Cunde el malestar entre la plantilla de BBK por el modo en que Xabier Sagredo y su equipo gestionan la fundación bancaria que dispone del 57% del capital social de Kutxabank. El Ejecutivo de Lakua, por lo manifestado el pasado viernes en la Cámara de Gasteiz por el consejero de Economía y Hacienda, no tiene nada que objetar, tal y como expuso en respuesta a la interpelación de EH Bildu. Es más, Pedro Azpiazu, que evitó mencionar a Sagredo, invitó al parlamentario Iker Casanova a no generar «controversias artificiales».

Lo cierto es que las informaciones desveladas por NAIZ respecto al intento frustrado del presidente de constituir una filial –denominada Ondare SL– que gestionase las inversiones en sociedades cotizadas, como Iberdrola, Red Eléctrica, Vidrala o Arteche, así como la decisión de Sagredo de reformular las funciones y organización de la comisión de inversiones dentro del Patronato de BBK, provocaron que el comité de empresa solicitase a la dirección explicaciones. La preocupación es evidente en la plantilla, como lo es también entre algunos militantes jeltzales que no ocultan su desasosiego por la «manga ancha» de Sabin Etxea en todo lo que rodea al de Trapagaran.

Se les interpelaba acerca de la «autocontratación» del propio presidente. Al ser un puesto retribuido –el ejercicio del cargo de patrón es gratuito–, el patronato tuvo que proponer la autocontratación y el Protectorado de Fundaciones del País Vasco aceptarlo. Para cobrar como «cerebro de las inversiones» de BBK, Lakua debe volver a pronunciarse. Nadie duda de que ese órgano supervisor, bajo la competencia del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, lo hará.

El «caso Cabieces»

No es un tema baladí. En el pasado, el primer presidente de Kutxabank y último de BBK como caja de ahorros, Mario Fernández, contrató en 2012 al exdelegado del Gobierno español en la CAV Mikel Cabieces, para darle «una salida u ocupación laboral en el ámbito privado». Por aquellos hechos, la Audiencia de Bizkaia condenó a ambos y al abogado Rafael Arriola por «apropiación indebida».

No ha habido contestación al requerimiento de aclaraciones por parte del comité de empresa, aunque a los pocos días se divulgó un manifiesto de la dirección de apoyo a Xabier Sagredo en el que se afirmaba que «la fundación tiene la obligación de garantizar la confidencialidad sobre cualquier tema». Esa declaración sorprendió a la plantilla y a sus representantes.

En su opinión, la fundación tiene la obligación de informar públicamente sobre temas como los posibles conflictos de interés, en atención a los requisitos de transparencia recogidos en la normativa vigente y en los compromisos corporativos». Por lo que entienden que, en este caso, «sobran los motivos para que la dirección ejerza la obligada transparencia».

Exponen que era público que Sagredo, cuyo cargo exige plena disponibilidad, es también consejero independiente de Iberdrola y vocal de una de sus comisiones, algo que consideran «una situación anormal».

Les sorprende que, por lo desvelado por NAIZ, se haya contratado al presidente para dirigir las inversiones cuando hasta ahora era una labor que realizaba «gratuitamente» la comisión presidida por un patrono designado por la Diputación de Bizkaia y entre las participaciones que se han comprado están las de Iberdrola, donde Xabier Sagredo ocupa un cargo relevante en la eléctrica.

«Conflicto de interés»

«Estos hechos son claros indicios de un posible conflicto de interés. Por tanto –sostienen los representantes de los trabajadores de BBK–, las leyes garantizan el derecho de cualquier ciudadano a conocer los criterios por los que se ha considerado a Xabier Sagredo la persona idónea para la mencionada labor, así como la retribución pactada».

«Una gestión transparente significa facilitar este tipo de informaciones sin esperar a que se filtre a la prensa o se publique, como es preceptivo, en los informes anuales correspondientes», añaden.