Un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios sociales advierte de que diez comunidades autónomas «hicieron caja en 2021 con el incremento de los Presupuestos Generales del Estado para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes».

Entre los gobiernos señalados se encuentran los de la CAV y Nafarroa. La entidad señala textualmente que «las once comunidades que han disminuido en 2021 respecto a 2020 el gasto en atención a personas en situación de dependencia son Canarias, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Nafarroa, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla La Mancha».

En el informe se subraya la existencia de una «acusada desigualdad territorial», en la que la CAV y Nafarroa aparecen a la cabeza en lo que a inversión en dependencia por persona respecta, con 2.310 euros y 1.500 euros, respectivamente. Pese a ello, la variación interanual del gasto autonómico en este ámbito se redujo un 0,94% en la CAV y un 1,99% en Nafarroa, según los datos aportados.

Recuerda la asociación que en 2021 en el Estado fallecieron 46.300 personas en lista de espera de la dependencia, 18.356 personas pendientes de resolución del grado de dependencia y 27.944 personas pendientes de resolución de prestación.

«El objetivo de reducción de lista de espera que planteaba el Plan de Choque del Ministerio, con el incremento de la aportación estatal, no se cumplió: en lugar de reducir en 60.000 personas el ‘limbo de la dependencia’, solo se redujo en 38.807. Incluso siete comunidades incrementaron esa lista de espera», apunta la asociación estatal.

Burocracia e impericia

En su análisis sobre la aplicación del plan de choque para la dependencia del Gobierno español, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales atribuye a «la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos» que no se haya logrado «la reducción de la lista de espera, incrementar las prestaciones y servicios y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario».

Según agrega, a principios de 2023, en el Estado español son 177.423 las personas con derecho reconocido en espera de atención, a las que habría que sumar 131.810 expedientes correspondientes a personas que están pendientes de valoración, «con lo cual, la desatención alcanza a 309.233 personas».

Cifra en 22.829 las personas con resolución de PIA (informe realizado en el llamado Programa Individual de Atención) que no reciben prestación o servicio y 21.903 solicitantes que las comunidades autónomas no han registrado y están pendientes de valorar.

Entre las comunidades con mayor «‘limbo de la dependencia’, personas pendientes de recibir prestación», está la CAV (17,5%), por detras de Catalunya (27.1%) y La Rioja (18,9%).

Tal y como recuerda el informe, casi la mitad de las personas desatendidas (44,6%) son «dependientes con Grados III y II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado».