1.750 millones de euros iba a costar, supuestamente, el cable submarino que doblará la capacidad de intercambios eléctricos entre el Estado español y el francés. Una macroestructura que partirá de la costa vasca y que ya acumula un retraso de tres años y un sobrecoste en torno a los 1.000 millones de euros, según la fuente que se consulte.

Los sobrecostes se deben, según las informaciones publicadas, por un lado, al cambio de trazado forzado por los pequeños movimientos sísmicos que en 2019 se registraron sobre una falla que atravesaba el proyecto original. En su momento, sin embargo, no se explicitó que dicha modificación fuese a implicar un incremento presupuestario.

Por otro lado, el encarecimiento de los materiales registrado en los últimos años por razones diversas –que van desde las restricciones pandémicas a la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia, pasando por la escasez generalizada de muchas materias–, ha elevado también las facturas, hasta situar el coste estimado entre los 2.700 y los 2.850 millones de euros, según diferentes informaciones. Todas coinciden, eso sí, en señalar, que los costes todavía pueden subir más.

La interconexión volvió a ser noticia el jueves pasado, después de que París y Madrid desbloqueasen el reparto de semejante sobrecoste, que según el acuerdo inicial entre Red Eléctrica Española (REE) y Résseau de Transport d'Électricité (RTE) recaía mayoritariamente sobre las espaldas del Estado español, a priori principal beneficiario de la nueva macroinfraestructura.

El acuerdo cerrado en 2017, además, obligaba a REE a realizar en solitario una contribución neta inicial de 875 millones de euros. Las tornas, sin embargo, han cambiado en los últimos meses, cuando el Estado francés, tradicionalmente exportador de energía eléctrica de origen nuclear, se ha visto obligado a importar grandes cantidades de electricidad de sus vecinos, debido a los problemas que arrastra su envejecido parque nuclear. Esto ha hecho que París haya volcado su interés sobre esta infraestructura y que haya accedido a repartir los costes.

Según el nuevo acuerdo, registrado la semana pasada ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comission de Régulation de l’Énergie (CRE), la aportación neta española queda eliminada y el coste del proyecto inicial queda fijado en 2.390 millones de euros, divididos a partes iguales. A partir de ahí, el sobrecoste hasta los 2.700 millones será cubierto por REE en un 62,5% y por RTE en un 37,5%. De esa cifra en adelante, todo sobrecoste adicional será cubierto por ambas partes al 50%.

Obra faraónica y polémica

La interconexión submarina a través del golfo de Bizkaia permitirá prácticamente doblar los intercambios eléctricos entre ambos Estados, que actualmente tienen una capacidad de 2,8 GW. La infraestructura en marcha consta de dos enlaces independientes, de 1 GW cada uno, por lo que una vez concluido, sus promotores defienden que el potencial intercambio se elevará casi a los 5 GW de capacidad.

La infraestructura responde, así, a los intereses consumidores del Estado francés, así como a los grandes productores eléctricos del Estado español, que prevén poder exportar más al norte. En esta visión optimista se ha enmarcado también el Gobierno de Lakua y su Ente Vasco de la Energía (EVE), en cuya dirección están representadas las dos grandes empresas con intereses en el sector: Iberdrola y Repsol.

El proyecto, sin embargo, ha generado la protesta de asociaciones ecologistas, que además del daño concreto de la infraestructra, critican el modelo que alimentan estas grandes interconexiones. En vez de apostar por la producción de la electricidad allí donde se va a consumir, favorece el impulso de grandes infraestructuras generadoras en territorios que no las necesitan, con un retorno escaso, tanto en términos económicos, como laborales, medioambientales y democráticos.