Los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas fueron abandonados el 22 de diciembre de 1976 en una plaza de la ciudad de Valparaíso, Chile, tras pasar por varios centros clandestinos de detención en Argentina, donde fueron secuestrados junto a su madre, exiliada uruguaya. Su historia es el punto de partida del libro ‘Los juicios del Cóndor: La coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur’, de Francesca Lessa, investigadora y profesora de Estudios Latinoamericanos y Desarrollo Internacional en la Universidad de Oxford.

El Plan Cóndor fue un meticuloso sistema de represión regional aprobado y coordinado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia en una reunión en Santiago de Chile en noviembre de 1975.

El golpe de Estado en Argentina del 24 de marzo de 1976, del que hoy se cumplen 47 años, eliminó cualquier barrera que podía quedar para implementar esta red represiva que permitió a las dictaduras detener, torturar y trasladar en vuelos clandestinos a militantes exiliados. Y no solo a militantes, también a sus hijos, familiares... Como los hermanos Grisonas, otros 53 niños fueron víctimas del Plan Cóndor.

«Es parte de una historia reciente que los países involucrados han logrado ocultar con bastante éxito. Gran parte de lo que sabemos es gracias a las víctimas que ya en los 70 dieron su testimonio», subraya Lessa en entrevista a NAIZ.

¿Qué le lleva a investigar el Plan Cóndor?

Un interés personal y académico. Solía viajar a Uruguay y colaboraba en conferencias y actividades relacionadas con los derechos humanos. Así conocí a varios supervivientes del Plan Cóndor.

A finales de 2012, una amiga uruguaya víctima del Cóndor en Argentina me comentó que su caso, junto al de otros más, iba a ser juzgado por primera vez en Buenos Aires. Me pareció muy interesante porque en mi anterior investigación había estudiado las dictaduras de Argentina y Uruguay, y aunque había leído sobre el Plan Cóndor, este no había sido el enfoque central de mi trabajo.

Me pareció que ese juicio podía ser una buena manera de aproximarme a lo que fue este plan. Mi idea inicial era estudiar las víctimas uruguayas, pero el proyecto se fue ampliando en la medida en que fui tomando noción del alcance que tuvo en toda la región.

¿Sigue siendo uno de los aspectos menos conocidos de las dictaduras en el Cono Sur?

Con algunos matices, conocemos bastante lo que aconteció en cada una de las dictaduras. Pero cuando se habla del Plan Cóndor sigue habiendo mucha confusión. No está muy claro qué es. Creo que parte de la confusión o falta de conocimiento se debe a que fue una operación muy secreta, por tanto, no hay mucha información que nos permita entenderlo en toda su dimensión. Ha sido como hacer un puzzle con los pedazos que hemos podido recopilar de los archivos de EEUU, de los países de la región, de los testimonios de las víctimas, de los juicios.  Hay que tener en cuenta que muchos documentos fueron quemados.

«Argentina se convierte en una trampa mortal para los exiliados»

Cóndor permitía suspender las fronteras: agentes de inteligencia civil, policías y militares se desplazaban de un país a otro para realizar los operativos de detención, tortura y homicidio. Los militantes podían ser detenidos en cualquier lugar y ser devueltos a su país en vuelos clandestinos. Es parte de una historia reciente que los países involucrados han logrado ocultar con bastante éxito.

Gran parte de lo que sabemos es gracias a las víctimas que ya en los 70 dieron su testimonio a Amnistía Internacional y al Congreso de EEUU, entre otros. Desenredar el terrorismo de Estado siempre es complejo porque se basa en mecanismos clandestinos y en silencios. Aún más cuando ese sistema de terror abarca toda la región.

Aunque fue aprobado en 1975, el mayor número de víctimas se produjo tras el golpe de Estado en Argentina en 1976.

Estas prácticas de coordinación represiva se remontan a finales de los 60. Ya en 1969 encontramos casos de exiliados brasileños secuestrados en Chile y Uruguay y llevados de vuelta a Brasil. Entre agosto de ese año y enero de 1974, hemos identificado 50 víctimas. Tras el golpe de Estado en Chile el 11 de setiembre de 1973, los exiliados y extranjeros se convierten en enemigos y se produce un notable pico de víctimas.

A finales de noviembre de 1975 se celebra en Santiago de Chile la reunión fundacional del Plan Cóndor. Para ese entonces, las condiciones estaban maduras en América del Sur para que la represión transnacional se consolidara aún más, aunque aún faltaba un elemento muy importante. Argentina, donde vivía la gran mayoría de los exiliados, era aún una democracia formal, si bien desde la muerte de Perón el país estaba sumido en una espiral de violencia.

