EH Bildu ha presentado este martes en el Parlamento de Gasteiz una proposición de ley que tiene por objeto evitar la deslocalización fiscal y productiva de empresas. Para ello propone, entre otras medidas, que aquellas compañías que abandonen la CAV devuelvan las ayudas públicas recibidas durante los últimos diez años.

Así lo ha indicado el parlamentario soberanista Iker Casanova en una rueda de prensa ofrecida en la Cámara autonómica, donde ha recordado la polémica suscitada por la decisión de Ferrovial, que ha cambiado su domicilio social a Países Bajos.

«Entendemos que hay un clima que nos obliga a buscar y activar instrumentos para dificultar este tipo de maniobras que repercuten única y exclusivamente en el beneficio de los accionistas o propietarios, causando un prejuicio a los trabajadores y trabajadoras y a los lugares donde se asienta su actividad», ha manifestado.

Y ha advertido de que la CAV tiene «capacidad» para tomar medidas dirigidas a «dificultar» las deslocalizaciones. «En este sentido va la proposición de ley que vamos presentar, que propone que si se da una deslocalización, tanto en el ámbito productivo como en el ámbito fiscal, se exija a la empresa que incurra en ese práctica la devolución integra de todas las ayudas percibidas por las administraciones públicas vascas en los últimos diez años», ha añadido.

Ha destacado que el apoyo de las instituciones a las empresas debe ir acompañado de «un compromiso de permanencia».

Un precedente en Bizkaia

Según ha explicado, la proposición de ley se basa en una norma foral de Bizkaia, aprobada hace quince años. «No es ninguna cuestión experimental, ni en cuanto a su seguridad jurídica ni en cuanto a su posibilidad de ser aprobada por un amplio espectro de partidos», ha detallado.

«La norma en vigor en Bizkaia se ha aplicado, en algún caso en su vertiente sancionadora, recuperando las ayudas ante empresas que han materializado la deslocalización, pero también ha sido disuasoria en algunos casos, y ha habido alguna empresa que ha dado marcha atrás. Eso es lo que pretendemos», ha detallado.

La norma vizcaina, defendida en su día por el diputado de Hacienda, el jeltzale José María Iraurrizaga, obliga a las compañías a devolver las ayudas públicas recibidas durante los últimos siete años en caso de cese de actividad, traslado a otro territorio o reducción significativa de la actividad.