El Consejo de Gobierno de Lakua ha dado a conocer este martes su oposición a que el Parlamento debate la proposición de ley de control de lobbies que ha propuesto EH Bildu. Según ha explicado su portavoz, Bingen Zupiria, el Ejecutivo considera innecesaria esta propuesta, puesto que el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ya está preparando una Ley de Transparencia.

Sucede, sin embargo, que según el calendario legislativo de Lakua la aprobación de esta ley por el propio Consejo de Gobierno está prevista para el segundo semestre de este año. Después comenzaría su tramitación parlamentaria. Cabe recordar que en 2020 el lehendakari, Iñigo Urkullu, disolvió el Parlamento a primeros de febrero para celebrar las elecciones en abril. Solo los efectos de la pandemia hicieron que los comicios se aplazaran hasta julio. Esto supone que, con gran probabilidad, la Ley de Transparencia tampoco saldrá adelante en esta legislatura, como no lo hizo en las anteriores en las que fue anunciada.

EH Bildu tiene registrada en el Parlamento de Gasteiz una proposición de ley para regular la relación de la Administración, del «personal empleado público con capacidad de influencia en el ámbito de su sector» y del Parlamento, con los lobbies o grupos de interés, con el objeto de garantizar la transparencia y el control público de estas actividades.

En opinión del proponente, la influencia de los grupos de presión puede ser tanto positiva como negativa. De hecho, cuando se hace por intereses espurios, se trata «de uno de los temas más corrosivos de nuestro tiempo, porque dilapida recursos públicos, aumenta la desigualdad económica y social, alimenta el descontento y la polarización política y reduce la confianza en las instituciones. Por ello es necesario su control».

Además, el parlamentario Josu Estarrona, destacó el vacío legal existente en la CAV sobre esta materia, cuando en otras comunidades ya existe un registro de lobbies.

No figura en el resumen del Consejo

Llamativamente, la negativa del Gobierno al debate de esta ley, no figura en el resumen de los acuerdos del Consejo que se ha remitido a los medios de comunicación.

Si aparece la posición favorable de Lakua a que se tramite una proposición de ley de PNV que facilite la concesión directa y el pago del bono social térmico, que regula la obligación de las empresas comercializadoras de referencia de facilitar los datos personales de los beneficiaris de estas ayudas.

Y en el texto también se recoge que, por contra, no considera conveniente la propuesta del PP de conceder al Ararteko capacidad sancionadora, porque «desnaturalizaría su función de intermediación y pondría en cuestión su neutralidad».