«Agentes de inteligencia civil, policías y militares se desplazaban de un país a otro para realizar los operativos»

El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de Estado de Videla, la última pieza que faltaba. Los refugiados se ven atrapados, no hay salida porque los países de la región están también bajo dictaduras y volar a México o Europa no era fácil. Argentina se convierte en una trampa mortal para los exiliados. Tras las críticas que recibió Chile por las imágenes del Estadio Nacional convertido en un campo de concentración, los militares argentinos optan por una política de exterminio.

Entre 1976 y diciembre de 1978 se produjeron 487 víctimas, que corresponden al 60% del total de las víctimas del Plan Cóndor. El golpe de Estado eliminó cualquier barrera que quedaba para desatar el terror sobre miles de exiliados. Durante esta fase, la represión transnacional se llevó a cabo a través de un conjunto de acuerdos, los cuales incluían operaciones bilaterales y multilaterales, una base de datos compartida, un mecanismo de comunicaciones encriptado (Condortel), un cuartel general de operaciones (Condoreje) y asesinatos planificados en Europa (Teseo).

Entre las víctimas hay 55 niños. El libro comienza con los hermanos Grisonas.

Así es. El Plan Cóndor afectó también al entorno familiar de los militantes y a sus amistades. Hay varios casos de abuelos y abuelas que viajaron a ver a sus hijos exiliados cuando iban a tener a sus bebés que fueron secuestrados.

Tenemos el caso emblemático de Elsa Fernández, quien viajó de Montevideo a Argentina para acompañar a su hija en la recta final del embarazo. El 23 de diciembre de 1977 fue detenida-desparecida junto a su hija y su yerno lo fue días después. La bebé que nació en cautiverio fue apropiada por la familia de un policía argentino. En 1999 recuperó su verdadera identidad.

En abril de 1984, varios supervivientes uruguayos viajaron a Argentina para participar en una inspección del excentro clandestino de detención Automotores Orletti, epicentro del Plan Cóndor en Argentina. En su interior aún había zapatos y ropa de detenidos. Un superviviente logró identificar incluso una maleta suya.

Ese episodio que mencionas es escalofriante. A su salida del centro, familiares de desaparecidos se les acercaron con fotos para preguntarles si habían coincidido con sus seres queridos.

Entre esos supervivientes estaba el periodista del diario conservador uruguayo “El País” Enrique Rodríguez Larreta, de 55 años, quien en julio de 1976 viajó de Montevideo a Buenos Aires después de que su nuera le informara de que su hijo había desaparecido. Ambos fueron detenidos y llevados a Orletti, donde fue torturado. Diez días después, fue trasladado a Montevideo junto a su nuera, su hijo y otros 21 uruguayos en un vuelo nocturno clandestino.

 «Todavía hay sectores que no quieren que se avance en la reconstrucción de la verdad»

Tras pasar cinco meses en dos centros clandestinos en Uruguay fue liberado. Pensaron que se iría a casa directamente y que no metería ruido, pero hizo todo lo contrario. Empezó a hacer todo un trabajo de detective y logró ubicar el lugar donde estuvo detenido en Uruguay y en plena dictadura regresó a Argentina. Con ayuda de exiliados uruguayos, identificó Orletti. En 1977 viajó a Londres e hizo una denuncia formal ante Amnistía Internacional. Su caso se presentó ante la CIDH y se reprodujo en periódicos como ‘The Times’, ‘Le Monde’, ‘The New York Times’ y ‘La Stampa’.

Supervivientes y familiares han denunciado de manera permanente, enfrentándose a las murallas de los estados, que querían mantener esto bajo una losa de silencio.

El hecho de que en ese reconocimiento ocular ordenado por un juzgado argentino aún hubiera objetos personales de desaparecidos muestra lo impunes que sentían.

Los militares se sentían tan impunes que nunca pensaron que esos delitos se fueran a investigar. Se da la circunstancia de que en Orletti, además de las historias relativas al Plan Cóndor, a principios de 2000 se descubrió que en su interior operaba un taller clandestino de confección en el que mujeres migrantes bolivianas y paraguayas trabajaban en condiciones de semiesclavitud.

En 2017, estando en Uruguay, recibió amenazas de muerte del grupo Comando General Pedro Barneix.

Las amenazas se produjeron en un momento en que en Uruguay se habían abierto varias causas judiciales gracias al tesón de los supervivientes y se estaban haciendo excavaciones. En 2016 habían amenazado a académicos de la Facultad de Historia y Humanidades, que es la base del grupo de antropólogos forenses que habían realizado las excavaciones y habían identificado a detenidos desaparecidos. Entraron en las oficinas de estos académicos y robaron documentos, materiales de las computadoras y dejaron un mapa de Montevideo con las direcciones de sus viviendas marcadas en él. Al año siguiente 13 personas, entre las que estaba yo, además de exfiscales, abogados, el ministro de Defensa, recibimos amenazas. Todavía hay sectores que no quieren que se avance en la reconstrucción de la verdad.