Ahora que las actuaciones de la Comisión de Ética Pública (CEP) del Gobierno de Lakua están de actualidad cabe llamar la atención sobre dos puntos. El primero, que los dos únicos ceses de altos cargos que se han producido desde 2013 por incumplimiento del Código de Buena Conducta no han sido por investigaciones de la Administración, sino de la prensa. El segundo, que si Josu Erkoreka no hubiera propuesto el cambio del Código tras el primer cese, el director de Planificación del Transporte, Iván Pedreira, habría tenido que ser cesado por tratar con la empresa en la que trabajó.

El 27 de octubre de 2013 el diario “El Mundo” informó de que el entonces director general de EJIE, Agustín Elizegi, firmó el 30 de setiembre la adjudicación a S.S. Hard SL del suministro de una «solución de almacenamiento» para la sociedad informática, por un importe de 1.423.784,33 euros, más IVA. Esta firma forma parte del Grupo Versia, compañía para la que Elizegi trabajó antes de ocupar su cargo público.

El Código Ético acababa de entrar en vigor y la Comisión no tuvo más remedio que «recomendar» su «cese inmediato». Explicó que el contrato no fue ilegal, pero que el director del EJIE tenía que haberse abstenido y hacer constar la existencia de un conflicto de intereses.

Otro, destapado por GARA

Unos meses más tarde, en julio de 2014, GARA daba a conocer que el Departamento de Justicia de Josu Erkoreka contrató como asesor al directivo de Hiriko José Ramón Fernández de Mendiola en cuanto perdió su puesto. Y siendo cargo público creó una empresa con su exjefe Iñigo Antia, que fue, entre otras cosas, concejal del PNV en el Ayuntamiento de Gasteiz y consejero de Batzokia SL. La empresa se llamaba HUB Gasteiz International 2025.

GARA preguntó al Departamento si la actividad privada del asesor era compatible con su condición de cargo público. Desde la Consejería de Erkoreka respondieron que desconocían ese detalle. Al insistir en la pregunta, aseguraron que no les había informado de la constitución de esa empresa y fue fulminantemente cesado sin llegar siquiera a la CEP.

Ablandamiento del Código

El cese de Agustín Elizegi tuvo una consecuencia indirecta. El castigo se entendió como excesivo. Y en la resolución de la Comisión Ética, el entonces consejero de Justicia, Josu Erkoreka, daba cuenta de que ese cese era la única opción prevista, «pero hubiese agradecido disponer de un abanico más amplio de posibilidades, que le permitiera modular su posición y acomodar la respuesta a la gravedad real de la contravención constatada».

Y así, por resolución del 17 de marzo de 2015, el Consejo de Gobierno añadió que ante un incumplimiento, además del cese, cabía «la adopción de otras medidas, de carácter no sancionador, que guarden proporción con la gravedad de los hechos acreditados y resulten eficaces para enmendar, corregir y mejorar la actuación de los cargos desde el punto de vista ético».

Años después, este añadido le sirvió al director de Planificación del Transporte, Iván Pedreira, para que en lugar de perder su cargo, como le ocurrió a Agustín Elizegi, su castigo se limitara a la publicación en el BOPV de una reseña dando cuenta de que había cometido un «cumplimiento insuficiente» del Código de Ética Pública.

En la pasada legislatura, cuando era director de Administración Ambiental, Pedreira dio su conformidad a las evaluaciones ambientales de 12 planes y estudios elaborados por la ingeniería Asmatu SLP, en la que había trabajado con anterioridad y sin que hubieran transcurrido dos años desde que finalizó su vinculación laboral con esa empresa.

Se ha sabido que su abogada amenazó al parlamentario que llevó su caso a la CEP.