EH Bildu ha acordado con PSOE y Unidad Podemos que la próxima Ley de Industria establezca las condiciones para recuperar las ayudas públicas en caso de deslocalización. Así lo recoge une enmienda de transacción que ha sido aprobada este jueves en el Congreso.

Según ha informado EH Bildu en un comunicado, las fuerzas que forman el Gobierno español se han comprometido a elaborar y desarrollar una legislación específica para condicionar la recepción de la financiación y las ayudas públicas por parte de empresas que deslocalicen su actividad.

Además, la iniciativa dicta que «las ayudas quedarán condicionadas al mantenimiento del empleo, por lo que el incumplimiento de esta obligación conllevará igualmente el reintegro de la ayuda recibida».

«Un buen punto de partida»

El grupo soberanista ha destacado que se trata de «un buen punto de partida» para negociar y alcanzar un acuerdo amplio en la Ley de Industria, que permita legislar sobre la devolución de las ayudas públicas que hayan podido recibir las empresas que incumplan las condiciones establecidas.

«Es una buena noticia que las fuerzas que componen el Gobierno se abran por primera vez a desarrollar una legislación para evitar la deslocalización y garantizar el mantenimiento del empleo», ha manifestado EH Bildu, que el mes pasado presentó una iniciativa similar en la Cámara de Gasteiz.

La proposición de ley presentada en el Parlamento de la CAV tiene por objeto evitar la deslocalización fiscal y productiva de la empresas. Y, entre otras medidas, plantea que las compañías que decidan abandonar la CAV devuelvan las ayudas públicas recibidas durante la última década.

El papel de Ferrovial

Cabe recordar que fue el diputado soberanista Oskar Matute el que defendió el pasado martes la propuesta ante el Congreso, incidiendo en que «no hacemos sino abordar una realidad que viene acompañando a los y las trabajadoras como una espada de Damocles durante décadas».

Durante su intervención puso algunos ejemplos de deslocalización que se se han dado durante los últimos años en Iruñerria, citando a Faurecia y Miasa, Olatzagutia, (Apoyos Metálicos), Castejón (Trenasa) y Ortuella (General Electric), así como en Agoitz y Berantevilla (Siemens Gamesa).

«Miles de trabajadores y trabajadoras vascas expulsados de sus empresas y mandados a la calle por las deslocalizaciones. Y persiste la amenaza en Molycop en Gallarta o Autoglas en Laudio. O incluso en Tubacex, que llevó una batalla heroica por los puestos de trabajo. Ahora se ven amenazas por la deslocalización a través del acuerdo firmado con Abu Dabi», señaló.

Y reconoció que el «estímulo» para presentar la iniciativa tuvo que ver con la decisión tomada por Ferrovial para llevarse su sede fiscal a Países Bajos.

«Creo que es bueno que hablemos de Ferrovial, que hablemos de los orígenes de Ferrovial, que antes se llamaba Vías y Construcciones y fue fundada por dos personas: Rafael del Pino Moreno, voluntario en el alzamiento fascista de 1936 en el bando sublevado, y José María López de letona y Núñez del Pino, a la sazón ministro de Franco. Y seguramente el servicio debido de uno y el papel en la Administración franquista del otro les sirvió para llevarse muchos contratos que hicieron que la empresa creciera de manera sustanciosa», detalló.

«Entiendo que entonces si eran patriotas, que ahí sí lo daban todo por y para España. Hasta el punto de que primero les ayudo el franquismo y después el propio Estado español, que a través de Renfe siguió alimentando el tamaño de la que entonces pasó a llamarse Ferrovial», apuntó, al tiempo que advirtió de que «quien ha tomado la decisión de irse del Estado español para tributar en otro lugar es la persona que ostenta la tercera fortuna del Estado, estimada en 3.800 millones de euros. Estoy hablando del señor Rafael del Pino Calvo Sotelo, apellidos ilustres de esta democracia».

Asimismo, Matute recordó que «esta gente, la gente que dirige Ferrovial, es la misma gente que ha sido condenada por el Estado español a través de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia a pagar 38,5 millones de euros por una práctica irregular, por constituirse en un cártel para alterara el proceso competitivo a través de las licitaciones de construcción de infraestructuras».