En el contexto de denuncia de puertas giratorias entre la Administración Pública y empresas privadas, la mayoría de ellas aprobadas y consentidas por Lakua, EH Bildu ha presentado una proposición no de ley en la que solicita la sustitución de la Comisión Ética por un nuevo órgano «compuesto por personas independientes para prevenir, detectar, analizar, investigar y resolver prácticas irregulares».

Que el pasado lunes GARA y NAIZ publicaran que el ex director general de la SPRI Alexander Arriola pasó en 24 horas de su máximo cargo en la sociedad pública a una empresa que la propia SPRI reconoció que ayudó a crear ha sacado a la luz otros cuatro casos anteriores. El Gobierno asegura que esos otros cuatro obtuvieron la pertinente autorización para dar el paso y que Arriola hizo su solicitud «en tiempo y forma» pero, por alguna razón que ahora investigan, no se le dio respuesta, lo que supuso la conformidad para el cambio.

Lo que nadie ha explicado todavía es cómo si la ley habla de un plazo de un mes Arriola pudo pasar de la SPRI a Eurocybcar en 24 horas. Por otra parte, esas solicitudes se tienen que hacer durante los dos años siguientes a ser cesado, y en ese periodo el ex director general de la sociedad pública ha pasado por tres empresas privadas. Ni el portavoz Bingen Zupiria, en rueda de prensa, ni la consejera Arantxa Tapia, entrevistada en Radio Euskadi, mencionaron esas otras dos peticiones que debió haber hecho.

«No sirve»

Ante todo ello, los grupos de la oposición en el Parlamento de Gasteiz están llamando la atención sobre la laxitud con la que el Gobierno aprueba estas puertas giratorias. El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona ha anunciado hoy la presentación de una proposición de ley para disolver la Comisión de Ética Pública y sustituila por otro órgano que sea realmente eficaz.

Estarrona ha destacado que «en opinión de EH Bildu, lo que queda claro es que la Comisión de Ética no sirve para nada. No es un mecanismo para detectar prácticas irregulares ni para poner trabas a redes clientelares y puertas giratorias. Más bien, sirve para legitimarlas». Y ha incidido en que «hasta ahora la única función de la Comisión de Ética ha sido justificar la actuación del Gobierno en este tipo de casos para dar una apariencia de corrección ética a sus decisiones. Más que una Comisión de Ética es una Comisión de Estética».

Por esa razón, proponen que «en su lugar se cree un nuevo órgano compuesto por personas independientes para prevenir, detectar, analizar, investigar y resolver prácticas irregulares garantizando siempre el anonimato de las personas denunciantes, que es algo que tampoco se cumple en la actualidad».

La importancia del anonimato de las denuncias

Como se puede leer, en la rueda de prensa, Josu Estarrona ha hecho mención a que la Comisión Ética parece no estar garantizando el anonimato de quienes les exponen quejas o denuncias. También en la proposición no de ley se puede leer la demanda de que el Parlamento exprese «su preocupación por que no esté garantizado el principio básico de anonimato de las personas que formulan observaciones, consultas, quejas o denuncias»

Y la proposición de EH Bildu además «exige a las instituciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y al Gobierno el estricto cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas informantes de las infracciones».

Garamendi no responde una pregunta directa

El propio Josu Estarrona preguntó recientemente a la consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi, si está garantizado el «anonimato de las personas que formulan observaciones, consultas, quejas o denuncias presentadas ante la Comisión de Ética Pública», puesto que lo considera que «es un principio básico». Pero fue más allá y pidió saber si la persona denunciada conoce la identidad del denunciante y «en su caso, ¿tiene la consejera conocimiento de algún caso en que se haya roto dicho anonimato?».

Esta última pregunta directa parece dar a entender que el parlamentario de EH Bildu tiene alguna información sobre la materia, pero la respuesta de la consejera no ha entrado en ello. Replica lo que dice la normativa, como que «los miembros de la Comisión de Ética Pública están obligados a guardar secreto sobre toda la información de la que hayan tenido conocimiento durante el ejercicio de sus funciones». Pero no dice nada sobre si ella misma ha tenido conocimiento de algún caso en el que se haya roto el anonimato cuando tendría fácil negarlo.