El Parlamento de Gasteiz ha rechazado una moción de EH Bildu que instaba al Gobierno de Lakua a realizar una inspección sobre los posibles «abusos» en las cláusulas de los contratos de las residencias privadas a las que los servicios públicos derivan a personas mayores.

La iniciativa de EH Bildu, que ha sido apoyada por Elkarrekin Podemos-IU, ha sido rechazada por el pleno de la Cámara, al recibir el voto en contra de PNV, PSE, PP+Cs y Vox. En su moción, la coalición soberanista reclamaba la adopción de una serie de medidas ante las «cláusulas abusivas» que establecen la residencias y viviendas comunitarias privadas para personas mayores.

Ante esta situación, EH Bildu pedía a Lakua que analizara, en un plazo de tres meses, si la práctica «generalizada» de derivar las solicitudes de acceso a residencias públicas hacia el abono de Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio (PEVS) –ayudas públicas para financiar el pago de plazas en residencias privadas– «vulnera la Ley de Servicios Sociales».

Además, en la moción se solicitaba al Ejecutivo que elaborara un estudio para «inspeccionar» los contratos de las plazas que se abonan con las PEVS en centros residenciales y viviendas comunitarias privadas para personas mayores. A su vez, se pedía una evaluación del «alcance y efectos» de estas cláusulas en el ejercicio del derecho a los servicios sociales.

El pleno también ha rechazado una enmienda de adición de Elkarrekin Podemos-IU al texto original de EH Bildu. A través de su enmienda, la coalición proponía instar al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales a realizar un análisis jurídico sobre «la viabilidad de introducir el mínimo de requisitos cuantitativos y cualitativos a cumplir en los contratos para la prestación del servicio de atención residen en residencias privadas y concertadas».

«Revertir la privatización»

A través de esta medida, Elkarrekin Podemos pretendía «evitar la existencia de cláusulas abusivas» en estos centros. Esta formación también trataba de instar a Lakua a «revertir progresivamente el proceso de privatización de las residencias», para lo que reclamaba una reducción de las plazas de titularidad y/o gestión privada frente a las de titularidad y gestión públicas.

Tampoco ha salido adelante una enmienda de totalidad de PP+Cs que instaba al Ejecutivo a que sus servicios de alta inspección «velen por que en los recursos residenciales, tanto públicos como privados, se cumpla la legislación vigente en los diferentes aspectos de la prestación del servicio y se garantice un servicio de calidad».

Una vez rechazadas todas las propuestas de la oposición, los grupos que conforman el Gobierno han hecho valer su mayoría en el Parlamento para aprobar su propia enmienda de totalidad. A través de este texto, se insta al Gobierno de Lakua a «seguir velando por el cumplimiento del derecho subjetivo de las personas usuarias de los servicios y prestaciones del Sistema Vasco de Servicios Sociales».

Además, la enmienda de PNV y PSE pide al Ejecutivo y al resto de instituciones con competencias en Servicios Sociales a «hacer uso de cuantas prestaciones y servicios estén contemplados en la Ley de Dependencia».

Vulneración «colectiva»

En el transcurso del debate, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha subrayado la necesidad de que la alta inspección analice si «se está vulnerando el derecho subjetivo a los servicios sociales de manera colectiva».

Por parte del PNV, Eva Juez ha reconocido que es necesario «reforzar los servicios y recursos», así como incrementar las ayudas, aunque ha lamentado que la «visión catastrofista» ofrecida por la oposición sobre los servicios sociales no se adecua a la «realidad».

La parlamentaria del PSE Gloria Sánchez ha recordado que los contratos suscritos entre una residencia privada y un usuario o la familia de este son de naturaleza privada, por lo que los eventuales abusos han de dirimirse en el ámbito «civil».

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Gustavo Angulo ha denunciado la «deriva precarizadora» del servicio de residencias de mayores, así como las «llamativa diferencias» existentes en esta materia entre territorios históricos.

La parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha criticado que la iniciativa de EH Bildu se centre en las residencias privadas con el objetivo –según ha dicho– de «demonizar» a las iniciativa privada creando una «alarma generalizada».