Tres técnicos de Medio Ambiente del Gobierno de Lakua investigados por posible prevaricación tenían que prestar declaración en los juzgados de Durango en la causa sobre los delitos medioambientales relativos al derrumbe del vertedero de Zaldibar, pero la vista se ha suspendido a consecuencia de la huelga de los letrados de las administraciones judiciales.

Las declaraciones estaban previstas para las 10.00, y alrededor de cuarenta personas, a convocatoria de Zaldibar Argitu, estaban concentradas desde media hora antes frente a la sede judicial tras una pancarta que rezaba el lema que durante los últimos tres años tantas veces ha desplegado la plataforma ciudadana, ‘Langileak, osasuna, erantzukizunak’, y que no acaba de ver resuelta su demanda.

Esta vez se ha puesto el acento sobre la tercera parte de la reivindicación, la referente a las responsabilidades, pues por primera vez la instrucción apunta al Gobierno de Lakua. Tres técnicos imputados por posible prevaricación en noviembre de 2022 iban a declarar este jueves y, finalmente, no ha sido así. La vista se ha suspendido y ha sido de nuevo aplazada, como sucedió en febrero.

«Vamos a estar aquí»

El portavoz de Zaldibar Argitu, Gaizka Zabarte, ha explicado la situación a las personas concentradas y a los medios después de que los abogados confirmaran que la suspensión era definitiva. «La declaración de los tres técnicos del Gobierno Vasco que debían declarar como investigados se ha suspendido debido a la huelga. Queremos recordar que es la primera vez que alguien del Gobierno Vasco va a comparecer en el juzgado, pero ya veremos cuándo. Después de tres años y dos meses del derrumbe, nadie del Gobierno Vasco ha comparecido», ha señalado.

Zabarte ha puntualizado que aunque la comparecencia de los tres técnicos de Lakua «es un primer paso», para los integrantes de la plataforma ciudadana no es suficiente: «Pensar que las responsabilidades del Gobierno Vasco se limita al nivel de estos técnicos es, cuando menos, ingenuo».

El portavoz de Zaldibar Argitu ha subrayado que se concentrarán cada vez que cualquier empresario o cargo público sea llamado a declarar. «Vamos a estar aquí porque entendemos que las responsabilidades son mucho más profundas», ha abundado.

Aunque el recorrido judicial sobre los delitos del ámbito laboral se cerró con un acuerdo entre la empresa Verter Recycling y los familiares de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, fallecidos en el derrumbe del 6 de febrero de 2020, las responsabilidades políticas de la catástrofe siguen sin dirimirse a pesar de las evidencias sobre la falta de control de las toneladas de residuos que se sobrevertían en el vertedero de Eitzaga.