El metano persiste en la atmósfera unos diez años, pero a pesar de su vida relativamente corta es un potente gas de efecto invernadero. De hecho, tomando como referencia un plazo de veinte años tiene unas 80 veces mayor afección que el CO2. Las concentraciones de este gas en la atmósfera son 2,5 veces superiores a los niveles preindustriales y es responsable de alrededor de una cuarta parte del calentamiento global desde entonces.

Con estos datos sobre la mesa, es normal que la comunidad científica haya pedido reducciones rápidas de metano esta década. Con ello, argumentan los expertos, ganaríamos margen para evitar peligrosos puntos de inflexión climáticos y dar a la humanidad la opción de mantenerse por debajo de un aumento de 1,5°C de la temperatura global.

En concreto, según la Evaluación Mundial del Metano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las emisiones de ese gas deberían reducirse al menos entre un 40 y un 45% en esta década crítica para la acción climática.

Fuera del radar

Y con ese objetivo en mente, es un dato reseñable que la ganadería genera el 32% de las emisiones mundiales de metano, lo que la convierte en la mayor fuente de emisiones de origen humano de ese gas. Y, pese a ello, las que provocan las grandes empresas cárnicas y lácteas siguen estando fuera del radar de la acción climática urgente.

Con ánimo de hacer frente a esa inacción, el Instituto de Política Agrícola y Comercial (IATP) y la Fundación Changing Markets han calculado por primera vez las emisiones de metano de cinco de las mayores empresas cárnicas y diez de las mayores lácteas, y han concluido que sus emisiones combinadas de metano son de unos 12,8 millones de toneladas, lo que equivaldría a más del 80% de toda la huella de metano de la Unión Europea. Asimismo, superan con creces toda la de muchos países, como Rusia, Canadá y Australia.

Y si nos centramos en las emisiones ligadas a la ganadería, son un 52% superiores a las de la UE y están un 47% por encima de las de Estados Unidos.

El informe, difundido en noviembre pero que ha vuelto a cobrar actualidad tras el incendio ocurrido en South Fork (Texas, EEUU), que acabó con la vida de unas 18.000 vacas y ha vuelto a poner de manifiesto algunas miserias de la industria cárnica, también estima las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) totales de esas quince empresas, que ascienden a unos 734 millones de toneladas equivalentes de CO2, cifra superior a las de Alemania.

De hecho, si se trataran como un país constituirían el décimo estado del mundo que más GEI emite. Sus emisiones combinadas también superan las de grandes petroleras como ExxonMobil, BP y Shell.

Cárnicas de Brasil

Las empresas analizadas en este trabajo son auténticos gigantes del sector alimentario. Se trata, en orden de mayor a menor emisor, de JBS (Brasil, cárnica); Marfrig (Brasil, cárnica); Tyson (EEUU, cárnica); Dairy Farmers of America (EEUU, láctea); Lactalis (Estado francés, láctea); Fonterra (Nueva Zelanda, láctea); Yili (China, láctea); Saputo (Canadá, láctea); Arla (Dinamarca, láctea); Nestlé (Suiza, láctea); Frieslandcampina (Países Bajos, láctea), WH Group (China, cárnica); Danone (Estado francés, láctea); DMK (Alemania, láctea); y Danish Crown (Dinamarca, cárnica).

En este listado, que refleja la aristocracia de la industria de la alimentación, llama la atención que las dos primeras compañías son cárnicas con sede en Brasil, país que es una potencia en el sector a costa en gran medida de sus inmensos recursos naturales. Una parte importante –no toda– de la creciente deforestación de la Amazonia se debe a los intereses de este tipo de empresas.

Además, la distancia con el resto es notable. Sobre todo en el caso de JBS, cuyas emisiones –4,8 millones de toneladas– doblan con mucha holgura las de la segunda –1,9 millones– y triplican a la tercera –1,6 millones–. Es tal su dimensión que sus emisiones superan las combinadas del ganado del Estado francés, Alemania, Canadá y Nueva Zelanda, y equivalen al 55% del metano producido por el ganado de EEUU.

En cualquier caso, y aun siendo menor, el impacto del resto no es pequeño. Al contrario, las emisiones de Marfrig rivalizan con las de el sector ganadero australiano, las de Tyson son comparables a las de Rusia, y las de DFA equivalen a todo el metano ganadero británico.

«Greenwashing»

Pero a pesar de su clara incidencia sobre el clima, la mayoría de ellas no declara ni el total de GEI ni las emisiones específicas de metano. Nueve de las quince no informan de sus emisiones, y ninguna de ellas informó sobre las emisiones de metano de su cadena de suministro.

Según lamentan los autores del estudio, los datos disponibles públicamente sobre las emisiones de estas compañías «siguen siendo incompletos, no comparables entre empresas o años y, en la mayoría de los casos, inexistentes».

«Las empresas –insisten– no publican información básica para el cálculo independiente de las emisiones, como las cifras de producción anual de carne y leche por región, o lo hacen de forma incoherente a lo largo del tiempo», y eso está posibilitando «niveles generalizados de greenwashing».

A su juicio, la obligatoriedad de información y verificación independiente son «esenciales» para saber si las actuaciones de esas empresas favorecen alcanzar la meta de limitar el calentamiento a 1,5 ºC.

Y en esa dirección, IATP y la Fundación Changing Markets hacen una serie de recomendaciones a los gobiernos, como «establecer objetivos vinculantes» de reducción de GEI y metano para el sector agrícola, en consonancia con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global; exigir a las empresas que informen de forma «coherente y exhaustiva» sobre sus emisiones, notificando por separado las de metano, óxido nitroso y CO2; y promulgar «una transición gradual» para que las explotaciones reduzcan el número de animales en consonancia con una política de la transformación del sector de la ganadería.

Además, proponen regular todos los contaminantes (además del metano) de la ganadería industrial masiva y reformar la política agrícola –la Política Común de la UE y la Ley Agrícola de EEUU–, y exponen varias propuestas dirigidas a las propias empresas, como apoyar «políticas progresistas en materia de clima, medio ambiente y salud». Aunque, visto los precedentes, no parece que vaya a ser el caso.