La Federación de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública ha sido la organización que con mayor contundencia ha censurado el borrador de convenio entre las mutuas y las CCAA que reveló LAB. ¿Qué es lo que les alarma del documento?

Básicamente, hay dos cosas. Pone en marcha un mecanismo que podría permitir externalizar, privatizar, la atención sanitaria de una gran parte de la población, todas las personas que tienen una vinculación laboral y que se encuentran en una situación de incapacidad temporal, o sea, de baja. Esto es un tema muy grave, porque, aunque el documento dice que se hace para utilizar los recursos de las mutuas, el mismo documento permite que las mutuas subcontraten esta asistencia sanitaria con otras empresas. Todo el mundo sabe que las mutuas carecen de entidad para atender esas patologías, dado que están especializadas en enfermedades laborales, sobre todo en las que tienen que ver con  rehabilitación, traumatología, accidentes laborales... Es un ámbito muy pequeño. No llegará al 5% o el 10% de las incapacidades. La mayoría de bajas se producen o por patologías habituales, que van desde la gripe hasta un cáncer.

¿Y la segunda?

La segunda idea es que produce una desintegración de la atención sanitaria. Diseña un circuito de atención sanitaria para el colectivo de personas que tienen actividad laboral diferenciada del circuito de atención sanitaria para el resto de la población. Pone en riesgo el mantenimiento de una parte de una atención sanitaria integral y, además, abre la vía a que se produzca una atención sanitaria de una determinada calidad para la para los trabajadores y otra diferente para el resto de la población, que muy probablemente acabe convirtiéndose en una situación de beneficencia. Lo que deja clarísimo el proyecto de convenio es que todas estas actividades sanitarias que quedan en manos de las mutuas se las van a facturar a los correspondientes servicios generales de salud. Van a ir, por tanto, en detrimento de los fondos que hay para la sanidad pública. Es sencillo. El dinero vaya a las mutuas, no irá a los centros sanitarios de titularidad pública.

También apuntan hacia una desautorización hacia los médicos de la Sanidad Pública.

El convenio entrega competencias excesivas. Da poder a la mutua para proponer que un trabajador reciba el alta y comunicarlo a la inspección sanitaria correspondiente. Si en cinco días no le han dado ninguna respuesta, la Mutua puede decidir que ese trabajador está de alta. Eso provoca indefensión clarísima de los trabajadores. Y pone en cuestión la capacidad de los profesionales de medicina de familia para gestionar y decidir cuándo una persona puede optar a baja laboral. Hay que entender que las mutuas patronales son mutuas de una de las partes, que tiene el interés de los empresarios en reducir las bajas laborales lo más posible y en muchos casos entrando en colisión con el derecho de los trabajadores a estar de baja.

«Las mutuas patronales son de una de las partes, tienen el interés de los empresarios en reducir las bajas laborales».

No estamos, por tanto, de cambios trascendentes en seguridad laboral, sino ante un eventual rediseño de todo el sistema sanitario del Estado español.

Eso está claro. Se está abriendo la mano a un mecanismo para privatizar la atención sanitaria de una gran parte de la población con fondos públicos. Insisto, cualquier actividad que hagan estas mutuas se la van a facturar a los servicios de salud, se van a detraer de los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas y, por lo tanto, es menos dinero que van a tener los centros de atención primaria, los hospitales, las consultas de atención especializada.

Si las mutuas, como ha señalado, no tienen capacidad para ofrecer esta atención médica, al final, todo acaba en los hospitales privados.

Es una privatización que además acarreará un encarecimiento de los costes de la atención sanitaria. Si las mutuas conciertan la atención, como no le va a quedar más remedio, con terceros, pues en el intermedio de esa relación se va a quedar dinero.

«Si las mutuas conciertan la atención, como no le va a quedar más remedio, en el intermedio se va a quedar dinero».

Varios sindicalistas me han mostrado miedo al poder que se entregará a las mutuas para cambiar la consideración del motivo de una baja de accidente laboral a enfermedad común, y el efecto que esto tiene, por ejemplo, para las indemnizaciones.

Desgraciadamente, en España una de las características que tiene la salud laboral es el claro infrarreconocimiento de enfermedades laborales. Que te reconozcan una enfermedad laboral es muy difícil. El número de enfermedades laborales que se reconocen está muy por debajo de lo que razonablemente sucede en otros países de la Unión Europea. Con lo cual, se produce un trasvase de la atención sanitaria hacia los servicios generales de salud, como contingencias comunes, lo que son enfermedades laborales. Sobre esto hay consenso generalizado.

En su respuesta a la noticia de GARA, aseguran que este modelo de convenio nos retrotraen a la época del franquismo. ¿En qué sentido lo afirman?

Como sabe, en el franquismo había una atención sanitaria donde la población estaba diferenciada. Había un grupo de personas que estaban atendidas por la Seguridad Social, que eran los trabajadores. Y había otro grupo de población, que era la no trabajadora, que estaba en manos del modelo de beneficencia. Aquí se diferencia trabajadores que serían atendidos por la mutua y el resto de la población, que se va a quedar en mano de la atención sanitaria pública, que lógicamente va a ver muy empeorada su dotación. Por tanto, se va a convertir en una nueva beneficencia.

¿Quién puede parar esto?

Es un proyecto y los proyectos pueden ir adelante o se pueden parar. Creo que esta es la fase en la que estamos. Evidentemente, hay que movilizarse desde el ámbito sindical, pero también desde el ámbito sanitario. Porque, insisto, esto lo que hace es desintegrar la atención sanitaria, sacando fuera de la atención sanitaria pública un colectivo muy importante de personas de todo el país. Y luego, también está el ámbito profesional, la parte de la sociedad que trabaja en el ámbito sanitario: las asociaciones científicas, profesionales, etcétera tienen que activarse. La presión se tiene que hacer ante el Ministerio de Seguridad Social.

Gran parte del acuerdo refiere al tratamiento de los datos. El Estado es quien maneja nuestro historial clínico.  En mi experiencia personal, cada vez que alguna aplicación del móvil cambia su política de datos, solicita mi consentimiento informado.

El convenio indica que tiene que haber consentimiento para entrar en este sistema. En cualquier caso, que los datos sanitarios pasen a manos de mutuas empresariales puede acabar teniendo una deriva muy peligrosa. Si el empresario que decide si contrata o no a una persona tiene acceso a su historial médico, las cosas se pueden poner muy complicadas para enfermos crónicos, por ejemplo.