La escalada de precios en materias primas como el acero o el hormigón ha afectado a Construcciones Urrutia, que se encarga de levantar Anboto Dorrea, el edificio residencial más alto de Euskal Herria, que va a completar el skyline de Bilbo. Las obras del rascacielos de 36 plantas y 119 metros están paralizadas y la sociedad cooperativa, gestionada por el Grupo Arrasate, propietaria del terreno y promotora, busca otra empresa para reanudarlas y rescindir el contrato con la firma alavesa.

Esta torre, la quinta que se levanta en los terrenos que ocupó el cuartel de Garellano, tiene construida una estructura en torno al piso 17, por lo que queda la otra mitad del rascacielos que lleva la firma del arquitecto británico Richard Rogers, fallecido en diciembre de 2021, y levantar las paredes que dividirán las 166 viviendas previstas. Además, dispondrá de 235 plazas de aparcamiento y zona comercial, en un entorno ajardinado junto al hospital de Basurto y la estación intermodal.

Como el edificio emblemático que es, los precios van en consonancia. Oscilan entre los más de 300.000 euros y 1,5 millones de uno de los áticos. A pesar de esos precios, las viviendas han tenido una buena acogida en el mercado, habiéndose vendido el 95% de los ofertados. Quedan aún por venderse dos dúplex de las últimas plantas.

Revisión de precios

Queda por determinar cómo afectará el contrato con la nueva constructora en los precios finales del proyecto, que correría a cargo de los compradores, que son socios y promotores. No hay duda de que se elevarán esos precios ya altos, dado que el contrato de Construcciones Urrutia con la cooperativa data de finales de 2021, cuando no había arrancado la crisis motivada por la escasez de materias primas provocada por la guerra en Ucrania. La falta de solvencia para afrontar los pagos a los proveedores y a las subcontratas es la que ha motivado la paralización de las obras.

La constructora, propiedad desde julio de 2021 del grupo madrileño Urbas, un holding importante del sector inmobiliario del Estado español, ha reconocido las dificultades que atraviesa el proyecto y busca con la cooperativa una solución para salir del atolladero. El tipo de contrato suscrito a final de 2021, apuntan fuentes conocedoras del caso, impiden una revisión del precio –fijado en 36 millones de euros–, por lo que no queda otra opción que la rescisión y búsqueda de una nueva firma solvente que finalice el rascacielos lo antes posible; la entrega de los pisos estaba prevista para primavera del próximo año.