La campaña se inició marcada por el férreo escrutinio sobre las listas de EH Bildu y concluye de la misma forma. Primero fue Covite quien puso el foco sobre la presencia de 44 personas condenadas por la Audiencia Nacional y ahora, a dos días del final de campaña, ha sido Dignidad y Justicia quien ha señalado a una en concreto, Sara Majarenas (candidata en Astigarraga), por una inhabilitación pendiente. La Junta Electoral de Donostialdea ha determinado que Majarenas sigue siendo inelegible.

Antes de la decisión de conocida sobre minutos antes de las 19.30 de este jueves, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a quien había apelado DyJ, ha salido a la palestra para explicar que en ningún caso de trata de una cuestión penal, sino de un fallo sobre el que corresponde deliberar a la junta electoral, por lo que ha trasladado el tema a la de Gipuzkoa.

De hecho, son las propias juntas electorales las que dieron luz verde a esta candidatura de Astigarraga y a todo el resto. No hubo reclamación alguna por parte de las formaciones políticas rivales ni tampoco había sido advertido hasta ahora por las organizaciones como Covite y medios de difusión que llevan semanas «peinando» estas candidaturas en busca de irregularidades.

Así lo ha recordado en una nota EH Bildu, que explica que «más allá de que la residente en Astigarraga Sara Majarenas desconociese el extremo de esa ‘inhabilitación absoluta’ para el sufragio pasivo, es la junta electoral la que realizó la proclamación de la candidatura sin apreciar irregularidad alguna de oficio, y sin que tampoco fuera denunciada por representantes de otras candidaturas».

«Euskal Herria Bildu quiere señalar que todos y cada uno de los candidatos que conforman las listas electorales de la formación suscriben obligatoriamente no solo el Código Ético, sino que también un escrito en el que confirman que cuentan con todos sus derechos civiles y políticos intactos, así como que no se hallan incursos ‘en ninguna de las causas de inelegibilidad previstas en los artículos 6, 177 y 178 de la vigente Ley Orgánica del Régimen Electoral General’», añade aportando copia de la citada declaración.

Negligencia de la Audiencia Nacional

Según ha podido saber NAIZ, entre medio se ha producido además una evidente negligencia de la Audiencia Nacional. Y es que en su momento no aprobó la fecha de liquidación de esta parte de la condena impuesta a Majarenas (en el año 2008), por lo que tampoco se la notificó a la exprisionera, lo que obviamente contribuyó a su desconocimiento de este aspecto.

Se da la circunstancia añadida, y reveladora, de que este mismo jueves agentes de la Guardia Civil han acudido al domicilio de Sara Majarenas para comunicarle esa aprobación de liquidación de la parte de la condena relativa a la inhabilitación, que lleva la fecha de la víspera. Ello denota que la Audiencia Nacional se ha dado cuenta de que tenía esta parte del trabajo sin hacer una vez que ha recibido la denuncia de Dignidad y Justicia.

Según esa condena del año 2008, la inhabilitación para el sufragio pasivo debe extenderse diez años después del plazo de cárcel, que para Majarenas concluyó en 2018. Es decir, dura hasta 2028.