Las mascarillas que la sociedad pública Sodena compró en mayo de 2020 en un pedido que canalizó la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) serán donadas a la Red Arcores. Se trata, nada menos, que de 1,7 millones de unidades que compró el mediador Albyn en China en pleno caos de suministros. Sus destinatarios iban a ser pequeñas y medianas empresas navarras, que necesitaban proteger a sus trabajadores para reanudar la actividad económica.

Estas mascarillas no llegaron a usarse, dado que el precio se desplomó y las empresas que las habían solicitado prefirieron acudir al mercado ordinario, dejando tirada a Sodena, la sociedad de titularidad pública cuyo fin es ayudar al tejido empresarial navarro. 

Se trató de una operación mal diseñada, aunque probablemente bienintencionada. Para poder acceder al mercado internacional, los pedidos habían de tener una dimensión de entidad. De otro modo, los proveedores chinos no entraban a negociar.

Así, la CEN se encargó de estimar cuántas de estas mascarillas iban a necesitar las empresas en los tres meses siguientes, fijándose los pedidos en 2,4 millones de unidades, de las que solo se repartieron 700.000. 

El problema surgió porque, en esos tres meses, los problemas de stock se resolvieron, los precios de ese material se hundieron y las empresas que habían respaldado el pedido no se habían comprometido a adquirir esa equipación. De este modo, las mascarillas acabaron en un almacén y Sodena se anotó unas pérdidas de 1,3 millones de euros. El escándalo provocó el cese de Pilar Irigoyen, la directora gerente de la sociedad pública.

Eludir la responsabilidad

La CEN trató –y sigue intentando– que las pérdidas sean asumidas por completo por Sodena. Sin embargo, hay dudas legales de que pueda escaparse. La operación fue analizada en detalle por la Cámara de Comptos, cuyo presidente expuso en el Parlamento en enero que había corresponsabilidad por parte de los tres firmantes del acuerdo de compra: Sodena, Albyn (mediador y comisionista) y CEN. 

La forma en que se deberá repartir la deuda generada se encuentra actualmente en el aire. Pero Comptos advirtió de un problema añadido: esas mascarillas van a caducarse este año tras tanto tiempo almacenadas y urge dar una salida. Y existían, además, problemas legales para vender las mascarillas en el Estado. 

La decisión de una donación a la Red Arcores (de los agustinos recoletos) viene a responder a esta necesidad de hacer algo útil con estos materiales, teniendo en cuenta de que el destino no puede ser la comercialización. Esta ONG ha indicado que se emplearan en tareas sanitarias en Maracaibo, Caracas y Palmira. El traslado costará 100.000 euros y la CEN se hará cargo de los portes. 

Según ha señalado el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, han estado «luchando en dos frentes de forma simultánea: el primero, por encontrar una entidad destinataria seria y solvente que se hiciera cargo de dar utilidad al material y el segundo, por conseguir el permiso de las otras dos partes firmantes del Acuerdo de 7 de mayo de 2020 para hacer posible la donación».