a un supuesto desacuerdo en el Parlamento de Gasteiz, este domingo en una entrevista a Radio Euskadi la máxima dirigente del BBB ha considerado que el problema principal está en que «no hay agua en la piscina» de Madrid.

Ambos coinciden, eso sí, en evitar la terminología de Nuevo Estatus y hablar únicamente de «reforma estatutaria». Una rebaja conceptual cargada de ambigüedad, porque en el mejor de los casos sería la fórmula técnica de tramitar ese nuevo estatus, pero en el peor supondría entrar en un mero maquillaje alejado de aquellas bases pactadas en 2018. Esto último es obviamente lo que desearía el PSE, aunque sin el apoyo de EH Bildu su apoyo sería muy insuficiente, por debajo incluso del Estatuto de Gernika de 1979, algo que el PNV ve condición «sine qua non» para avanzar.

Primero fue Ortuzar quien tuvo que hablar del tema en un foro de ‘La Vanguardia’, titulado ‘Un horizonte posible para el reconocimiento nacional de Catalunya y Euskadi’. Se reunió a escucharle, por cierto, una amplia representación de líderes catalanes, independentistas y unionistas, como el conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano; el líder del PSC, Salvador Illa; el secretario general de Junts, Jordi Turull; el candidato de Junts a la Alcaldía de Barcelona, Xavier Trias; el líder de Units per Avaçar, Ramon Espadaler; el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, entre otros.

El líder del PNV defendió allí que la capacidad de decisión debe corresponder a Euskal Herria pero que eso debe hacerse con un ejercicio «pactado primero entre vascos», antes de acudir a interpelar al Estado.

El argumento va en la línea del esgrimido por Iñigo Urkullu durante estas tres últimas legislaturas cuando se le ha reprochado este «impasse». El lehendakari de la CAV ha situado siempre la pelota en el tejado del Parlamento de Gasteiz y argumentado que no hay acuerdos suficientes por el momento, obviando aquel pacto de bases que parecía poner suelo al intento y que luego se ha ido embarrando.

Ortuzar añadió en Barcelona que la legislatura actual no ha sido normal por la centralidad adquirida por factores nuevos como la pandemia primero y la guerra en Ucrania después.

Preguntada por el mismo tema, Itxaso Atutxa ha considerado sin embargo que el proceso está parado porque la situación política en el Estado no es lo «suficientemente tranquila» como para llevarlo allí. «En este momento el agua en la piscina está bajo mínimos en el Estado», ha señalado.

Contrariamente con lo manifestado por Ortuzar, Atutxa ha dicho que «en Euskadi podemos tener ahora una situación política suficiente para tratarlo, pero esto tiene que llegar después a Madrid y en España no hay en este momento una situación política suficientemente tranquila como para abordar esto».

Asimismo, ha manifestado que se trata de una cuestión que el PNV siempre tiene en su «carpeta», pero otra cuestión es cuándo se da «un clima político y social» para poder desarrollarlo.

Las alusiones a los esquivos contextos vascos y español contrastan con los datos objetivos de representación. Si miramos a Euskal Herria, como hace Ortuzar, en esta legislatura el Parlamento de Gasteiz es más soberanista que nunca con 52 parlamentarios sobre 75 de PNV y EH Bildu, a los que se podrían sumar los 6 de EP-IU, que se declara partidario de reiniciar el debate. Son más que en cualquier otro momento histórico y también con menos contrarios acérrimos que nunca (PP-Cs y Vox suman menos del 10% de la Cámara). De hecho, en la legislatura en que se produjo el acuerdo de bases (2016-20) la suma de PNV y EH Bildu arrojaba 46 parlamentarios, seis menos.

Si apuntamos al Estado, como prefiere Atutxa, ni siquiera hacen falta números comparativos; no hay precedentes de un Gobierno de coalición entre el PSOE y una formación a su izquierda como UP, respaldado además externamente por fuerzas independentistas. Obviamente hay una importante representación de derecha y ultraderecha capaz de bloquear el intento (seguramente junto al PSOE, que ya lo hizo con el Plan Ibarretxe en 2005), pero la metáfora de la piscina sin agua se antoja excesiva.

La realidad actual que la legislatura en la CAV, tercera de Urkullu, entrará pronto en su último año sin que esta vez ni siquiera se haya conformado ponencia de autogobierno en la Cámara. Gure Esku tuvo que comparecer hace algunas semanas en otra, la de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad, para recordar que en junio del año pasado presentó una petición para reactivar el debate y no ha habido movimientos.