Nueva movilización del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, que mantiene un encierro y ayuno en Bilbo para exigir a los gobiernos de Iñigo Urkullu y de María Chivite que complementen las pensiones más bajas hasta los 1.080 euros. Un centenar de personas se han reunido en la plaza Elíptica para concentrarse a continuación ante la Subdelegación del Gobierno español y la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social para hacerles partícipes de sus reivindicaciones.

De nuevo, en pleno centro de la capital vizcaina, se han escuchado consignas como «Si echamos a los ladrones, sobra para las pensiones», «Terrorismo es no llegar a fin de mes», «1.080 sí se puede», «Lo público no se vende, lo público se defiende», «Al capital las pensiones privadas le van fenomenal» o «Borroka da bide bakarra», entre un amplio abanico de lemas que atesoran las y los pensionistas.

Ha sido en la Seguridad Social donde ha recibido respuesta su denuncia de que la atención a las personas mayores se ha convertido en una «carrera de obstáculos». Desde el movimiento de pensionistas reclaman que se adopten las medidas necesarias para garantizar la prestación de un servicio público y de calidad en todas sus modalidades, incluida la atención presencial.

En un escrito que han hecho llegar al director provincial de la Seguridad Social, le han expuesto la situación agobiante que han sufrido muchos pensionistas antes y después de la pandemia al tratar de conseguir una cita telefónica «después de múltiples llamadas en diferentes horas del día» sin obtener respuesta, al igual que a través de la web.

El director provincial de Bizkaia les ha asegurado que los problemas que le han explicado comenzaron a resolverse a partir de setiembre de 2022, al dedicar a 18 personas a la atención telefónica, que resuelven las cuestiones que les plantean al instante o les dan una cita para ello. Les ha informado, han detallado los participantes en el encuentro, de que en Bizkaia hay en estos momentos 422 expedientes abiertos, que tardan una media de 12 días en resolverse, aunque en algunos casos llegan a los 23.

«La media es de 15 días, según nos ha indicado», han expuesto al centenar de personas concentradas ante la sede oficial, en plena Gran Vía. «La mayoría de los asuntos se resuelven sobre la marcha, sobre todo los de los pensionistas. Nos ha señalado que los relacionados con maternidades pueden ser más complejos. Ha dicho, en un tono muy amable, que los problemas que le hemos planteado están en vías de solución», han añadido.

Fruto de la lucha

La conclusión que ha obtenido la delegación pensionista es que, gracias a la lucha que mantienen desde hace cinco años, están logrando que se atiendan sus reivindicaciones, por lo que han llamado a mantenerla.

Previamente, otro par de representantes del movimiento han acudido a la Subdelegación del Gobierno español en Bizkaia para entregar una carta dirigida al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que le informan de la semana de lucha que mantienen y le demandan que el Gobierno español establezca «con carácter inmediato» una pensión mínima de 1.080 euros.

En la misiva, instan a Escrivá a que asegure «unas pensiones públicas dignas, justas y suficientes, derogando los recortes contenidos en las reformas de pensiones tanto de 2011 como de 2013 y 2021». «Esta –han destacado– es la reforma que necesitan las trabajadoras y trabajadores en activo para garantizar unas condiciones mínimas dignas».