La consejera de Gobernanza Pública de Lakua, Olatz Garamendi, ha negado ir «deprisa y corriendo» en la transposición de la directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, para proteger a las personas que denuncien casos de corrupción en la Administración, tal y como le ha reprochado el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona.

Garamendi se ha justificado asegurando que ya contemplan un canal de estas características en el anteproyecto de ley de Transparencia y Participación Ciudadana que su Departamento está tramitando. En sus propias palabras, «¿qué mayor compromiso, Señor Estarrona, que el desarrollo de una normativa de rango legal en el ejercicio de su autogobierno?».

El problema radica en que, según sus propios planes, este proyecto de ley no será aprobado por el Consejo de Gobierno hasta el «segundo semestre de 2023». Y si el lehendakari sigue la lógica de 2020, debería disolver el Parlamento en febrero de 2024. Con lo que, otra legislatura más, la siempre anunciada ley de transparencia decaería sin aprobarse ni entrar en vigor.

Orden del 14 de abril, a las 14.12 horas

Pero es que, además, hay que tener en cuenta que la directiva de la UE se debía haber transpuesto a la legislación del Estado español «a más tardar el 17 de diciembre de 2021». Y aunque el Congreso de los Diputados aprobó la ley con tardanza, el pasado 20 de febrero, la Administración autonómica podía haber estado ya preparada hace tiempo para ello.

Sin embargo, no fue hasta el reciente 14 de abril, concretamente a las 14:12:54, cuando la consejera Olatz Garamendi firmó la orden de iniciación del procedimiento para la elaboración del Proyecto de Decreto regulador del Sistema interno de información y de protección de las personas denunciantes en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Y todo tendrá que estar acabado, porque lo obliga la ley, el 13 de junio de 2023.

Según los datos recogidos en la propia orden de la consejera, la ley estatal se publicó en el BOE el 21 de febrero y entró en vigor el 13 de marzo. Lakua tardó un mes, hasta el 14 de abril, en poner en marcha la creación de este canal para denunciantes y su protección.

En opinión de Olatz Garamendi, su Departamento no está actuando «deprisa y corriendo», sino de forma «bien analizada y razonada».

Avisados desde 2019

Cabe recordar ya en junio de 2019, desde EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU se avisó al Gobierno de Lakua de que «el Parlamento Europeo acaba de aprobar, el 16 de abril de este año, un sistema y una directiva para ampliar la directiva de 2015 y dotarla de mayores garantías» y «sabemos que antes o después se tendrá que aplicar directamente; además, por imposición de Europa». Y se le pidió que no se esperara a Madrid «en vez de hacer uso de nuestro autogobierno, de nuestras competencias y poder crear una norma más ambiciosa para Euskadi». Así se lo hicieron ver Larraitz Ugarte y Cristina Macazaga.

Pero PNV y PSE votaron en contra de la proposición de ley morada para «la protección de las personas que alerten de infracciones legales, abusos de derecho y malas prácticas contra el Bien Común en Euskadi».

Estarrona: Bloquean todas las propuestas

Lo que no se ha corregido tampoco desde 2019 es que los partidos del Gobierno rechace todas las propuestas que hace la oposición para tratar de incrementar los controles y la transparencia en la actuación de la administración. En el pleno de este viernes se lo ha reprochado a la consejera el parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona.

Ha criticado la falta de eficacia de la Administración en la detección de irregularidades, como en el caso de la docena de cargos públicos que pasaron a una actividad privada sin comunicarlo al Ejecutivo, como marca la ley. Y solo después de que este medio informara de ello y el parlamentario Estarrona preguntara al Ejecutivo, el Servicio del Registro del Personal ha iniciado una investigación sobre la materia.

Josu Estarrona también ha recordado que los dos únicos ceses de altos cargos que se han dado por incumplimiento del Código Ético han sido fruto de informaciones de los medios. Y que la última sanción se produjo por la acción de control de EH Bildu, sin que se protegiera después el anonimato del parlamentario Unai Fernández de Betoño, que posteriormente fue amenazado por la abogada del alto cargo.

Cuando Estarrona pronunciaba estas últimas palabras, la consejera hacía gestos de desaprobación desde su escaño como negando lo dicho. El parlamentario también ha señalado que Olatz Garamendi aduce que su posición sobre el anonimato está muy clara, «pero nadie la conoce».

La consejera ha acusado a Josu Estarrona de falta de rigor y ha insistido en que para su Gobierno es «prioritario fomentar la integridad, consolidando una cultura de la ejemplaridad y evitando y detectando cualquier atisbo de prácticas irregulares en la actuación del cargo público».