Cinco organizaciones que trabajan al lado de las personas migrantes y, en general, por la regularización de los «sin papeles», entre las que destacan La Cimade o France Terre d'Asile, han publicado un nuevo informe sobre la retención de personas extranjeras en el Estado francés.

Una de las presentaciones sobre ese trabajo de información y sensibilización tenía lugar, en la tarde del 26 de abril, en Baiona, ya que Ipar Euskal Herria alberga uno de esos Centros de Retención Administrativa (CRA) cuyo cotidiano se conjuga con opacidad y con ausencia de garantías para personas que son encerradas «por estar en situación administrativa irregular».

En concreto, 261 personas fueron recluidas en 2022 en el CRA anexo a la Comisaría de Policía de Hendaia. Un 52% de estas personas (105) fueron puestas posteriormente en libertad en el marco de un procedimiento judicial; un 3,5% (7) fue objeto de un procedimiento de asignación de residencia y, finalmente, un 37,1% (75) fueron expulsadas.

Aumenta cada año el número de retenciones

El número total de retenciones de personas migrantes practicadas en 2022 en el Estado francés aumentó en un 8,3% con respecto al año precedente.

Un 44,6% de esas personas fueron expulsadas sin dar tiempo al recurso administrativo. Mientras que un 38% de esos ciudadanos fueron puestos en libertad por un juez.

No deja de ser significativo que en el 93% de los casos esa decisión judicial se adoptara tras demostrarse «irregularidades en los expedientes administrativos».

El informe estima en 43.565 las personas que pasaron a lo largo del año pasado por alguno de los 25 centros de retención existentes en el Estado francés, una cifra superior a las 42.353 que fueron encerradas en 2021, pero lejana al récord de 53.273 retenciones que se registró en 2019.

La mayor parte de esas personas (27.643) estuvieron internadas en los centros que hay en los llamados «territorios franceses de ultramar», y en particular en la isla de Mayotte, territorio bajo administración francesa en el Océano Índico que concentró 26.020 de los expedientes de retención constatados por las ONG que han presentado el informe.

La situación de Mayotte está precisamente de actualidad estos días tras la decisión de la Justicia francesa de interrumpir «in extremis» una vasta operación policial anunciada por París para proceder al desalojo y expulsión de miles de personas que viven en barrios de chabolas, en Mayotte, en su mayoría procedentes del cercano archipiélago de las Comores.

Sin nueva ley de migración a la vista, por ahora

Por otra parte, la publicación del informe coincidía con una comparecencia de la primera ministra gala, Élisabeth Borne, para exponer la serie de reformas en las que trabaja su gobierno.

La jefa de gabinete anunció que descarta, de momento, abordar la tramitación de la nueva «ley de asilo e inmigración», al no contar con una mayoría clara para sacar el texto en el Parlamento sin tener que recurrir al artículo 49.3, del que se sirvió en la reforma de pensiones.

No obstante, Emmanuel Macron ha expresado en varias ocasiones su intención de que el nuevo proyecto vea la luz antes de que finalice este 2023, por lo que todo hace pensar que esa tramitación se abordará, finalmente, en otoño.

Precisamente, en el informe sobre los centros de retención, las organizaciones no gubernamentales escriben que, a consecuencia de las sucesivas leyes aprobadas en el Estado francés, los periodos de retención que se imponen a las personas extranjeras que son detenidas por no disponer de «papeles» son más largos, y eso pese a que las perspectivas de expulsión son en ocasiones «entre débiles y nulas».

De media, el pasado año esas personas retenidas en centros administrativos pasaron 23 días encerradas, uno más que en 2021.

Cabe recordar que en 2013 el periodo de retención era de siete días prorrogable a tres más. Un total de diez días como máximo frente al periodo de 90 días fijado por la última reforma de la ley anti migración, adoptada en 2018, gracias a a mayoría absoluta de Emmanuel Macron.

La cadena del encierro, de la cárcel al centro de retención

Otro factor a tener en cuenta es el constante aumento del número de personas que, al salir de prisión, recala en uno de estos centros de retención. Ha aumentado en un 80% en numero de personas que ingresan en los CRA tras pasar por prisión.

De los 3.137 casos constatados en 2021 se pasó en 2022 a 5.646 personas.

La estadística del CRA de Hendaia confirma esa tendencia global. En un 46,9% de los casos las personas que ingresaron en el centro administrativo sito a escasos metros del puente de Santiago, que enlaza Hendaia con Irun, provenían de una prisión.

No está de más ofrecer este dato dada la intención reiterada por el ministro de Interior, Gérald Darmanin, de que la futura ley de migración automatice en la práctica la expulsión de «personas extranjeras condenadas por un delito».

Las asociaciones alertan de la política que defiende Darmanin, ya que a su entender liga la retención de personas en situación administrativa irregular con «la amenaza al orden público».

Los CRA son escenario de actos de protesta desesperados

La realidad de los centros de retención habla, más bien, de encierro de personas con problemas de salud o a las que la falta de perspectiva les lleva a protagonizar «actos desesperados».

Las asociaciones insisten en que los CRA son auténticas «bombas de relojería».

En setiembre de 2021 se produjo un incidente grave en el CRA de Hendaia, con una protesta y posterior incendio, y un año después se repitió la situación, según se remarca en el informe.

El Estado francés es, por lo demás, el país de la UE que más medidas de expulsión dicta, con más de 100.000 órdenes de abandono de territorio emitidas cada año, si se cuenta desde 2020.

La «cara B» de la estadística securitaria francesa es que solo una pequeña parte de esas expulsiones llegan a materializarse. En el primer semestre de 2022 la orden de abandono del territorio se materializó en un 10 % de los casos.