La Ley de Vivienda pactada por el Gobierno español con ERC y EH Bildu ya tiene la luz verde del Congreso. Supondrá un cambio de paradigma puesto que, entre otras cuestiones, establecerá un tope del 3% en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024 o considerará como grandes propietarios a quienes posean cinco o más inmuebles en un área tensionada, a los se les aplicarán las medidas destinadas a evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles por parte de los «fondos buitre».

Frente a la norma se han posicionado las formaciones de derecha PP, Vox, Ciudadanos, Junts, PDeCAT y PNV, que ha optado finalmente por el no, declinando la opción de la abstención. Lo ha justificado en la afirmación de invasión de competencias, un argumento que no expuso en el primer momento pero al que ha ido dando fuerza posteriormente, y que contrasta con la opinión de juristas de referencia en Euskal Herria como Juanjo Alvarez.

Tras la sesión, además, el portavoz jelkide en el Congreso, Aitor Esteban, ha abierto la puerta a un recurso de constitucionalidad contra la ley por parte del Gobierno de Lakua. Se sumaría al que sin duda presentará Vox, como tiene por norma, y probablemente también a otro del PP, que ya llevó al TC la ley catalana.

EH Bildu: «Que dejen de campar a sus anchas»

En el debate, EH Bildu la ha calificado de paso corto, pero necesario, ya que la alternativa era la desregularización y que los grandes propietarios siguieran campando a sus anchas», según ha destacado el diputado de EH Bildu Oskar Matute.

Matute ha subrayado que este es un «debate de fondo e ideológico, en el que se elige que la vivienda sea un derecho o un bien de mercado y esto es algo que incomoda a las derechas». En este sentido, ha puesto en valor que la ley reconoce el derecho a la vivienda, topa los alquileres y frena abusos para garantizar el derecho a la vivienda», además de evitar desahucios e impulsar el alquiler social.

Matute ha subrayado que los votos de ERC y EH Bildu eran necesarios para aprobar esta ley y que por eso han negociado con el Gobierno. Y ha respondido al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y al candidato del PP al Ayuntamiento de Iruñea, Carlos García Adanero, que han situado esta norma como una cesión «al brazo político de ETA», señalando que «hay sectores de la ultraderecha que comprarán su relato, pero hay cientos de miles de personas en el Estado español que no lo hacen, como quienes dijeron ‘fuera fascistas de nuestro barrio’ en el estadio de Vallecas a la candidata de Vox».

Matute ha destacado que se trata de una ley hablitante, ya que otorga la capacidad para hacer y ha lamentado que hasta ahora las administraciones autonómica no hayan actuado por falta de voluntad política.

Ha rechazado que esta norma vaya a provocar un aumento de la okupación, recordando que esta práctica ha bajado en los últimos años según el CGPJ, mientras que han aumentado los desahucios.

Matute se ha referido a la afirmación de que esta ley supone una invasión competencial, según ha señalado el PNV, recordando que la Ley de Vivienda de la CAV, que no apoyaron los jeltzales, permite gravar viviendas vacías, expropiar las pertenecientes a los bancos que están vacías o obligar a sacar al mercado de alquiler las casas sin ocupar. «No se ha hecho nada de eso, aunque se podía hacer», ha insistido.

💥 @OskarMatute desmonta punto por punto las mentiras del PNV y destapa su verdadera posición.

NO a la Ley Vasca de Vivienda.
NO a la Ley de Vivienda estatal.
NO quieren regular y topar los alquileres.

Frente a mantras y cortinas de humo, datos y hechos👇 pic.twitter.com/KXPyYaYOjI

— EH Bildu (@ehbildu) April 27, 2023

El PNV insiste en la invasión competencial

Iñigo Barandiaran, en nombre del PNV, ha denunciado que esta ley busca marcar a las comunidades autónomas las políticas de vivienda que tienen que llevar a cabo.

«Esta ley se extralimita en sus facultades e invade competencias de las comunidades autónomas», ha insistido Barandiaran, que ha puesto en valor la política de vivienda «decidida libremente en la CAV» hasta el momento, mencionando hitos como el reconocimiento del derecho subjetivo, la creación de un parque público de alquiler que supone el 26% del Estado, la calificación permanente de la VPO o la reserva de suelo para vivienda protegida».

A juicio de Barandiaran, esta ley no sirve como paraguas para que las comunidades puedan aplicar medidas a favor de la vivienda y ha espetado a ERC y a EH Bildu que «acepten de buen grado la centralización. Y esto no es un mantra, es una realidad».

Junts y PDeCAT, tal y como ha hecho el PNV, que ha retirado sus enmiendas, han denunciado lo que han calificado de invasión competencial, mientras que Mireia Vehí (CUP) ha rechazado la norma porque es «un caballo de Troya del PSOE para que el mercado siga siendo el que marque la política de vivienda». Ha recordado que ley catalana suspendida por el Constitucional sí que establecía mecanismos para regular el mercado.

Belarra: «Pierden los buitres, gana la gente»

Desde el Gobierno español, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha subrayado que con esta ley «pierde la banca y pierden los buitres, mientras que gana la gente».

Belarra ha puesto en valor el trabajo de cientos de activistas del movimiento por la vivienda digna que han reivindicado que «las casas son para vivir, no para especular» y que se han enfrentado a desahucios «cuando podía suponer recibir violencia».

La ministra ha destacado que en el Estado español no ha sido posible aprobar una ley de vivienda en los últimos 40 años «porque la historia de las políticas de vivienda es la historia de la gran estafa española, el consenso del pelotazo».

Tras subrayar que gracias al esfuerzo de generaciones precedentes en el Estado español hay una sanidad y una educación públicas, Belarra ha abogado por que «el legado que dejemos a la próxima generación sea garantizar el derecho a la vivienda».

«El mercado de la vivienda ha sido la ley de la selva», ha proclamado Belarra, que ha añadido que «el coliving es pobreza, algo muy viejo y muy arcaico».

Junto a ello, ha destacado que «hoy no termina nada» y ha abogado por seguir trabajando para que la ley se aplique en todos los territorios del Estado.