Los dos grupos que forman el Gobierno de Lakua, así como la coalición formada por PP y Ciudadanos y la única representante de Vox han rechazado una iniciativa presentada por EH Bildu en la Cámara de Gasteiz para reforzar el control sobre los alquileres de habitaciones.

La iniciativa, que ha sido apoyada por Elkarrekin Podemos-IU, instaba a Lakua a analizar la evolución de los alquileres de vivienda por habitaciones y los subarrendamientos, tal y como se hace con los alquileres de viviendas completas, «completando la Estadística del Mercado de Alquiler con sus datos, tanto de forma agregada como diferenciada».

Además, reclamaba al Ejecutivo autonómico que convirtiera en «obligatoria» la entrega al Departamento de Vivienda de las copias de los contratos de arrendamiento de vivienda por habitaciones y de subarriendo, así como el depósito de fianzas, tal y como se hace con los alquileres de viviendas completas, realizando para ello «las modificaciones normativas necesarias».

En el transcurso del debate, el parlamentario de EH Bildu Unai Fernández de Betoño ha lamentado el portazo a su propuesta y ha advertido de que cuando siga aumentando el precio de los alquileres de habitaciones habrá que «aguantarse», dado que hay partidos políticos que mantienen la postura de que «no se puede hacer nada» frente a este fenómeno.

En el mismo sentido se ha pronunciado Iñigo Martínez de Elkarrrekin Podemos-IU, que ha insistido en que el alquiler de habitaciones «es un fenómeno que no conocemos en su totalidad, y no conocemos porque no tenemos las herramientas legales ni estadísticas para hacerlo». «Se ha dicho que puede ser un fenómeno no mayoritario, no sé si tanto como minoritario», ha apuntado en respuesta a la postura de los grupos que forman el Gabinete de Iñigo Urkullu y a los representantes de la derecha española.

Desde el PNV, Irune Berasaluce se ha escudado en la ausencia de una legislación especifica para mostrar su oposición, recordando que la Ley de Vivienda de la CAV solo habla del subarrendamiento en el artículo 38, relativo a las viviendas de protección social.

Y María Jesús San José, del PSE, ha señalado que «es evidente que el fenómeno actual de alquiler de habitaciones como salida habitacional ante las barreras económicas crecientes para el acceso al alquiler de una vivienda completa se está desenvolviendo por la vía civil y no por la Ley de Arrendamientos Urbanos, con lo que se escapa su medición realista a través de los registros administrativos».

Pese a reconocer el vacío legal, ha rechazado la propuesta porque, a su juicio, «las realidades en general y la información estadística en particular no pueden basarse en el ordeno y mando. No se resuelve todo con modificar la ley. Hay que modificar la praxis. Y hay otras vías que debieran de funcionar de una manera mucho más directa y transparente, como son las declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del acceso a esos datos».

«Pero esta línea de desarrollo exige todavía tiempo al ser un fenómeno reciente, por lo que no parece ahora mismo el momento oportuno para ser abordada», ha añadido.

La parlamentaria del PP Muriel Larrea ha defendido una enmienda a la totalidad y ha cargado contra la Ley de Vivienda de la CAV, incidiendo en que «después de ocho años y del desarrollo de la misma, no ha mejorado las necesidades de los vascos en lo que a vivienda se refiere».

La Ley de Vivienda estatal, aprobada en comisión

También ha criticado la Ley de Vivienda acordada entre EH Bildu, ERC y el Gobierno español, que este jueves ha superado la primera votación en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso. Ha contado con la abstención del PNV y los votos en contra del PP, Vox, Cs, PDeCAT y Coalición Canaria.

Durante el debate, Oskar Matute (EH Bildu) ha afirmado que la ley es una «paraguas jurídico para que los poderes públicos que quieren hacer algo en el problema de la vivienda lo hagan». Y Pilar Vallugera, de ERC, ha destacado que con la misma «puede haber contención de renta en seis meses».

Estos argumentos no han convencido a los jeltzales que, por boca de Iñigo Barandiaran, han aseverado que esta «ley innecesaria» es una «alfombra a la intromisión del Estado» y ha defendido que cada comunidad «pueda decidir su política de vivienda, aunque no le guste al gobierno de turno».

Al dictamen aprobado se han incorporado las más de 40 enmiendas pactadas por el PSOE, UP, ERC y EH Bildu en el informe de la ponencia y las más de 300 enmiendas vivas que mantienen otros grupos para el próximo debate en el pleno, que podría celebrarse la semana que viene.