El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha sufrido un inoportuno revés al perder a su número dos, Dominic Raab, a trece días de unas elecciones municipales que, aunque parciales, medirán la popularidad de los conservadores por primera vez desde que él accedió al poder en octubre.

La dimisión del viceprimer ministro y titular de Justicia por acoso laboral sigue centrando la atención mediática este sábado, cuando el sindicato de altos funcionarios FDA ha pedido una investigación oficial más amplia sobre la conducta de los titulares de ministerios.

Aunque Sunak sustituyó rápido a Raab –por Oliver Dowden como su lugarteniente y Alex Chalk en Justicia–, persisten las dudas sobre si estaba al corriente de las quejas contra su aliado cuando lo nombró al llegar al Gobierno el pasado 25 de octubre.

Tras ganar entonces unos comicios internos para reemplazar a Liz Truss, el primer ministro ha logrado reunificar a su partido con la promesa de un liderazgo regido por «la integridad, la profesionalidad y la transparencia».

Sin embargo, son estos valores, ya cuestionados cuando él mismo fue multado en enero por no llevar el cinturón dentro del coche, los que ahora vuelven a ponerse en duda, justo cuando el Partido Conservador comenzaba a recuperarse en las encuestas electorales.

El examen de las municipales

Después de unas elecciones municipales también parciales en 2022 en las que avanzaron los laboristas, el próximo 4 de mayo se celebran otros comicios en algunas autoridades locales de la región de Inglaterra (el 18 de mayo, en Irlanda del Norte), que reflejarán la evolución de los partidos.

Una reciente encuesta de Ipsos sobre intención de voto en unas generales indicaba que los tories de Sunak habían recuperado terreno, al subir un punto, hasta el 26%, respecto al mes de febrero.

Los laboristas se mantenían en cabeza pero con un descenso de dos puntos, hasta el 49%, mientras que los liberaldemócratas sumaban dos puntos porcentuales, hasta el 11%.

Esa misma encuesta de principios de abril señalaba que Sunak, con un 32% –5 puntos más que en febrero–, era mejor valorado como líder por los votantes que su rival del Partido Laborista, Keir Starmer, que caía tres puntos hasta el 31%.

Tras el golpe por la marcha de Raab, el dirigente conservador, de 42 años, tiene menos de quince días para limitar el daño en las urnas.

Debate sobre el acoso laboral

Dominic Raab, cinturón negro de karate, dejó sus cargos el viernes tras publicarse un informe legal encargado en noviembre por el primer ministro que respalda varias acusaciones de acoso en su contra cuando era ministro del Brexit, Exteriores y Justicia, entre 2018 y 2022.

Aunque dimitió porque se había comprometido a aceptar las conclusiones del abogado Adam Tolley, Raab, de 49 años, mantiene que su conducta no equivalió a acoso, ha responsabilizado de las quejas a funcionarios con presunta motivación política y alerta de que penalizar un estilo de mando duro socavará la labor de gobierno.

Si bien algunos diputados conservadores consideran injustificada su marcha y defienden lo que consideran una gestión firme, varios altos cargos del funcionariado han revelado que advirtieron durante años al dimisionario de que su comportamiento no era aceptable.

En medio de un debate sobre lo que debe ser el trato a los subordinados en el siglo XXI, el sindicato FDA, que representa a los altos funcionarios, ha pedido este sábado a Sunak que autorice una investigación independiente sobre el posible acoso laboral de los ministros a su personal.

Según un informe de la organización, uno de cada seis altos funcionarios públicos ha presenciado mala conducta de ministros en los últimos 12 meses en más 20 departamentos gubernamentales.

A juicio del secretario general del FDA, Dave Penman, esto demuestra que Raab «no es una sola manzana podrida y que existe un problema más amplio con el acoso ministerial de lo que el primer ministro quiere admitir».

«El acoso arruina la vida y la carrera de las personas. También impide que el Gobierno funcione de manera eficaz y eficiente. Esta investigación ha de ser el momento en que el primer ministro reconozca que tiene el deber de proteger a los funcionarios públicos de la mala conducta de los ministros, y que el sistema actual (de denuncia) no es adecuado», ha afirmado.