En el contexto de denuncia de puertas giratorias entre la Administración Pública y empresas privadas, la mayoría de ellas aprobadas y consentidas por Lakua, todos los grupos de la oposición han presentado en el Parlamento autonómico iniciativas para solicitar más explicaciones al Gobierno o para demandar medidas para que no se repitan los casos.

EH Bildu, por ejemplo, registró ayer una proposición no de ley en la que solicita la sustitución de la Comisión Ética por un nuevo órgano «compuesto por personas independientes para prevenir, detectar, analizar, investigar y resolver prácticas irregulares».

Que el pasado lunes GARA y NAIZ publicaran que el ex director general de la SPRI Alexander Arriola pasó en 24 horas de su máximo cargo en la sociedad pública a una empresa que la propia SPRI reconoció que ayudó a crear, ha sacado a la luz otros cuatro casos anteriores. El Ejecutivo asegura que esos cuatro cargos obtuvieron la pertinente autorización para dar el paso y que Arriola hizo su solicitud «en tiempo y forma», pero que, por alguna razón que ahora investigan, no se le dio respuesta, lo que supuso la conformidad para el cambio.

Lo que nadie ha explicado todavía es cómo si la ley habla de un plazo de un mes Arriola pudo pasar de la SPRI a Eurocybcar en 24 horas. Por otra parte, esas solicitudes se tienen que hacer durante los dos años siguientes a ser cesado, y en ese periodo el ex director general de la sociedad pública ha pasado por tres empresas privadas. Ni el portavoz de Lakua, Bingen Zupiria, en rueda de prensa, ni la consejera Arantxa Tapia, entrevistada en Radio Euskadi, mencionaron esas otras dos peticiones que debió haber hecho.

«La Comisión de Ética no sirve»

El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona anunció ayer la presentación de una proposición de ley para disolver la Comisión de Ética Pública y sustituirla por otro órgano que sea realmente eficaz.

Estarrona destacó que, «en opinión de EH Bildu, lo que queda claro es que la Comisión de Ética no sirve para nada. No es un mecanismo para detectar prácticas irregulares ni para poner trabas a redes clientelares y puertas giratorias. Más bien, sirve para legitimarlas». E incidió en que «hasta ahora la única función de la Comisión de Ética ha sido justificar la actuación del Gobierno en este tipo de casos para dar una apariencia de corrección ética a sus decisiones. Más que una Comisión de Ética es una Comisión de Estética», consideró.

Por esa razón, propuso que «en su lugar se cree un nuevo órgano compuesto por personas independientes para prevenir, detectar, analizar, investigar y resolver prácticas irregulares garantizando siempre el anonimato de las personas denunciantes, que es algo que tampoco se cumple en la actualidad».

Estarrona llamó la atención sobre el hecho de que todas las propuestas realizadas por EH Bildu para evitar las puertas giratorias o buscar una mayor transparencia en la Administración han sido rechazadas por PNV y PSE.

Piden la documentación

EH Bildu pidió el pasado viernes al Gobierno de Lakua «copia de la documentación relativa a la solicitud y a la autorización concedida por el Gobierno al que fuera director general del Grupo SPRI para trabajar en Eurocybcar». Y el martes, Elkarrekin Podemos-IU extendió esa petición de documentación a todos los altos cargos que «han recibido autorización expresa para no cumplir con el periodo de carencia de dos años».

Entrevistada ayer en Radio Euskadi, la portavoz morada, Miren Gorrotxategi, aseguró que «es evidente» que hay puertas giratorias en el Ejecutivo autonómico y «existen denuncias bien documentadas al respecto».

También el portavoz parlamentario del grupo PP+Cs, Carmelo Barrio, anunció que pedirá explicaciones al Gobierno de Lakua en un próximo pleno de control sobre las «puertas giratorias». Calificó de «escandaloso» que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu «incumpla sus propias normas» y manifestó que «otra forma de corrupción es no cumplir las propias leyes». «Es muy feo, está muy mal, la ciudadanía por estas cuestiones desconfía de los políticos y alguien tiene que dar explicaciones», afirmó Barrio.

Vox solicitó la comparecencia urgente de la consejera Olatz Garamendi.