El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Iruñea, Francisco Javier Fuertes, considera que conforme a lo establecido en la Ordenanza de Euskara del Ayuntamiento de Iruñea, el rótulo de la llamada Plaza de la Constitución debe traducirse, según informa el TSJN. Actualmente está únicamente en castellano, con el argumento de que se trataba de «un nombre propio». Esta sentencia puede ser recurrida ante el TSJN.

El criterio de este juez es contrario al mantenido por su homóloga del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1, Marta Arnedo, que el pasado enero revocó una resolución del Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN) que obligaba a rotular en euskara esta plaza.

Según explica el TSJN, la divergencia entre los dos magistrados «tiene su origen en que el Ayuntamiento de Pamplona, que era recurrente en ambos procedimientos, no solicitó la acumulación de ambos», una posibilidad prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente, para evitar sentencias contradictorias o mutuamente excluyentes.

En la sentencia notificada hoy, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 confirma una resolución del TAN que había estimado el recurso interpuesto por el concejal de EH Bildu Joseba Asiron contra la decisión del Ayuntamiento de Iruñea de colocar la denominación de la plaza solo en castellano.

El Ayuntamiento de Iruñea, gobernado por Navarra Suma, recurrió la resolución del TAN al considerar que «la denominación cuya traducción se pretende es un nombre propio que no admite traducción».

El juez rechaza el recurso del Ayuntamiento al considerar que Constitución no es un nombre propio, aunque se refiere a la española de 1978. «En definitiva, que cuando se concreta a qué Constitución se refiere y se señala que se trata de la Constitución Española de 1978 se traduce al euskera, al tiempo que se defiende que un elemento genérico de esa denominación (el término Constitución) no debe ser traducido. Se trata de un argumento que no se puede compartir», concluye el juez, quien añade que el resto de las placas de las calles y espacios públicos de Iruñea demuestran que no es así.

De este modo, el juez explica que la Plaza de la Libertad se tradujo como Askatasuna Plaza y que no se han traducido las calles que se refieren a nombre y apellidos de personas como Adela Bazo o Paulino Caballero. Sin embargo, añade el juez sí se traduce cuando junto al nombre de una persona aparece su profesión o cargo, como en el caso de la plaza Juez Elío (donde se encuentra la Audiencia) por Elio Epailearen plaza o la calle General Chinchilla (donde se encuentra la comisaría de la Policía española) por Chinchilla Generala kalea.

«Constitución es un término que, conforme a lo establecido en los preceptos ya transcritos de la Ordenanza Reguladora de la utilización del euskera en el Ayuntamiento de Pamplona y su sector público institucional, ha de figurar en bilingüe en el rótulo en el que aparece la denominación del espacio público, sin que exista motivo alguno para que no sea así», afirma el magistrado.

EH Bildu celebra la sentencia y pide a UPN y PP que no la recurran

«Es una buena noticia que una sentencia respalde la rotulación bilingüe de las calles de Iruñea, pero es una pena que, 25 años después de que se reconociera que esta es una ciudad con dos lenguas, aún haya quien quiera hacer guerra con esto desplegando una euskarafobia anacrónica, desvergonzada y alejada completamente de la realidad social», ha valorado la formación soberanista en una nota.

Así, ha denunciado que «no es ni lógico ni justo que se permita a la derecha ningunear una lengua que nos es propia y, por ende, a las personas que la hablan, como no es lógico ni justo que se utilicen recursos municipales para defender una política de euskarafobia que en el fondo niega derechos básicos a una parte muy importante de la ciudadanía de Iruñea».

En base a este argumento, la formación abertzale reclama al equipo de gobierno que lideran UPN y PP que desistan de recurrir la sentencia. «Gastar más recursos para sustentar esta discriminación sería escandaloso y hacerlo cuando la Ordenanza es clara respecto al concepto de bilingüismo rayaría la mala fe», añade EH Bildu.